• Declaración de la Corriente Internacional Socialismo o Barbarie.

Corriente Internacional Socialismo o Barbarie

Todo empezó como una protesta contra la reforma impositiva del gobierno de Ivan Duque. Pero rápidamente escaló a una rebelión que está cuestionando al propio régimen político colombiano.

El paro nacional convocado por la CUT para el pasado 28 de abril en rechazo a los aumentos de impuestos para la clase trabajadora fue como una chispa que incendió la pradera. Las movilizaciones que se dieron en varias ciudades desafiaron además un fallo de la justicia que las prohibía con la excusa de la situación sanitaria. Pero la movilización no ha hecho más que crecer.

Pocos días después, el 2 de mayo el gobierno anunció que retiraba el proyecto de «Ley de solidaridad sostenible», eufemismo con el que se pretendía aumentar el IVA para los productos de consumo masivo y ampliar la base de contribuyentes. El proyecto dejaba intactas las exenciones impositivas para las grandes empresas.

El retroceso de Duque fue asimilado por las masas movilizadas como un triunfo, y lejos de volverse a sus casas, aumentó la fuerza y convicción para ir por más. Lo que empezó como una huelga de carácter fundamentalmente obrero pasó a involucrar al conjunto de las clases populares, jóvenes, indígenas y campesinos.

Esto contrasta con las jornadas de noviembre de 2019, que se dieron al calor de la oleada de rebeliones latinoamericanas. Aunque en esa ocasión el proceso fue importante, su carácter fue centralmente juvenil, con fuerte peso de los sectores estudiantiles. En cambio, lo que vive Colombia estos días tiene un arraigo social más profundo, iniciado desde la clase obrera organizada en los sindicatos y extendido luego a las demás clases populares, además de la juventud estudiantil.

Ahora, los reclamos son mucho más generales y profundos: la movilización está cuestionando al régimen político colombiano, de los más reaccionarios de Latinoamérica hace décadas.

Una catástrofe social explosiva

Pese a no haber campañas mediáticas ni indignaciones morales de la derecha internacional, la vida en Colombia es una verdadera tragedia social desde hace décadas.

Desde antes del período conocido como «La Violencia» (que enfrentó entre los ’20 y los ’50 a los partidos clásicos Conservador y Liberal), amplios territorios del campo colombiano son asolados por bandas armadas paramilitares. Ya en la década de los ’60, surgen las FARC y otros grupos armados que defendían la reforma agraria. Así, Colombia vive una realidad cotidiana de guerra civil desde hace largos años.

Con el tiempo, la mayoría de las bandas armadas (fundamentalmente paramilitares) se han transformado en poderosos grupos narcos que asesinan y desplazan campesinos desde hace bastante más de medio siglo. Controladas ilegalmente por la burguesía y el estado, son las garantes de la sistemática apropiación de tierras y desplazamientos forzados de personas.

Así, sin que se haga mucho ruido en el mundo mediático internacional, Colombia es el país con más desplazados internos del planeta: nada menos que entre 7 y 8 millones de colombianos. Los grupos armados de los partidos del régimen primero (Conservador y Liberal), las bandas armadas del uribismo ahora; han sido responsables a lo largo de las décadas de innumerables masacres, extorsiones, expulsiones, robos y crímenes brutales. Se calcula que solo el grupo de extrema derecha Autodefensas Unidas de Colombia (a las que Uribe habría estado vinculadas) asesinaron a más de 94 mil personas.

Los millones de desplazados pasan a engrosar las filas de los pobres de las grandes ciudades, en las que viven en barrios precarios pasando el día a día con trabajos inestables e informales. La informalidad laboral alcanza a más del 60% de los trabajadores activos.

La pandemia vino a empeorar todo. La cifra oficial del desempleo es del 17%, con picos del 20% en algunas ciudades. La pobreza monetaria (es decir, gente que no alcanza el mínimo de subsistencia) está por encima del 42%. Colombia es el segundo país más desigual de América del Sur, solo por detrás de Chile. 

Un detonante para cuestionarlo todo

Con la caída de la reforma tributaria también cayó el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que fue quien la diseñó e impulsó. Se abrió entonces una crisis política en el gobierno, alimentada por el repudio a la feroz represión con la que respondió Duque y el Ministro de Defensa que acusó a los manifestantes de terroristas y de estar organizados por las FARC.

En medio de esta crisis política, el gobierno enfrenta reclamos mucho más profundos que el rechazo a una reforma. El Comité Nacional de Paro (CNP) que nuclea a unas 50 organizaciones políticas, sociales, sindicales, campesinas y estudiantiles que organizan las protestas, ha convocado a una nueva huelga nacional para mañana miércoles y publicó un programa con sus demandas.

En él se exige la desmilitarización inmediata de las ciudades, el castigo a los responsables de todas las masacres contra líderes campesinos y ambientalistas, así como desmantelar al escuadrón antidisturbios de la policía (ESMAD).

