120 mil personas no tuvieron acceso a agua potable en medio de la pandemia

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  • La fuerte sequía de inicios de año afectó al 5,7% de la población abastecida por las Asada, el 9% de la que cubre el AyA y el 11% de la que atiende la ESPH.

Johan Madriz

Este forma parte de una serie de artículos donde examinamos los resultados del Informe Estado de la Nación (IEN) 2021 que fue publicado a mediados de noviembre.

El acceso a agua potable y su correcto tratamiento residual es esencial para el desarrollo de las personas y el sostenimiento natural. El país es altamente vulnerable ante los eventos climáticos y el calentamiento global. A esto se le suma que el gobierno está reduciendo los presupuestos de las instituciones encargadas del área, deteriorando el acceso al líquido y la conservación de las fuentes.

El país mantiene altos indicadores de accesibilidad y calidad del agua, por ejemplo, la conexión domiciliar es del 98,1% al cierre de 2020 “y el porcentaje con acceso a agua potable gestionada de forma segura aumentó un 0,5% […]. Sin embargo, la alta exposición de las fuentes de agua y la infraestructura hídrica a la variabilidad y el cambio climáticos dificultó garantizar la disponibilidad de este recurso para todas las personas. Así, por ejemplo, la fuerte sequía que se experimentó a inicios de año afectó al 5,7% de la población abastecida por las Asada, el 9% de la que cubre el AyA y el 11% de la que atiende la ESPH” (pág. 48).

El AyA señala que “más de 120.000 personas en todo el país no tuvieron servicio de agua por períodos que van desde ocho horas hasta tres días, siendo la principal causa la turbiedad en plantas potabilizadoras, ríos colapsados, daños en tuberías y pasos obstruidos. En este escenario, el país debió atender una mayor demanda de agua a raíz de las medidas impulsadas para manejar la pandemia generada por el covid-19” (pág. 49).

Según el IEN, la gestión del recurso hídrico estuvo afectada por tres variables: la crisis climática, la pandemia y las finanzas de los operadores. Los efectos de la crisis climática son evidentes en las sequias y las inundaciones que ahora son recurrentes en el país y exponen a los sistemas hídricos a una alta variabilidad. “La información disponible sugiere que los desastres generados a raíz de fenómenos naturales son cada vez más frecuentes. El análisis de largo plazo encontró que en el período 1970-2020 se presentaron 19.016 casos de este tipo en el territorio nacional (UNDRR, 2021). El 83,2% correspondió a desastres originados por eventos hidrometeorológicos: inundaciones, lluvias, deslizamientos, avenidas torrenciales, tempestades, vendavales, sequías y marejadas” (pág. 345).

En el caso de la sequia los cantones más afectados en el GAM fueron Alajuelita, Desamparados, San José, Santa Ana, Escazú, Curridabat y La Unión, además, las regiones Pacífico Central, Chorotega y Brunca. En cuanto a las inundaciones el mayor impacto fue en la provincia de Puntarenas donde al menos 32.700 personas no tuvieron acceso al agua “generado por las lluvias torrenciales ocasionadas por la tormenta tropical Eta y el huracán Iota a finales de 2020” (pág. 364).

Estos eventos generan un alto costo económico. “En la última década (2010-2020) los costos económicos de reposición por daños ocasionados a raíz de eventos hidrometeorológicos con declaratoria de emergencia alcanzaron cerca de 634.940 millones de colones” (pág. 347). Además, su repercusión social es enorme, máxime teniendo en consideración que “el 40% de los desastres generados por estos eventos entre 1970 y 2020 se localizaron en distritos clasificados como de bajo y muy bajo desarrollo en el índice de desarrollo social distrital (IDS) del Mideplan” (pág. 347).

