• El chavismo obtuvo algunos votos más que en 1998, pero con un padrón electoral que se multiplicó por dos y con todas las ventajas de ser gobierno por más de dos décadas consecutivas. Si en la última elección parlamentaria, en 2015, votó alrededor de 74% del padrón electoral, ahora solo lo hizo alrededor de 30%. 

Manuel Sutherland

¡Felices madrugadas de victoria! (…) Tenemos una nueva Asamblea Nacional, hemos tenido una tremenda y gigantesca victoria. Nicolás Maduro

El 6 de diciembre se realizaron elecciones para una nueva Asamblea Nacional (AN), el único poder del Estado que no respondía, desde 2015, al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hegemón absoluto en la política nacional. El partido que comanda Nicolás Maduro controla 19 de las 23 gobernaciones, manda en 305 de las 335 alcaldías y tiene 227 de los 251 diputados de las asambleas legislativas regionales. Todo ese poder contrasta con una desaprobación que roza el 90%, resultado de una desastrosa gestión de la economía, que registró el peor colapso de su historia en la era Maduro (2013-2020).

En estas circunstancias, parecía que la derrota electoral del gobierno sería aplastante. Sin embargo, aparentemente sucedió lo contrario. A pesar de una altísima abstención, que rondó el 70%, el PSUV celebra una muy holgada «victoria», que le permite recuperar el control de la AN. No obstante, este fracaso electoral opositor ha sido vendido como un triunfo por sus publicistas, que se atribuyen haber conseguido una abstención histórica.

En este escenario surgen varios interrogantes: ¿con qué porcentajes ha vuelto a ganar el chavismo? ¿Es realmente una victoria del gobierno? ¿Cómo evaluar la estrategia abstencionista e insurreccional del ala radical de la oposición? ¿Cuáles son las perspectivas a corto plazo en la crisis política y los riesgos de apatía y desafección? Veamos.

Una derrota evitable

El gobierno ganó con 68% de los 6,2 millones votos escrutados. Con algunas pocas diputaciones por decidir, el PSUV ha logrado aproximadamente 185 escaños, lo suficiente como para tomar posesión de la AN en pleno, es decir, para impulsar leyes de rango constitucional y cambiar a piacere casi todo el entramado jurídico nacional. En números gruesos, se diría que el chavismo obtuvo algunos votos más que en 1998, pero con un padrón electoral que se multiplicó por dos y con todas las ventajas de ser gobierno por más de dos décadas consecutivas. Si en la última elección parlamentaria, en 2015, votó alrededor de 74% del padrón electoral, ahora solo lo hizo alrededor de 30%. Es decir, la abstención casi se triplicó y solo es comparable a la de 2005, durante los momentos más álgidos del gobierno de Hugo Chávez, cuando ningún opositor se presentó a las elecciones, con discursos similares a los actuales sobre la falta de garantías para la oposición. Entonces la abstención fue de 75% y el chavismo se quedó con 97% de las bancas.

El domingo pasado, en este contexto de abstencionismo masivo, la alianza opositora mejor ubicada obtuvo algo más de un millón de votos. Y en su conjunto, la oposición que participó de los comicios, mortalmente dividida y atomizada, podría obtener alrededor de 87 diputados, casi un tercio de la AN. Un dato que no deja de ser bastante significativo a la vista de la feroz campaña de la oposición abstencionista para desacreditar a quien se plantease enfrentar al chavismo por su terreno más débil: el electoral.

Los votos totales del PSUV alcanzan los 4,2 millones. Eso es, 25% menos que lo obtenido en las elecciones parlamentarias de 2015, pero con un padrón mayor. Si se compara con los supuestos ocho millones de votos obtenidos en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente en agosto de 2017, la sangría es de casi 50%. Es de por sí notorio que si la oposición en pleno hubiera ido a votar habría ganado fácilmente la elección.

¿Es útil esta «victoria» del gobierno?