Se exige además el establecimiento de una renta básica universal, la baja de la reforma del sistema de salud propuesta por el gobierno y la provisión de vacunas para todos, la puesta en pie de un plan económico que priorice la industria nacional y la agronomía sustentable, etc.

Es decir que los reclamos están cuestionando la orientación general no sólo del gobierno actual, sino del Estado capitalista colombiano, que ejerció su poder en estrecha relación con las Fuerzas Armadas y arrodillándose servilmente al imperialismo yanqui y sus intereses en América Latina.

En este punto hay que destacar que el cuestionamiento a la orientación ultra-represiva del Estado colombiano es un elemento muy profundo. Las Fuerzas Armadas son un actor político central en Colombia, que con la excusa de la guerra contra el narcotráfico y las FARC, hace años que está llevando a cabo una «guerra interna», que es en realidad una verdadera masacre con miles de víctimas civiles. En Colombia se les llama «falsos positivos». Se trata de asesinatos a civiles que el ejército disfraza de enfrentamientos con guerrilleros o narcotraficantes. Se calcula que sólo en los últimos siete años hubo al menos 6400 asesinatos de civiles y activistas a manos de las FFAA y grupos paramilitares afines como la AUC (Autodefensas Unidas de Colombia).

Desde ese punto de vista, el régimen colombiano es uno de los más reaccionarios de Latinoamérica, una democracia burguesa «de excepción», de las más militarizadas y represivas del continente. En otra jornada de protestas en septiembre pasado hubo ocho muertos por la represión. Y en la actual rebelión ya se confirmaron al menos 27 víctimas fatales de la brutal represión.

Anoche, en las redes sociales circularon imágenes crudas de una verdadera cacería por parte de las fuerzas represivas, principalmente en los barrios populares de Bogotá y Cali. El gobierno intenta frenar la rebelión con el método ya histórico del Estado colombiano: la represión y el asesinato.

Sin embargo la escalada represiva no logra apaciguar la movilización, que en el día de hoy vuelven a realizarse en repudio al brutal accionar represivo. Para mañana, el CNP convoca a un nuevo paro nacional con movilizaciones en todo el país. Las cartas están repartidas y no hay otra alternativa que jugar: amplias masas han llegado a la conclusión de que llegó el momento de imponer otra realidad, y la represión está atizando esa determinación masiva. Retroceder a la represión ahora es hacerlo por muchos tiempo: los próximos días pueden determinar los destinos de Colombia por largos años. 

Cali: epicentro de la rebelión

Mientras el Comité Nacional de Paro se sostiene en posiciones puramente reivindicativas, el movimiento obrero y popular de la ciudad de Cali ya se dio cuenta con más claridad de las consecuencias de su propia acción. La ciudad exige la renuncia de Duque.

«Reconocemos que hemos ganado una primera batalla ante la decisión del gobierno de retirar la Reforma Tributaria, pero no hemos ganado la lucha. Hasta que no se retire todo el Paquetazo de Duque que incluye la Reforma Laboral, Reforma a la Salud y Reforma Pensional, hasta que no se haga justicia por las personas asesinadas, heridas y capturadas en este arduo trabajo de movilización, se desmilitarice las ciudades y sobre todo hasta que Duque no renuncie, no cesará el paro sobre Cali y el Valle del Cauca» dijo hace días en un comunicado el liderazgo de las protestas en la ciudad.

Y continúa el comunicado del pasado 2 de mayo: «Comunicamos a la opinión pública que el paro tomará el carácter de paro cívico indefinido y a partir de las 5 am del lunes del 3 de mayo continúa un bloqueo total, permanente e indefinido sobre toda Cali y el Valle del Cauca, por lo que seguirán con firmeza las concentraciones en las entradas de la ciudad, en las calles y las vías principales de la misma. Se comunica que sólo se dejará pasar por los puntos de concentración misiones médicas, humanitarias y provisión de alimentos».

Cali tiene muchos motivos para rebelarse. Millones de sus habitantes son parte de las familias campesinas desplazadas que llenan los barrios populares de su periferia.

La ciudad es punto de convergencia del Cauca, el Valle del Cauca y Chocó: zonas rurales ampliamente controladas por las bandas paramilitares. El crimen organizado vinculado a los represores del estado es particularmente fuerte en Cali, donde el tráfico de armas y los asesinatos son cosa de todos los días. La represión es más dura porque la presencia militar y paramilitar es más fuerte. Por eso también la resistencia necesita endurecerse: tomar las riendas de las cosas es de vida o muerte, literalmente. 

A su vez, para fortalecer los cortes han llegado masivas delegaciones de pueblos originarios del campo, que convergen masivamente con trabajadores, jóvenes, mujeres…

La ciudad de Cali viene siendo el centro de la resistencia y vive hace días y días en paro general de hecho. Los bloqueos totales de la ciudad y la permanencia de la movilización popular en la calle así lo impusieron.

