• Dentro de los posibles 1.300 beneficiarios de esta ley habría militares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura de Augusto Pinochet.

Por Luz Licht

“Tienen derecho a una muerte con dignidad”, clama Sebastián Piñera, presidente chileno, en relación al beneficio de prisión domiciliaria en el contexto de la pandemia mundial, impulsado por la Ley de Indultos Conmutativos que se discute el Congreso en estos días. El beneficio alcanzaría a los presos condenados mayores de 75 años, enfermos terminales y que ya hayan cumplido más de la mitad de su condena en la cárcel.

“Lo que yo creo es que una persona que está condenada por crímenes de derechos humanos o crímenes de cualquier naturaleza, que se está muriendo, que le quedan semanas de vida, yo creo que debiésemos darle el beneficio” opinó Piñera en una entrevista concedida recientemente a la Asociación Regional de Canales de Televisión.

Dentro de los posibles 1.300 beneficiarios de esta ley estarían, como señala el propio Piñera, muchos militares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura de Augusto Pinochet

El argumento de ayudar a descomprimir la situación de superpoblación carcelaria y no exponer a los presos al contagio del Covid-19 se vuelve difícil de tragar cuando se sabe que la mayoría de los genocidas chilenos condenados cumplen condena en el penal más “exclusivo” del país, conocido como “el hotel” de Punta Peuco.

Este centro penitenciario ubicado en la comuna de Til Til, en las afueras de Santiago, alberga como población mayoritaria dentro del complejo a los militares genocidas. Las innumerables polémicas por las lujosas condiciones de detención de las que gozan llevaron a la reiterada exigencia a lo largo de los años de su cierre por parte de diversos sectores.

En 2017 había 95 genocidas presos que mantenían el cobro de pensiones millonarias. En el encierro cuentan con espaciosas habitaciones individuales y baño privado, dentro del mismo hay incluso canchas de tenis con pasto sintético. Entre las comodidades dentro de las amplias dimensiones, hay bibliotecas y hasta espacios de recreación con televisores de 42 pulgadas. La atención sanitaria es  de las mejores del país, por los equipos, profesionales y atención con la que cuentan.

Alunos de estos asesinos fueron descubiertos en 2015 tras el “MIlicogate”, en un entramado de fraude millonario por la desviación de fondos públicos por la Ley Reservada de Cobre. De la empresa estatal Codelco un 10% de sus ganancias anualmente son destinadas para la compra de armamento y equipamiento de las FFAA. Este presupuesto extraordinario jamás contó con control alguno, aun con la vuelta a la democracia. Los milicos millonarios piden consideración cuando vienen sistemáticamente viviendo como reyes a costa de las grandes mayorías.

Una excusa de Piñera para honrar a los genocidas

En un discurso del 11/09/2018, en el marco del aniversario 45 del golpe, Piñera sostenía: «El 11 de septiembre nuestra democracia no murió de manera súbita y sorpresiva. Todos sabemos que venía enferma, muy enferma, y desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué se derrumbó nuestra democracia? ¿Qué males y enfermedades la aquejaban? En 1973 nuestra democracia estaba enferma de odio, de violencia de descalificación, intolerancia y sectarismos».

Este discurso indica que detrás del negacionismo y la proclama de “dar vuelta la página”, hay una reivindicación de la dictadura genocida y la figura de Pinochet. La rebelión que en octubre de 2019 puso al pueblo trabajador y la juventud contra las bases de la sociedad chilena, plagada de privilegios para unos pocos y explotación y desigualdad para las mayorías, fue la dictadura del 73 la encargada de sentar esas bases para instaurar el modelo neoliberal en las estructuras del capitalismo chileno.

En ese escenario, las FFAA con la complicidad de los empresarios capitalistas pudieron hacer enormes fortunas al calor de la dictadura genocida a través del control del estado, mediante la más cruenta represión y el terrorismo de estado. La historia de Sebastián Piñera y su familia es un capítulo de peso en la complicidad y participación activa de la clase capitalista durante el gobierno de facto.