Otro elemento de análisis es el efecto de la pandemia. “El país debió atender una mayor demanda de agua a raíz de las medidas impulsadas para manejar la pandemia generada por el covid-19. Las estadísticas oficiales de la Dirección de Aguas del Minae evidencian que la extracción aumentó un 2,9% al pasar de 30.592 Hm³ en 2019 a 31.494 Hm³ en 2020 (después de varios años de mostrar un decrecimiento). Si bien la mayor proporción de la demanda se cubre con fuentes superficiales, en términos relativos el principal incremento se registró en las fuentes subterráneas (9% versus 2,9%), lo que implica que se están explotando más los mantos acuíferos” (pág. 364)

Esta información revela un mayor desgaste de las fuentes de agua al tener que recurrirse mas a los matos acuíferos. Además, la calidad es disímil entre regiones. “En el año bajo estudio la calidad del agua desmejoró en catorce cantones, a saber: Puriscal, Goicoechea, Alajuelita, San Ramón, San Mateo, Poás, La Unión, Turrialba, Sarapiquí, Bagaces, Alajuela, Matina, Parrita y Quepos. Entre las causas que explican esta situación están los problemas en los sistemas de desinfección, tratamiento y potabilización del agua” (pág. 364).

Finalmente, el informe detalla las afectaciones económicas de los operadores producto de las medidas para mantener el suministro de agua como la no suspensión del servicio ante la falta de pago. “Los ingresos del AyA y las Asada reportaron disminuciones de un 9,5% (Cerdas, 2020) y un 11,5% en sus entradas (Aresep, 2020), respectivamente. En la ESPH se redujeron un 6,7% (ESPH, 2020). Dado que estos entes no disponen de recursos económicos para enfrentar emergencias de esta índole, se debió recurrir a respuestas reactivas. El AyA y la ESPH mitigaron esta situación haciendo uso de recursos (financieros, humanos y materiales) propios. Por su parte, las Asada realizaron ajustes a nivel administrativo y operativo que incluyeron desde la reducción de jornadas laborales, hasta el aplazamiento de proyectos orientados a la sustitución de tuberías, la ampliación de ramales y el mejoramiento, construcción y reparación de tanques (Aresep, 2020)” (pág. 364).

Este elemento es relevante en cuanto el agua potable es esencial para la vida y como tal, desde una perspectiva anticapitalista, no debería regirse bajo los principios mercantiles, sino según las necesidades y de forma gratuita, por lo que, su financiamiento debería estar cubierto desde el Estado. A pesar de que el gobierno decretó una medida necesaria, como lo es la no suspensión del servicio, dejó a los operadores sin respaldo económico para afrontar esa situación, lo que a la postre tiene consecuencias en el servicio y en las tarifas.

Otro aspecto de este tema es el tratamiento de las aguas residuales, donde el país esta extremadamente rezagado. “Tras haberse registrado un aumento en la cobertura de saneamiento con alcantarillado entre 2011 y 2018, los datos muestran que, en los últimos dos años, no hubo avances en este tema. El tanque séptico sigue siendo la alternativa más utilizada en el territorio nacional. Lo anterior significa que se mantiene la presión sobre las fuentes de agua y el riesgo de contaminación de los acuíferos” (pág. 364).

“Una estimación […] determinó que, si no se registran cambios en los patrones señalados, en los próximos diez años la cobertura de saneamiento con alcantarillado tan solo llegaría a un 15,3% de la población, un valor muy por debajo de la meta de alcanzar el 100% en 2045 establecida en la Política Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales 2016-2045. En el mismo ejercicio se encontró que si se ejecutan los proyectos de saneamiento del AyA en los plazos establecidos, podría modificarse esta tendencia hasta alcanzar una cobertura con alcantarillado de un 38%” (pág. 364).

De esta forma, las fuentes de agua sufren las consecuencias del calentamiento global, un aumento en su consumo y grandes riesgos de contaminación. Además, debido a los recortes gubernamentales su protección es débil. “Un desafío pendiente tiene que ver con la vigilancia en la protección de los cuerpos de agua. Sin embargo, en 2021 se reportó una disminución de un 24,1% en el presupuesto aprobado al Minae, afectando las capacidades de entes que tienen entre sus responsabilidades –directas e indirectas- velar por la protección de los bosques y zonas de interés hídrico y forestal del país” (pág. 364).

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