• 36 centros educativos en Limón, Puntarenas, Alajuela y San José tienen cierres sanitarios totales por el mal estado de su infraestructura.

Johan Madriz

El regreso a clases de forma presencial a partir del próximo 17 de febrero no incluirá a unos 5.400 estudiantes que deberán continuar de forma virtual ante los cierres sanitarios que ha emitido el Ministerio de Salud contra 36 centros educativos.

Se trata de escuelas y colegios que se encuentran en tan mal estado que representan un peligro para quienes asisten a sus aulas. Estos 36 forman parte de un enorme problema que mantiene actualmente 850 órdenes sanitarias activas, pero en los otros centros educativos lograron encontrar espacios para brindar el servicio, aunque en algunos casos en condiciones bastante precarias.

La mayoría de los centros que no abrirán se encuentran en zonas rurales y con bajos índices de desarrollo. En la provincia de Limón se encuentran 14 en comunidades como Talamanca o el Valle de la Estrella; en Puntarenas hay 12 (Osa, Golfito, Buenos Aires), en Alajuela 8 (San Carlos, Upala, Rio Cuarto) y 2 en San José.

Esto hace parte del deterioro generalizado en la educación, producido en una parte por los recortes y ataques que viene propinando el gobierno y, por otra parte, por las desigualdades que el sistema económico y social fomentan, relegando a algunos sectores.

Para este año el presupuesto del Ministerio de Educación es de ₵2,56 billones, con un crecimiento de apenas 0,2%, incumpliendo una vez mas más el mandato constitucional de asignar el equivalente al 8% del PIB a la educación. El Ministerio de Hacienda procedió a ajustar ₵293 mil millones menos con respecto al plan de gastos presentado por el MEP, ajustando unilateralmente todas las partidas, lo que supondría que rubros como los salarios de las cocineras, la alimentación o el transporte comenzarán a quedarse sin recursos a partir de setiembre.

En cuanto a la infraestructura y el equipamiento el presupuesto se reduce un 56%, es decir, ₵15 mil millones. Esto llevó al MEP a emitir una circular en agosto pasado ordenándole a los centros educativos no realizar trabajos de mantenimiento de infraestructura como medida de austeridad y para cumplir con las metas de subejecución dispuestas por el gobierno. Luego, por lo escandaloso de la medida tuvieron que derogar el mandato, sin embargo, lo cierto del caso es que el presupuesto efectivamente impedirá brindar el correcto mantenimiento.

Esta situación es una vergüenza y su irresolución condena a miles de estudiantes a una educación de segunda categoría. Hay que avanzar en el fortalecimiento del sistema educativo con infraestructura adecuada, conectividad y equipos para un mejor aprendizaje y el mejoramiento de las condiciones laborales del personal docente. Es imperativo derogar la regla fiscal que guillotina el presupuesto, combatir el plan de ajuste del FMI que hipotecó el país, y salir de la OCDE que pretende mercantilizar la educación.