Ya José Piñera Carvallo (el padre) fue señalado como activo colaborador de la CIA, como parte de la Democracia Cristiana y la derecha siempre reivindicó la figura de Pinochet y del gobierno militar. José Piñera, el hermano del presidente, no sólo fue colaborador directo y hasta financista de la familia Pinochet sino que su paso por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social dejó en noviembre de 1980 la privatización del Sistema Previsional y su reemplazo por el Sistema de las AFP, una de las instituciones más cuestionadas por la rebelión chilena por tratarse de un puñado de empresas que lucran con las jubilaciones y pensiones de las amplias mayorías mientras los aportantes cobran miserias.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones son instituciones financieras que continúan hoy haciendo fortunas con la quita del 13% del salario de los trabajadores y los jugosos subsidios que reciben del estado. Ese negocio redondo abarca más de un 3,6% del PBI que va a manos de las AFP’s. Como suele decirse para describir este proceso “la mayor estafa legal de la historia”. Un dato de color, la privatización del sistema jubilatorio no alcanzó a los militares, quienes conservaron su régimen previsional antiguo (de «reparto», estatal) y les reporta pensiones altísimas para sus días de retiro.

El hermano del presidente, en su paso como funcionario de la dictadura también sentó las bases para la privatización del sistema de salud e impulsó en 1979 la Reforma Laboral que continúa rigiendo la actual legislación del trabajo. En 1981, al frente de la cartera de Minería, impulsó la reforma que con la figura de la “concesión plena” abrió las puertas a la privatización de ramas enteras de la economía, como las telecomunicaciones y la energía. Este proceso en los 90’s continuó inclusive con la privatización de autopistas, aeropuertos y cárceles.

Los herederos del régimen pinochetista le rinden pleitesía también en democracia

El propio Sebastián Piñera debe su gratitud a la ministra de Justicia de la dictadura, Mónica Madariaga, quien en 1982 lo salvó de ir a prisión luego de haber estado prófugo 24 días, cuando se lo declaró reo por el fraude al Banco de Talca. En este episodio, junto al Grupo Calaf-Danioni, realizaron una estafa millonaria contra accionistas minoritarios infringiendo la Ley General de Bancos. El fraude terminó en el desfalco del banco y su posterior liquidación y venta al Banco Santander en abril del 82.

Se conoce a la derecha del país andino con el mote de los “herederos del pinochetismo”. Muchos de ex los funcionarios de la dictadura con la vuelta de la democracia continuaron sus carreras políticas, tal fue el caso de José Piñera. El actual presidente también incursionó en la vida política,como parte del empresariado adepto al pinochetismo y fueron recurrentes los casos de corrupción en los que se vio envuelto estando en funciones públicas, como senador o presidente.

Parte de la reivindicación del régimen pinochetista por parte de sus herederos, con Sebastián Piñera a la cabeza, no se limitó a frases y declaraciones públicas. Su gabinete con su nuevo mandato, tras la victoria en segunda vuelta en marzo de 2018, estaba repleto de familiares de ex funcionarios de la dictadura y colaboradores activos de la misma. Tal fue el caso, por nombrar uno, del ex Ministro del Interior, Andrés Chadwick.

El mismo es un personaje ligado a la Dirección Nacional de Inteligencia que participó en reiterados actos de violencia, durante la dictadura como miembro de los grupos estudiantiles fascistoides que pululaban a los costados del régimen. Por ejemplo, en septiembre del 78 en el campus de la PUC, cuando golpeó a las y los 300 estudiantes convocados por el Centro de Alumnos de Teología para un acto pacifico en apoyo a estudiantes nicaragüenses. La brutal golpiza fue encabezada por Chadwick, por entonces presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica.

Andrés Chadwick también fue parte del acto de julio del 77 en honor a Pinochet del Frente Juvenil de Unidad Nacional. Los setenta y siete jóvenes presentes, devenidos empresarios, políticos, artistas, juraron allí lealtad al dictador. Chadwick como parte de la juventud pinochetista tomaba cursos de adoctrinamiento sobre “Seguridad Nacional”, “Doctrinas Totalitarias” entre otras, aparte de ser miembro activo de la fuerza de choque de ultraderecha de la dictadura.

Esta estrecha vinculación personal, familiar e ideológica del presidente Piñera y su gobierno, evidencia que la lealtad al régimen militar y la dictadura es más que puramente ideológica: está ligada profundamente a los privilegios que construyeron con décadas de negociados y avanzadas sobre los derechos del pueblo trabajador chileno. No hay forma de explicar la situación actual contra la que se rebelan las grandes mayorías sin las reglas de juego que impusieron a sangre y fuego y usufructuaron Piñera, los miembros de su clase y las FFAA.

Esos militares genocidas pudieron forjar una fortuna y privilegios a partir del terrorismo de estado y hoy, su reclamo de dignidad y trato humanitario a los genocidas es una burla y afrenta contra la lucha por justicia contra sus aberrantes crímenes. No debe haber margen para la impunidad. Desde el penal más lujoso de Chile piden absurdamente contemplación, el único lugar para los genocidas es la cárcel sin privilegios.

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