Por Víctor Artavia Quirós

En mayo del 2018, a propósito de la toma de poder por parte de Carlos Alvarado, en nuestra editorial de Prensa Socialista n° 157 señalábamos que “organizó un gabinete ajustador y conservador para cumplir con sus promesas, es un gabinete de guerra contra la clase trabajadora. Compuesto de fichas provenientes del bipartidismo, de empresarios y figuras de consenso de la burguesía; de los impulsores del TLC y de los intereses del imperialismo, de representantes de los organismos financieros internacionales. En fin, un equipo de lujo para sacar adelante los planes de ajuste.”

Transcurrieron dieciséis meses y nuestra caracterización fue atinada: semana tras semana, la administración Alvarado confirma que gobierna con y para los grandes empresarios, lo cual se traduce en una política de guerra social contra la clase trabajadora y el conjunto de los sectores explotados y oprimidos.

Unidad de los de arriba contra los de abajo

El gabinete de Carlos Alvarado está compuesto por figuras provenientes de la Unidad Socialcristiana (PUSC), tecnócratas neoliberales y, en una ubicación marginal, Patricia Mora del Frente Amplio (FA). Liberación Nacional y el resto de partidos que integran la Asamblea Legislativa no tienen representantes en el Poder Ejecutivo (al menos de forma oficial) ni firmaron el acuerdo de unidad nacional que presentó Alvarado durante la campaña electoral.

Desde un punto de vista formal, el actual gobierno no es de unidad nacional, pues la gran mayoría de partidos de oposición no se incorporaron a su gabinete. A pesar de eso, en los hechos se constituyó un frente de todas las fuerzas burguesas, las cuales “cierran filas” en torno a una serie de contrarreformas sociales, dando como resultado una Asamblea Legislativa que aprueba los principales proyectos de la agenda neoliberal que presenta el gobierno o cualquier otro sector burgués, como sucedió con el plan fiscal, la educación dual o, más recientemente, con la aprobación en primer debate del proyecto anti-huelgas 21.049.

Agreguemos que, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), tiene presencia directa en Casa Presidencial por medio de André Garnier. Este personaje figura entre los hombres más ricos del país y, antes de asumir su cargo como ministro de Coordinación con el Sector Privado, era parte de la junta directiva de 123 empresas, a las cuales “renunció” para sumarse al gobierno de Alvarado[1].

Esta relación de colaboración tan estrecha entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la UCCAEP es un elemento novedoso en los últimos años, porque con la desarticulación paulatina del bipartidismo a inicios de siglo, la tónica fue el incremento de las pugnas inter-burguesas entre los de arriba por acceso a cuotas de poder. Esto fue patente durante las administraciones de Arias Sánchez (2006-2010) y Chinchilla Miranda (2010-2014), cuando el Partido Acción Ciudadana (PAC) representaba un sector burgués opositor al PLN y moderadamente crítico de las política neoliberales. Por el contrario, en la actualidad no hay pugnas inter-burguesas de relevancia, algo que destacó Oscar Arias, para quien la administración de Alvarado “Ha tenido una ventaja sobre todo y es que el partido al que yo pertenezco y que me hizo presidente dos veces ha ayudado. Le ha dicho al país que el papel de la oposición no consiste en oponerse a todo, como hizo el PAC conmigo por ejemplo. “[2].

Esto aplica también para la “oposición” de los partidos conservadores evangélicos, la cual en su momento calificamos como una “falsa polarización”, pues aunque adversan  los aspectos medianamente liberales de la agenda del gobierno (sobre todo en materia LGBTIQ) y recogen algunas reivindicaciones de tipo social, en su mayoría votan junto con la bancada del PAC a favor de los proyectos de ley que benefician al gran capital.

De esta manera, luego de las elecciones del 2018 se configuró una “santa alianza” de todas las facciones de la burguesía para aprobar una agenda anti-obrera en todos sus extremos, la cual pasa con facilidad por la Asamblea Legislativa y, lo peor del caso, con relativa impunidad política, porque al ser impulsada por todos los partidos políticos de derecha y conservadores el costo político se diluye entre todos los sectores.

También, el gobierno Alvarado realizó un giro conservador para ganarse el favor de los partidos evangélicos, incluso postergando la firma de la norma técnica de aborto impune (una promesa de campaña) e incorporando el lenguaje de los anti-derechos en la formulación de la política pública, tal como hizo el Ministro de Salud al señalar que la norma técnica procurará “salvar las dos vidas” antes de realizar el aborto por motivos terapéuticos.

