El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicochea falló por anular la sentencia del Tribunal Penal de Limón que encontró culpable al extrabajador de Recope Carlos Andrés Pérez Sánchez de atentar contra la infraestructura de la institución, específicamente contra las esferas de almacenamiento de gas licuado de petróleo.

El Juzgado determinó que “el fallo adolece del vicio de errónea fundamentación fáctica, intelectiva y jurídica” lo que “generó un agravio a Carlos Andres Pérez Sánchez, por cuanto tal y como supra se apuntó, el errado criterio legal del Tribunal Penal, implicó que no se analizaron con rigor los alegatos planteados por la defensa en favor del aquí justiciable”.

Además, determinó que los jueces de primera instancia no sopesaron debidamente que el sustento testimonial en contra del trabajador podía estar viciado:

“Este Tribunal de alzada, considera que el a quo no valoró crítica y racionalmente, un aspecto que, en definitiva, era relevante para definir la credibilidad y peso probatorio de los distintos testimonios que se rindieron en el juicio oral y público que precedió al fallo impugnado, sea este, que los testigos de cargo, así como los de descargo, podrían estar política o ideológicamente vinculados o influenciados, por las situaciones de fondo que para la fecha de los hechos de marras, determinaron el convulso contexto social que se dio a nivel nacional, lo que claramente tiñe los eventos que constituyen el objeto material del presente proceso penal. Así, por un lado, se tiene que en el sub judice es un aspecto a considerar, el que los funcionarios de RECOPE que no participaron de la huelga nacional, quienes según lo indicado por Luis Ovidio Vargas Sáenz fueron la minoría (en contraposición de aquellos que sí lo hicieron, y entre éstos el aquí encartado), así como los miembros de la Fuerza Pública, quienes en el contexto de convulsión social seguían las órdenes que emanaban del Ministerio de Seguridad Pública, podrían tener un interés en las resultas del presente caso, de cara a la cara de la moneda que apoyaron o representaron en torno a las decisiones gubernamentales que suscitaron las graves manifestaciones que se dieron en el país, y claramente en la provincia de Limón”.

En esa misma línea se lee en el fallo que:

“a esta Cámara de Apelaciones le llama aún más la atención, que según lo dicho por el policía Paisano Cheves, el imputado Pérez Sánchez estaba “todo bañado en aceite” y, no obstante, ello, ninguno de los funcionarios de RECOPE que se vieron vinculados al descubrimiento de los daños en la válvula de esfera 7711, así como en el hallazgo del aquí encartado, no se hayan percatado de una situación tan evidente e importante, de cara al conocimiento que tenían en cuanto a los componentes líquidos que eran parte de la pieza saboteada”.

A pesar de esta victoria el proceso en su contra continúa, ya que, el caso ahora será remitido nuevamente al tribunal de origen para un nuevo juicio. La justicia burguesa lleva adelante un proceso político contra Carlos Andrés por participar en la huelga contra el Plan Fiscal en 2018. Nos solidarizamos con él y exigimos su sobreseimiento definitivo. Además, denunciamos al sistema judicial por la persecución política y al gobierno que durante esa huelga demostró sus rasgos más autoritarios contra las luchas de la clase trabajadora, criminalizando la lucha social.