Perú: una crisis de todo el régimen político

El reciente golpe parlamentario al presidente peruano, Pedro Castillo, abrió nuevamente la crisis política en Perú. Es el cuarto presidente que no termina su mandato en apenas 6 años.

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Supporters of former President Pedro Castillo clash with riot police during a demonstration demanding his release and the closure of the Peruvian Congress in Lima, on December 11, 2022. - Two people died and at least five people were injured on Sunday during growing protests against Peru's President Dina Boluarte after the failed coup and the arrest of former President Pedro Castillo. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

De muy poco sirve detenerse en los discursos que sustentaron aquellas y estas acciones del congreso, en general todos relacionados a acusaciones de corrupción. La crisis política peruana está muy lejos de ser una crisis de ética de los funcionarios públicos, sino una mucho más profunda: se trata de la crisis de todo un régimen político y su incapacidad de gobernar el país.

Mientras Castillo intentó, de manera insólita, girar a una especie de «bonapartismo» al cerrar el parlamento para evitar el golpe, la acción le dio el impulso que le faltaba a las fuerzas de la derecha fujimorista -ya lo habían intentado otras tres veces- de hacer efectiva la destitución a través del congreso. Una vez habiendo hecho realidad el golpe y detenido a Castillo, estalló el descontento popular contra los golpistas. Ahora el país se encuentra movilizado, las rutas paralizadas y el gobierno volcado a aplastar todo con represión.

La sucesión de los hechos refleja bastante fielmente la dinámica que la realidad peruana ha tomado no en los últimos días sino en las últimas décadas. Por lo menos, desde la caída de la dictadura de Alberto Fujimori en el año 2000.

Contradicciones ingobernables

Tras la caída de Fujimori, las principales fuerzas políticas de la burguesía se sucedieron unas a las otras sin que ninguna haya podido establecer una hegemonía política clara en el país. No sólo cada uno de los partidos respecto a sus rivales, sino del régimen como tal: los propios partidos, la propia «oferta» del personal político capitalista del país nunca logró conformar un «elenco estable» que encarne de manera más o menos representativa ciertos intereses de clase, fracciones de clase y sus relaciones de fuerzas.

La dictadura cayó con un enorme repudio popular, prácticamente unánime en las clases trabajadoras y populares, pero manteniendo un importante apoyo en las pequeñas burguesías urbanas, en particular en Lima.

Para las clases dominantes -la burguesía comercial limeña y la relacionada con la explotación de recursos naturales en el interior- el fujimorismo del cual habían sido aliados durante una década se había vuelto insostenible políticamente. En plena hegemonía de la globalización neoliberal, en Perú todavía subsistía una dictadura que parecía anacrónica a su propio momento histórico, del estilo de las que tanto proliferaron en Latinoamérica dos o tres décadas antes, en los ’60 y los ’70. El mundo había cambiado profundamente desde entonces.

Pero si Fujimori cayó, no así el fujimorismo, que continuó existiendo como una fuerza parlamentaria hasta hoy. De hecho, y este es un punto central que explica la crisis, la derecha fujimorista subsistió como la única fuerza política fuerte y relativamente estable del régimen, que mantiene una importante base social de apoyo en las clases medias y una parte de la burguesía.

Eso es lo que explica que, prácticamente durante veinte años, todo gobierno que llegaba a través de las elecciones era brutalmente embestido por el parlamento, donde siempre el fujimorismo se mantuvo como una fuerte minoría. Casi siempre escudándose en los casos de corrupción, el fujimorismo apostó -y sigue apostando- a volver al poder evitando que cualquier otro gobierno pueda hacer pie. Una cosa extraña en un país latinoamericano: en Perú el Poder Legislativo es el más fuerte de los tres, y el Ejecutivo el más débil. La inversa suele ser la regla.

El régimen político está así hace años en un impasse: el fujimorismo es la única fuerza capitalista fuerte, pero es resistido por una parte de la burguesía, por un lado, y masivamente por las mayorías populares, por el otro. La única fuerza que parece capaz de gobernar el país por varios años es al mismo tiempo la más resistida socialmente y la que más cuestiona -por la derecha- la institucionalidad democrático-burguesa del país.

Los demás partidos de la burguesía, mientras tanto, se fundan y se refundan de crisis en crisis, incapaces de apoyarse de manera nítida en alguna fuerza social, débiles ante los ataques parlamentarios del fujimorismo y sus aliados. Su ascenso y caída suele ser cuestión de unos pocos años, como lo demuestra la experiencia reciente.

Un hartazgo contra todo un régimen

La llegada de Castillo al poder, luego de una campaña electoral extremadamente polarizada que derivó en un balotaje entre el propio Castillo y Keiko Fujimori, despertó ciertas expectativas entre los trabajadores, los campesinos y el pueblo indígena. Por primera vez el presidente no se parecía a un político: un maestro rural proveniente del interior cuya trayectoria había estado ligada más al sindicalismo que a la política. El fujimorismo centró su campaña contra el «comunismo», supuestamente representado en Castillo.

Lo cierto es que el gobierno de Castillo estuvo muy lejos de las de por sí moderadas expectativas de los sectores populares. De hecho, en abril de este año estallaron una serie de protestas contra el gobierno por los aumentos de combustibles, que fueron reprimidas por la policía. El rumbo económico del gobierno en el año que estuvo en el poder nunca estuvo demasiado claro. Lo único cierto es que no resolvió ninguna de las demandas populares de las que se había hecho eco en la campaña electoral.

Sin embargo, tras la destitución y detención de Castillo, las protestas y la bronca popular estallaron en todo el país. El eje motivador no es tanto el apoyo a Castillo -que de todos modos subsiste en algunos sectores- sino el rechazo al golpismo.

Al estar tan identificado con el fujimorismo, es al propio parlamento contra el que se dirige el hartazgo popular. Es decir, a todo el régimen político, al tratarse del principal poder del país.

Este descontento hacia todo el régimen ya se había expresado en 2020, en una serie de movilizaciones que derivaron en la caída del gobierno de Manuel Merino. Miles de jóvenes y trabajadores salieron a la calle a denunciar la ilegitimidad del gobierno y expresando su rechazo a toda la clase política. Merino estuvo solo cinco días en el poder, luego de que el parlamento haya destituido al presidente anterior, Martín Vizcarra, por inhabilidad moral, quien a su vez había asumido ya por la renuncia del presidente anterior, Pedro Pablo Kuczynski.

El golpe contra Castillo es un capítulo más en la crisis sin fin de Perú, de la cual puede ser fundamental el papel que jueguen las actuales movilizaciones contra el golpismo. Sin la reacción de la clase trabajadora contra el golpe, la destitución de Castillo parecía dirigir de manera segura a la llegada de Keiko Fujimori, quien ya está presionando para un pronto llamado a elecciones. Ahora, el extremadamente débil gobierno de Dina Boluarte -cuyo único sostén es el apoyo circunstancial del fujimorismo y el reconocimiento internacional- tendrá que capear la crisis, mientras intenta aplacar mediante la represión la movilización popular.

Lo que es seguro es que ningún sector capitalista de la política peruana puede ofrecer una salida progresiva para la crisis. Sólo la movilización popular puede mostrar una salida, que implica derrotar el golpe y a la derecha, y así abrir un camino independiente.

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