¡Las dirigencias sindicales no están a la altura de la pelea!

Mientras el gobierno, los partidos de derecha y las cámaras empresariales cierran filas contra la clase trabajadora, las dirigencias sindicales parecieran no comprender la situación política, pues se resisten a impulsar la lucha unitaria a fondo contra el ajuste fiscal.

Lo anterior marca un límite para la resistencia de la clase trabajadora que, durante el último año, demostró que tiene energías y capacidad de movilización para enfrentar el ajuste en las calles, pero que, ante la política timorata de sus direcciones sindicales, sufre derrotas que producen desmoralización entre las bases.

La burocracia sindical no es independiente de la burguesía, por lo que siempre busca un sector burgués (ya sea un partido o Iglesias) que le de alguna concesión para hacerle seguidismo e impulsar espacios de concertación con el gobierno. Este es el esquema que replican las dirigencias sindicales en el país que, por lo general, convocan a huelgas para abrir “mesas de diálogo” para concertar proyectos de ley o suavizar los ataques. Es una táctica que parte de no luchar a fondo por la derrota de la agenda del gobierno y las patronales, la cual tampoco tiene viabilidad en la actualidad, pues hay un gobierno de unidad nacional detrás del cual toda la burguesía cierra filas para aplicar el ajuste fiscal.

Esto fue evidente durante la huelga contra el Combo Fiscal, donde la energía de lucha desatada por todo el país se diluyó en las interminables mesas de diálogo en la Conferencia Episcopal… ¡para acordar la apertura de una mesa de diálogo oficial! También lo pudimos apreciar hace unas semanas con el avance del proyecto de ley 21.049, durante el cual las dirigencias magisteriales no prepararon la resistencia contra la inminente votación de ese proyecto anti-huelgas y, por el contrario, optaron por hacer “lobby” parlamentario y consensuar una versión menos ruda del proyecto anti-huelgas, táctica que terminó en un desastre total, pues en el plenario legislativo se votó una versión más agresiva.

Debido a lo anterior, en los últimos meses se profundizó la crisis del sindicalismo en Costa Rica, porque además de los ataques anti-sindicales por la derecha, el modelo sindical que imperó en las últimas décadas parece llegar a su límite. ¿Por qué sostenemos esto?

En primer lugar, porque la división de la clase trabajadora del sector público y el privado es el principal punto de apoyo de la burguesía para legitimar su agenda neoliberal, la cual presenta como una cruzada contra los “privilegios” en el Estado y es asumida como propia por la clase trabajadora de la empresa privada. Ante esto, las dirigencias sindicales burocráticas no tienen ninguna orientación para luchar por la libertad sindical en la empresa privada, lo cual facilita que prosiga la dictadura de las patronales en el sector y, de esta forma, se configura una sociedad donde el 86% de los trabajadores y trabajadoras no cuentan con sindicatos para luchar. Es imposible que las luchas obreras avancen cuando la organización sindical se limita al sector público, donde laboral el 15% de la clase trabajadora del país[3].

En segundo lugar, por la incapacidad manifiesta de las direcciones sindicales burocráticas para enfrentar los embates de los partidos burgueses y las cámaras patronales. Después de la victoria en la lucha del COMBO ICE en el año 2000, producto de una rebelión popular que sobrepasó la conducción de los sindicatos, las direcciones burocráticas sólo acumulan derrotas y, episódicamente, algún triunfo parcial por reivindicaciones gremiales (como la huelga de los percentiles de APSE en 2003). Pero, en términos generales, los principales proyectos de la agenda neoliberal se impusieron en el país en las últimas décadas: TLC, RTV, apertura de monopolios, desmantelamiento de JAPDEVA, ataques a los componentes salariales, etc.

Por todo lo anterior, sostenemos que las direcciones sindicales burocráticas son organizadoras de derrotas, algo que empieza a ser asumido por un sector del activismo sindical. Esto plantea la tarea de disputar la conducción de los sindicatos por parte de la militancia de izquierda y activismo combativo, para que éstos se conviertan en verdaderas herramientas para la defensa de la clase trabajadora, algo que sólo será posible con direcciones democráticas, combativas y clasistas al frente de los sindicatos.