Por eso también esa ciudad es la que viene sufriendo con mayor saña y odio la represión brutal de la ESMAD y las fuerzas armadas.

¿Un barajar y dar de nuevo en la política colombiana?

Todo esto significa que asistimos nuevamente a una rebelión que, impulsada en principio por un reclamo puntual, éste termina siendo como un detonante de algo mucho más grande, y la movilización popular tiende a cuestionar todo el status quo político y económico del país.

Esto sucedió exactamente así también en Chile, en la inmensa rebelión popular de 2019. Allí, una protesta de estudiantes secundarios contra el aumento a las tarifas del subte desató el más grande proceso de movilizaciones en medio siglo que cuestionó el régimen pos-pinochetista, y que conquistó la convocatoria a un referéndum para una reforma constitucional. La analogía no termina allí: Tanto Colombia como Chile fueron bastiones históricos del neoliberalismo latinoamericano y férreos aliados a Estados Unidos. Pero en ambos países esto está siendo cuestionado por la acción callejera de las masas.

Sucede que la rebelión en ascenso en Colombia está siendo un durísimo golpe para el uribismo, el ala más de derecha del personal político burgués del país, que viene de ser hegemónico hace largos años. Álvaro Uribe fue dos veces presidente y aunque es actualmente senador, es un hecho que sigue siendo el dirigente político con más influencia en el país.

Durante años, el uribismo fue el principal contrapeso por derecha a los procesos políticos de rasgos centroizquierdistas en América Latina. De hecho, la derecha en Colombia en los últimos años construyó su hegemonía como el ala más furiosamente intervencionistas sobre Venezuela del continente.

La actual rebelión está in crescendo, y si continúa su curso no podemos descartar que rueden más cabezas de Ministros o que llegue a estar cuestionado el poder del propio Duque. De confirmarse esta tendencia, podríamos estar viviendo un reacomodamiento de las fichas en el juego político colombiano… y latinoamericano.

Si esto pasa, el régimen reaccionario, paramilitar y antipopular que domina la vida colombiana hace décadas puede caer. Las masas en lucha tienen mucho por ganar; para empezar, derechos democráticos de organización básicos.

¡Fuera Duque! Asamblea constituyente para terminar con el régimen neoliberal y represivo

El gobierno represor y asesino de Iván Duque se tiene que ir.

La reforma de los impuestos venía a empeorar una realidad económica que hace del país un paraíso de las empresas multinacionales bananeras, mineras, del azúcar y (por supuesto) los narcos. Colombia es a los ojos del dogma neoliberal el otro «modelo» a seguir además de Chile. Hoy pueden ver como se derrumba segundo a segundo el mito, delineado con los números dibujados del «crecimiento».

Ya no se trata de una reforma. Ahora la movilización y la huelga han hecho converger reclamos populares de todos los explotados y oprimidos, de la ciudad y del campo: el retiro de la reforma de salud, el fortalecimiento del plan de vacunación, un ingreso básico universal para hacer frente a la crisis, la protección de la producción nacional agropecuaria y sus recursos naturales, detener los continuos desplazamientos forzados de campesinos, acceso a la educación pública, la disolución de la policía antidisturbios (ESMAD)…

El conjunto de estas exigencias sobrepasan lo que quiere o puede dar el gobierno de Duque y el régimen uribista como un todo. Su «modelo» económico, su forma específica de acumulación capitalista, su manera de gobernar el país… todas se derrumban con estas reivindicaciones. Dar a las masas populares lo que piden es quitarle a Duque y el régimen su razón de ser. Por eso Duque tiene que caer y con él todo el régimen político.

Por otra parte, la sola rebelión plantea nuevas formas de organización desde abajo que debemos impulsar y profundizar. Los comités de paro de las distintas ciudades son herramientas para organizar la lucha, pero también puntos de apoyo para agrupar desde abajo a los trabajadores y sectores populares que están protagonizando la rebelión.

Imponer un programa alternativo al neoliberalismo que hegemoniza la política colombiana hace años no puede hacerse confiando en las instituciones de este régimen criminal, ni tampoco en la burocracia sindical que durante todos estos años concilió con los gobiernos uribistas, aunque ahora deba salir a luchar por presión de las circunstancias.

Por último, el programa alternativo que expresa la rebelión a través de sus reivindicaciones cuestiona algo mucho más profundo que la orientación política del actual gobierno. No es sólo el gobierno de Duque: es todo el régimen político colombiano basado en la militarización, en la represión a los activistas del campo y de la ciudad, la privatización de la salud, la educación y los servicios básicos, y la subordinación total al imperialismo.

Hay que poner en pie una gran Asamblea Constituyente organizada desde abajo que deponga este régimen reaccionario y que permita abrir una nueva perspectiva para los explotados y oprimidos de reorganizar por completo el país poniendo por delante sus propios intereses.