La «victoria» del gobierno era esperada. Hubo dos maquinarias que la impulsaron con infinidad de recursos económicos y mediáticos. Por un lado, el propio oficialismo presionó a su base política amenazando con negarles cajas de comida a quienes no fueran a votar. Por otro lado, Juan Guaidó y la «comunidad internacional» hicieron hercúleos esfuerzos para evitar que su propia base opositora fuera a votar, para evitar así que que los opositores al gobierno votaran en contra de Maduro y el PSUV. Es un secreto a voces que el ex-candidato presidencial Henrique Capriles, quien había amagado con participar en las elecciones del 6 de diciembre, tuvo que renunciar a tal empresa por presiones que llegaron a ser vigorosas amenazas: desde sanciones económicas hasta congelamiento de bienes en Estados Unidos. Así las cosas, con intimidaciones en contra de todo aquel que quisiera votar contra el gobierno, las elecciones parecían un juego de niños para el PSUV, que literalmente corrió solo su carrera.

Como era de esperarse, poco después de que varios países latinoamericanos desconocieran la elección del pasado domingo, la Unión Europea rechazó el resultado y pidió a Maduro que trazara un camino hacia la reconciliación nacional. Es muy fácil entrever que el chavismo se negó a aceptar la propuesta de veeduría y acompañamiento de la UE debido a que ello podría estimular una participación que le habría proferido una derrota sin atenuantes. Su tarea era promover acciones que impulsaran la abstención del voto opositor, cosa que logró con un enorme éxito. Incluso el día de la elección, se encargó de cometer innecesarias y burdas irregularidades electorales para azuzar a los abstencionistas. Desde los polémicos «puntos rojos», donde se escanea el «carné de la patria» como forma de control de quienes votan por el PSUV, hasta el repentino cambio, el mismo día de la elección, del lugar de votación de Maduro y su esposa, de su lugar original en el barrio popular de Catia al fuerte militar Tiuna.

Al gobierno lo tiene sin cuidado el manido discurso sobre la «legitimidad». De hecho, respondió señalando que en otras partes del mundo hay mucha abstención (por ejemplo, en las elecciones parlamentarias en Rumania) y que en 1993 Rafael Caldera ganó las presidenciales con apenas 17,66% del padrón electoral, poco menos que el 20% obtenido por el gobierno en estas últimas elecciones, y nadie cuestionó su legitimidad. En su defensa, el Poder Ejecutivo argumenta que a pesar de la negativa de los observadores internacionales de la UE, más de 1.500 observadores nacionales e internacionales se han sumado y desplegado en los centros electorales del país.

Pasada la polémica de las elecciones, el gobierno asegura que por fin podrá ofrecer sustento legal a sus políticas económicas, que pasan por una apertura y una búsqueda frenética de inversiones extranjeras a cualquier costo. Se espera que se aprueben leyes proclives a la privatización exprés de valiosos activos estatales, proceso que ya se ha venido adelantado sotto voce. También se planean aperturas masivas, endeudamiento y normas que garanticen la inversión ventajosa de empresarios iraníes, turcos, rusos y chinos. La intención es sobrevivir día a día. Cada hora en que se mantienen en el poder es ganancia.

La insurrección imaginaria

En un aciago 20 de mayo de 2018, el ala mayoritaria de la oposición decidió abstenerse en las elecciones presidenciales. La táctica había sido empleada tan temprano como en las mencionadas elecciones parlamentarias de 2005, en las que, previsiblemente, el chavismo arrasó con la totalidad de las curules y promovió con total serenidad las leyes que más fácil le harían el trabajo de gobernar sin ningún contrapeso. En mayo de 2018 se argumentó que el régimen había excluido a candidatos opositores históricos de la batalla electoral. Por esa y otras irregularidades, la oposición decidió abstenerse en aras de presionar por condiciones electorales óptimas. El resultado es por todos conocidos.

