Transcurrieron ya quince días desde que una nueva oleada de protestas sacude Ecuador. Movilizados por el hambre, la pobreza y el encarecimiento del costo de vida, decenas de miles de indígenas se movilizan en todo Ecuador contra el gobierno de Lasso.

Son más de mil los pozos petroleros tomados por los indígenas agrupados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y decenas de cortes de ruta que paralizan el país, y en particular la actividad petrolera, la principal exportación del país ecuatorial. Según el gobierno, en cuestión de días la producción de crudo del país podría quedar frenada.

En un primer momento, el gobierno intentó liquidar la movilización de manera represiva, causando la muerte de varios manifestantes y decenas de heridos. Sin embargo, acorralado por el crecimiento de las movilizaciones, Lasso tuvo que ceder ante algunos de los reclamos.

Una de las exigencias centrales de la Conaie refiere al precio de los combustibles. Tras el estallido de la guerra en Ucrania y la disparada de los precios internacionales del petróleo, el aumento de los combustibles afecta especialmente a la dolarizada economía ecuatoriana, gravemente limitada de poder establecer alguna barrera proteccionista contra los vaivenes de los precios internacionales, debido a que no cuenta con moneda propia.

Con el aumento del petróleo aumentaron también los combustibles, y con ellos, el costo de vida de las clases populares, en particular la población indígena. El gobierno intentó apaciguar la movilización decretando este domingo una irrisoria reducción de 10 centavos de dólar (5%) en los precios del galón de diésel y la nafta. Apenas un cuarto de la reducción en el precio que exigen las organizaciones indígenas.

La maniobra fue rápidamente interpretada como un intento de desarticular la movilización sin dar respuestas reales a los problemas económicos. Las manifestaciones continuaron en ascenso, ahora bajo la consigna «No queremos diez centavos, queremos resultados».

Junto con esto, el gobierno anunció también que levantaba el estado de excepción que había dispuesto en seis provincias del país. El objetivo de aquella medida era desarmar los piquetes y las tomas a través de la represión estatal. La Conaie había advertido que no se sentaría en ninguna mesa de negociación mientras que no se levante el estado de excepción, lo que finalmente se consiguió el domingo por la noche.

Con la mezquina reducción en los precios de los combustibles y el fin del estado de excepción, el gobierno de Lasso confiaba en que abriría una puerta de “diálogo institucional” en detrimento de las movilizaciones, llevando a los reclamos al camino pantanoso de las instituciones del régimen.

Sin embargo, presionados por la genuina bronca de sus bases con el gobierno y el deterioro de la situación económica, la dirección de la Conaie calificó a las medidas de Lasso como “insuficientes” y llamó a continuar las movilizaciones.

La calle y el palacio

Como si estos no fueran suficientes problemas para el banquero Guillermo Lasso a menos de un año de gobierno, al mismo tiempo enfrentaba un pedido de destitución en el parlamento.

Impulsado por la bancada opositora de Unión por la Esperanza que responde al expresidente Rafael Correa (2007-2017), la Asamblea Nacional debatió por cinco días consecutivos la propuesta de destitución del presidente, acusado de ser el responsable de “la grave crisis política y conmoción interna” que sacude al país.

El Congreso necesitaba 92 de los 137 votos para forzar la salida de Lasso. Pero aunque la oposición tiene mayoría en la cámara, finalmente no se alcanzó el número suficiente.

La movida parlamentaria de destitución del Presidente en paralelo a las movilizaciones expresaba, por un lado, el intento del correísmo de capitalizar políticamente la bronca contra el gobierno. Por otro lado, la maniobra buscaba darle a esa bronca una contención institucional. Planteando la posibilidad de una «salida institucional» del Presidente, los partidos capitalistas buscan generar mecanismos para que el proceso político no se salga de los carriles del régimen, cuando la continuidad de Lasso está realmente cuestionada no en el palacio, sino en las calles.

La «vía parlamentaria» duró poco y la posibilidad de un impeachment quedó trunca. Sin embargo, y a pesar del reclamo popular que crece por abajo para que Lasso se vaya, es verdad que la Conaie no exige la renuncia del mandatario, sino que se mantiene en el terreno estrictamente reivindicativo, sentando expectativas en la mesa de negociaciones. Una eventual salida de Lasso significaría un enorme triunfo de la movilización, que pondría a las mayorías populares del país en muchas mejores condiciones para seguir luchando por sus intereses.

En las últimas horas, Lasso anunció en cadena nacional que rompía toda instancia de diálogo con el líder de la Conaie, Leónidas Iza, acusando a esa organización del asesinato de un militar en una ruta en la Amazonia del país. Al mismo tiempo, sostuvo que Iza “es un anarquista que persigue intereses políticos”. La Conaie exige el restablecimiento de la mesa de negociaciones.

Este “endurecimiento” de Lasso viene a mostrar el fracaso del intento de desarticular la movilización a través de ínfimas concesiones, retornando a una vía primordialmente represiva cuando el gobierno se encuentra más que nunca contra las cuerdas.

Pero hay otro elemento que explica el endurecimiento de la postura del gobierno: el intento de buscar un punto de apoyo en las clases medias urbanas reaccionarias que este lunes salieron a las calles de Quito a protestar contra los cortes de ruta y las manifestaciones indígenas. Una dinámica de polarización política que en caso de imponerse puede transformar la rebelión en choque de clases.