13 mil personas se mantienen con reducción de jornada o contrato suspendido

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Redacción

Tras 16 meses unas 13 mil personas aún mantienen las condiciones de reducción de jornada o suspensión de contrato aprobadas por el gobierno en marzo del año pasado como una forma de auxilio a las empresas.

Estas medidas, según información del Ministerio de Trabajo, afectaron, desde que fueron impuestas en marzo de 2020 a la fecha, a 156 mil personas con reducción de salario y a 75 mil con suspensión de contrato. De las 13 mil a las que aún se les aplica 9 mil tienen reducción y casi 4 mil con suspensión. Un total de 656 empresas continúan aplicando estas medidas.

Esta situación lejos de eliminarse se mantiene ya que un 83% de las empresas solicitan prorrogas. Además, en abril de este año la Asamblea Legislativa aprobó una extensión de un año más para reducir jornadas en el sector turismo.

Esta es una medida completamente antiobrera ya que implica una salvaguarda de las empresas y no del empleo, razón por la cual el desempleo llegó a estar en un máximo de 24% durante la peor parte de los cierres por la pandemia, pero actualmente se sostiene en un 18%.

Las supuestas medidas de reactivación económica del gobierno simplemente son incentivos para que las empresas generen más ganancias, ya que no implican una prohibición de despidos y, por el contrario, muchas empresas han utilizado las suspensiones y reducciones para establecer nuevos parámetros de explotación y tras los plazos autorizados sencillamente despiden.

Además, las y los trabajadores se encuentran completamente desprotegidos ya que no existe ningún recurso legal para oponerse a las medidas unilaterales de las patronales. Mientras tanto las burocracias sindicales del sector público guardan completo silencio, en lugar de crear lazos con el sector privado con una campaña que denuncie esta barbaridad. Al mismo tiempo, el gobierno avanza en las medidas antisindicales que están limitando al máximo la posibilidad de huelga y atacando descaradamente la organización sindical.

El gobierno es un claro representante de los sectores empresariales y como tal no le ha temblado el pulso para llevar adelante un duro ajuste contra la clase trabajadora y los sectores populares, bajo la excusa de la crisis fiscal y la pandemia. Por esto es necesario organizarse y salir a luchar en las calles contra el gobierno y el plan de ajuste.

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