Desde el 23 de enero de 2019, cuando el diputado y presidente de la AN Juan Guaidó se autojuramentó en una plaza, en un un mitín, como «presidente encargado de la República», la vía electoral y la lucha democrática contra el régimen de Maduro han sido considerada como colaboracionistas y gallináceas. En febrero de 2019, las encuestas decían que Guaidó tenía hasta 80% de aceptación popular. Los gobiernos aliados de Estados Unidos y varios europeos más salieron a aplaudirlo. El 23 de febrero se planteó una insurrección sui generis a través de un atípico caballo de Troya: la ayuda humanitaria internacional. Esta ingresaría «sí o sí» por la frontera colombiana. El plan era que la gente se abalanzara sobre los camiones y el Ejército se uniera a la sublevación popular. Este desaguisado fue un rotundo fracaso: no se pudo hacer ingresar ni una caja en una porosa frontera donde el contrabando de gandolas de gasolina y alimentos es inmenso cada día.

Cuando se creía que el intento frustrado de asesinar a Maduro con un dron cargado de explosivos, el pasado 4 de agosto de 2018 en la avenida Bolívar, era la intentona subversiva más osada, amanecimos el 30 de abril de 2019 con un conato de golpe de Estado cívico-militar protagonizado por Guaidó. El joven «presidente» aseguraba haber tomado, o estar dentro, de la base aérea La Carlota, ubicada en el corazón de Caracas. Pocas horas después, y sin un solo tiro, la sedición fue aplastada. Varios de los militares se entregaron aduciendo que los habían engañado y otros huyeron a embajadas extranjeras esa misma tarde. Nadie se responsabilizó del bochornoso coup d’état, que terminó ampliamente ridiculizado en redes sociales. En 2018 ya habíamos presenciado la masacre del grupo armado encabezado por Óscar Pérez, ex-comando policial famoso por disparar contra el Tribunal Supremo de Justicia y robar armas de alto calibre en el fuerte de Paramacay. La subestimación del poder militar y policial del gobierno bolivariano es realmente asombrosa. En 2019 se desarrolló otra nueva aventura insurreccional de índole militar. En la tarde del 26 de junio el gobierno declaró, en tono de sorna, que frustró otro intento de alzamiento militar. Ese día fueron apresados más de 30 militares que enfrentarían cargos de «traición a la patria», acusación generosamente endilgada por jueces chavistas.

En pleno pandémico 2020, entre el 3 y el 4 de mayo, se optó por un intento foquista con tonalidades de farsa en el corazón de la bahía de Macuto y de Chuao: un par de peñeros con alrededor de 22 personas pobremente armadas irrumpieron con pertrechos militares y sólidas convicciones de liberar a los 30 millones de venezolanos víctimas del régimen actual. Ahí estaban ex-militares armados, había uniformes, equipos y todos portaban sus verdaderos documentos de identidad. Entraron por el litoral central a plena luz del día, a pocos kilómetros del mayor puerto del país y de una base naval, en un área densamente poblada. La incursión derivó en un sangriento combate donde murieron varios jóvenes alzados. El gobierno capturó incluso a ex-militares estadounidenses en una operación que fue vista como una parodia de Bahía de Cochinos, a baja escala.

El abandono de la lucha electoral parece empujar a la oposición a formas de aventurerismo político de lo más inverosímiles. Entre farsas y tragedias se yuxtapone la mar de fracasos insurreccionales. Las sediciones parecen caer en el terreno favorito de un gobierno de índole militar y policial, que con apoyo de otros regímenes (Cuba, Rusia, China, Irán), expertos en control social y lucha antisubversiva, sortea con extrema facilidad estas iniciativas. Los fracasos son tan estrepitosos que, por embrionarios, la gente los cree irreales o incluso inventados por el mismo gobierno.