El Frente Amplio se retira de la izquierda

Un elemento por analizar es el giro a la derecha experimentado por la cúpula Frente Amplio (FA), cuyo punto álgido fue el ingreso de Patricia Mora al gabinete de Carlos Alvarado como Ministra de Condición de la Mujer. Esto representa una traición a la izquierda, pues el FA pasó a colaborar con la capacidad de gobernabilidad de Alvarado, uno de los presidentes más neoliberales y autoritarios de las últimas décadas.

Aunque el FA traté de justificar su permanencia en el gobierno como una muestra de “madurez” y “flexibilidad” política, en realidad es la culminación de un curso de adaptación a la institucionalidad del Estado burgués. El 25 de junio anterior fue una puesta en escena de la gran contradicción que atraviesa el  FA: mientras los pescadores puntarenenses exigían ser atendidos por el presidente y estallaron en rabia cuando se les informó que no los iba a recibir para escuchar sus demandas contra el IVA a los productos del mar, Patricia Mora estaba en Casa Presidencia en la sesión del Consejo de Gobierno.

En cuanto a José María Villalta, su papel en la Asamblea Legislativa consiste en hacer oposición estrictamente parlamentaria a ciertos proyectos del gobierno y partidos de derecha, pero sin ninguna orientación de lucha en las calles contra el avance de la agenda neoliberal. Además votó a favor de prohibir el derecho a huelga para los trabajadores y trabajadoras de los comedores escolares, haciendo eco de la campaña reaccionaria contra el derecho a huelga de la burguesía. También es llamativo el silencio de Villalta ante las recientes huelgas en la CCSS, donde no sentó postura en sus redes ni utilizó su exposición mediática para apoyar la lucha.

Debido a esto hay un vacío de la izquierda a nivel de la representación política; no hay una voz disruptiva que cuestione el orden de cosas y llame a transformarlo radicalmente. Por todo esto, sostenemos que el FA se retiró de la izquierda, a grado tal que es difícil hasta calificarlo de reformista siendo parte de un gobierno neoliberal y autoritario. Ciertamente hay compañeros y compañeras militantes de base del FA que son activistas de izquierda y con quienes compartimos luchas, pero el carácter político de un partido no es producto de la suma de sensibilidades individuales de su militancia, sino que se desprende del programa y las acciones concretas que realizan sus principales dirigentes y figuras con cargos de representación.

Impulsar la unidad de las luchas para derrotar el ajuste del gobierno

De lo anteriormente analizado, se desprende una serie de tareas que pasamos a resumir:

  1. Impulsar en todos los sectores la unidad para enfrentar el ajuste del gobierno, lo cual se concreta en el llamado a un Encuentro Nacional de Lucha. Hay que cuestionar abiertamente el divisionismo que imponen las dirigencias sindicales burocráticas; en las bases sindicales hay claridad de que la unidad desde abajo es necesaria para derrotar al gobierno y sus aliados.
  2. Debatir con el activismo sindical la necesidad de luchar por un nuevo modelo sindical en Costa Rica, que tenga como eje lograr la unidad de la clase trabajadora del sector público y privado, así como construir tendencias democráticas, combativas y clasistas para disputar la conducción de los sindicatos. Esto aplica también para sectores como el movimiento estudiantil, el cual es necesario reactivar tras el retroceso impuesto por la conducción del PAC y el FA en la FEUCR.
  3. Relanzar la izquierda política, pues hay un vacío de la misma a nivel de la representación política. En este sentido, desde el NPS vamos a lanzar en los próximos días nuestra campaña de legalidad electoral para el 2022, con la inscripción de nuestro partido para tres provincias: San José, Cartago y Heredia.

Invitamos a quienes coincidan con estas tareas a sumarse a conocer el NPS, Ya Basta y Las Rojas, para poner en pie una alternativa de izquierda anticapitalista, feminista y ecologista.


[1] Redacción, “André Garnier: el ministro con más empresas y todo al día”. En https://semanariouniversidad.com/pais/andre-garnier-el-ministro-con-mas-empresas-y-todo-al-dia/ (consultado el 15/09/19).

[2]Mora, Carlos, Óscar Arias: “Carlos Alvarado tuvo la bendición que el PLN le ha ayudado”. En https://www.crhoy.com/nacionales/oscar-arias-carlos-alvarado-tuvo-la-bendicion-que-el-pln-le-ha-ayudado/ (Consultado el 15/09/19)

[3] Artavia Quirós, Víctor,  Apuntes en torno a la organización de la clase obrera en la empresa privada de Costa Rica. En http://www.socialismo-o-barbarie.org/?p=7169 (Consultada el 18/09/19).

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