En un ambiente de combatividad y fraternidad, realizaron un «desayuno solidario» y expusieron su situación en el micrófono.

Entre las principales exigencias de la movilización están: participación en la regulación federal de las aplicaciones modales; fin de la categoría OL (Operador Logístico); reajustes sustanciales de las carreras; fin de las entregas múltiples; vuelta del plan de alquiler de bicicletas a R$ 9,90; póliza de seguro para repartidores.

Como declaró Renato Assad, militante de Socialismo o Barbarie, profesor y entregador por renta complementaria, en el último semestre fiscal la empresa tuvo ganancias de 606 millones de dólares, una fortuna que amasó a partir del sudor y explotación de cientos de miles de repartidores.

Esta movilización se desarrolló en un momento cuando el gobierno de Lula despliega una política de contención de los movimientos sindicales y sociales por medio de la creación de «mesas de diálogo» a cambio de que no se realicen protestas. Las dirigencias burocráticas de las principales centrales sindicales se sumaron a ese operativo desmovilizador sin consultar a las bases.

En ese sentido, la protesta de los entregadores fue un contrapunto a esa táctica de conciliación por arriba entre cuatro paredes, y, por el contrario, llamó a retomar las calles de forma unitaria para luchar por los derechos de la clase trabajadora.