Las chanzas sobre la esterilidad de este tipo de iniciativas llenan las redes sociales y la frustración se apodera de miles de venezolanos que terminan simplemente votando con los pies y abandonando el país. Cada motín deriva en un profundo sentimiento de derrota y pesadumbre; en una sensación de derrota inmanente y una vocación por el descalabro que abate la moral de las bases opositoras y las sitúa en el campo de la espera de un fementido milagro: una invasión de tropas estadounidenses que liberen a la población del comunismo. Una posibilidad mil veces negada por todos los voceros oficiales de Estados Unidos, que en repetidas ocasiones han negado tan sangrienta posibilidad. Incluso se han burlado de activistas proclives a «exigir» una invasión liberadora que los coloque en el poder, tildando sus propuestas de «realismo mágico».

Se trata de un camino de derrotas continuas que, por una parte, justifican la insistencia en la vía insurreccional, abandonando la lucha democrática electoral (debido, según ellos, a todas las injusticias, ventajismo y trampas que el gobierno comete en ese terreno); y que, por otra, explicita por qué la oposición decidió abstenerse y continuar por una ruta de confrontación que a todas luces parece condenada a la derrota. La consulta del 12 de diciembre, promovida por Guaidó, aparece como la manifestación de impotencia más severa que han protagonizado en años.

2021: ¿entre la apatía y la desafección?

Parecía esperable que gran parte de la oposición siguiera este 6 de diciembre por la senda abstencionista. Casi sin iniciativa, el «presidente encargado» Guaidó prometió, para contrarrestar las elecciones «fraudulentas», una consulta popular online el 12 de diciembre. Con un consejo nacional electoral paralelo integrado solo por sus más íntimos aliados, se presentarán a la población, a través de Telegram y otra app, preguntas como: «¿Exige usted el cese de la usurpación de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro (…)? ¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre (…) y ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para rescatar la democracia (…)?». Estas preguntas son tan groseramente obvias que mueven a la risa a los propios opositores más radicales. Preguntar lo que es axiomáticamente aceptado por sus bases parece un acto que solo deja en evidencia la propia falta de táctica y estrategia.

La oposición argumenta que de nada valía participar y ganar las elecciones, ya que el gobierno había anulado al anterior Parlamento mediante una argucia jurídica del Tribunal Supremo de Justicia que lo declaró en desacato. Sin embargo, el propio devenir opositor de Guaidó y su presidencia «encargada», incluidos sus abrazos con Donald Trump, su discurso en el G-20, la gestión provechosa de lucrativas empresas del país en el extranjero (Citgo, Monómeros) y los miles de millones de dólares recogidos como «ayuda para la lucha democrática», fue posible porque la oposición participó en las elecciones parlamentarias de 2015 y Guaidó pudo obtener 90.000 votos. Esa victoria de la oposición le permitió presidir el Parlamento y empujar todas sus campañas internacionales de asonadas y revueltas. Si se hubiera abstenido en 2015, Guaidó no existiría en el imaginario político y el gobierno habría transitado con total tranquilidad el periodo 2015-2020. Con una oposición abstencionista, el gobierno ni siquiera necesita hacer fraude y se puede mostrar mucho más abierto y «democrático» de lo que en verdad es.

A fines del año próximo, habrá elecciones para alcaldes y gobernadores. El gobierno cuenta con un nuevo auge de la campaña abstencionista que le permita ganar otras elecciones sin competencia. Es quizás por eso que, siendo tan abiertamente represivo, deja a Guaidó acometer sus campañas políticas sin tocarle ni un pelo. Es de esperar que el propio Maduro aliente la abstención del voto opositor y promueva su inmovilismo. Pero que la misma oposición lo haga no es más que ponerse un chaleco de cemento justo antes de tirarse al río. De más está decir que el gobierno bolivariano jamás ofrecerá condiciones electorales óptimas. Si la oposición quiere asumir de verdad su papel, deberá luchar a brazo partido en el único terreno donde tiene ventaja: el electoral, mientras este siga de uno u otro modo abierto. Al final de cuentas, la única victoria importante de la oposición frente al gobierno fue en las urnas.

 

sinpermiso

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