• El gobierno de Trump aprobó hoy la aplicación de sanciones económicas a funcionarios de la Corte Penal Internacional si intentan procesar a tropas estadounidenses y miembros de la CIA por crímenes de guerra en tiempos de Bush.

Por Redacción 

La Corte Penal Internacional con sede en La Haya fue establecida en 2002 por los Estatutos de Roma para juzgar casos de genocidios y crímenes contra la humanidad por parte de los estados. Estados Unidos nunca adhirió a los estatutos ni se sometió a la jurisdicción del tribunal, haciendo de éste menos que simbólico al no poder hacer nada contra el ejército más poderosos y activo del mundo en la actualidad.

La Fiscal de la Corte Fatou Bensauda, no obstante, intentó avanzar en una investigación sobre la CIA y tropas yanquis por masacres sobre la población civil y torturas de prisioneros durante los primeros años de la ocupación a Afganistán y la guerra con los talibanes. El gobierno le revocó la visa y paralizó los ingresos de dinero de la fiscal, haciendo automáticamente efectivas las sanciones económicas dispuestas por intentar proceder sobre algo de luz en los métodos brutales del ejército imperialista entre 2003 y 2004.

Kayleigh McEna, secretaria de prensa de la Casa Blanca, sostuvo que “Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque contra los derechos del pueblo estadounidense y amenazan con infringir nuestra soberanía nacional”. La brutal mentalidad imperialista queda puesta en evidencia de manera incontrovertible: la tortura y las masacres de Estados Unidos al otro costado del planeta serían parte necesaria de la «soberanía» y los «derechos del pueblo estadounidense».

Por su parte, el fiscal general William Barr sostuvo que la Corte Penal Internacional tiene una larga historia de corrupción de las que tendría pruebas, que no fueron mostradas ni tan siquiera especificadas.

La orden de Trump dispuesta por decreto el día de hoy pone en evidencia que la vigencia del «derecho internacional» no es más que la cobertura de la fuerza bruta impuesta por la voluntad de los más fuertes y no tiene vigencia alguna para quienes están por encima de la ley. Así quedó en evidencia con las invasiones mismas de Iraq y Afganistán con sus consecutivas masacres, que fueron efectivizadas sin que nadie en Estados Unidos y su ejército se preocupara por las «formas» de las leyes internacionales y la impotente ONU.

La «ley» internacional solo tiene vigencia cuando el imperialismo está de acuerdo, que parece decirle «cuando estamos de acuerdo, tú tienes razón. Cuando estamos en desacuerdo, la tengo yo».

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