El gobierno de Rodrigo Chaves cumplió su promesa de presentar un proyecto de Presupuesto Nacional para el 2023 sin crecimiento para cumplir las metas fiscales acordadas con el FMI. Pero no solo aumenta mininamente en términos nominales, sino que en valor real (considerando la inflación y la devaluación) decrece enormemente. Es un presupuesto ajustador en el que se recortan todos los rubros, excepto el pago de la deuda que es lo único sagrado.

El plan de gastos presentado es por ₵12,26 billones (aumento de 6,5% con respecto al presupuesto inicial de 2022), lo que equivale al 25,8% del PIB. Esa variación no compensa ni siquiera la inflación. La estimación gubernamental es que este año cierre con una inflación acumulada de 10% (aunque en agosto llegó al 12,13%) y el próximo en torno al 5%. Así, el crecimiento de 6,5% no es ni la mitad de la proyección inflacionaria, esto sin considerar que los pronósticos del Banco Central no han sido nada acertados en este periodo.

El presupuesto se financiará en un 59,1% con ingresos tributarios (₵7,25 billones), los cuales aumentarán un 8% según Hacienda. De estos los principales generadores serán el IVA con ₵2,5 billones, impuesto de renta por ₵2,3 billones y el impuesto a los combustibles por ₵580 mil millones. Esta composición deja en claro, una vez más, la regresividad del sistema tributario nacional donde la mayor parte de los tributos recaen sobre el consumo y no sobre la riqueza. El restante 40,9% de los gastos se financiarán con endeudamiento, dentro de lo que se contemplan la emisión de eurobonos que el gobierno esta pulseando en la Asamblea Legislativa.

El gasto total será por ₵8,29 billones con una variación de 2,56%, cumpliendo a cabalidad lo señalado por la regla fiscal, mientras que los gastos corrientes crecerán 2,55% (a ₵7,87 billones). Del total del gasto el 23% se destina a remuneraciones (crecimiento de 0,7%), otros gastos son el 5% y el 25% corresponde a transferencias corrientes y de capital, las primeras caen 1,7% a ₵2,79 billones y las segundas (que corresponden a las partidas para infraestructura) apenas ascienden a ₵532 mil millones (+1,8%), representando escasos 1,1% del PIB.

El servicio de la deuda consumirá el 47% del presupuesto y aumenta 14,86% con respecto al presupuesto de este año. Para la amortización del principal se destinarán ₵3,26 billones (+17,4%) y para los intereses ₵2,50 billones (+11,6%), totalizando la monstruosa cantidad de ₵5,77 billones. Para hacerse una idea de lo que esto implica hay que considerar que en su totalidad el plan de gastos crece en ₵750 mil millones, de los cuales ₵746 mil cubren el incremento del presupuesto para el pago de la deuda, es decir, el 99,5% del crecimiento se concentra en ese rubro.

Las prioridades del gobierno están claras y son para beneficiar a los tenedores de deuda pública que se enriquecen a costa de los impuestos que pagan los sectores trabajadores. Por su parte, los grandes empresarios pagan una miseria, evaden y se benefician de las políticas ajustadoras sobre los sectores populares, a los que se les hace cargar el peso del ajuste para pagar una deuda que en nada les beneficia.

Así, mientras el servicio de la deuda aumenta 14,86% y el presupuesto de Presidencia lo hace en 7,58%, al Ministerio de Educación le pasan una tijera por 1,56% en medio de una emergencia educativa sin precedentes y al Ministerio de Salud por 8,99%. A la CCSS le disminuyen el monto de transferencias en 14%, correspondiente, principalmente, a las cuotas estatales que cubren los servicios de salud de menores de edad, privados de liberad, personas en situación de calle y trabajadores independientes. Gustavo Picado, gerente Financiero de la entidad, expresó que “reducciones en los últimos años, como las que se plantean en este presupuesto, no se han tenido. El 2020 fue la excepción por la pandemia donde se hizo el traslado de lo que estaba programado. Pero no se ha tenido una magnitud de disminución como la de este presupuesto (del 2023)”.

Esta situación es un arma de doble filo para el gobierno. Por un lado avanza en su arremetida para “sanear” las finanzas públicas, cumpliendo con lo que le demandan los sectores empresariales y el FMI. Pero el deterioro generalizado en todos los servicios estatales (infraestructura, salud, educación, etc.) cada vez van acumulando más presión, la que potencialmente puede expresarse en la calle y acabar con la luna de miel que ha gozado en estos meses. De esta forma, ante este presupuesto ajustador hay que plantarse en las calles para derrotar su plan global de ataques. Hay que exigir la ruptura del acuerdo empobrecedor con el FMI, el no pago de la deuda y la derogación de la regla fiscal. Además, un aumento del salario mínimo a los ₵500 mil, control del comercio exterior y del mercado de divisas, control de precios y aumento de impuestos a las grandes empresas y fortunas.