En aquella ocasión, los opositores buscaban una candidatura común para conquistar por primera vez en la historia una mayoría opositora en las elecciones hongkonesas. En 2019 habían logrado la mayoría en las elecciones municipales, un antecedente que planteaba elementos de realidad en el objetivo fijado. Se estima que en ellas participaron unas 600.000 personas, casi el 10% de la población de Hong Kong.

Las elecciones municipales del 2019 estuvieron cruzadas por un fuerte proceso de movilizaciones que rechazaba una ley de mayor injerencia del gobierno continental sobre Hong Kong. El frente «pro democracia» logró capitalizar ese descontento para lograr la mayoría en las municipales.

El movimiento en cuestión fue abruptamente desarticulado el día después de sancionarse la Ley de Seguridad Nacional, con 300 detenciones en tan solo 24 horas. Algo similar sucedió con las primarias del 2020. Ya antes de realizarse, Pekín había advertido públicamente que las primarias constituían «una grave provocación contra el sistema electoral actual». Y que intentar «tomar el control» del Parlamento hongkonés era una violación a la Ley de Seguridad Nacional por parte de la oposición hongkonesa.

Ahora Pekín lleva a juicio a los 47 opositores bajo el imperio de dicha ley. Los cargos concretos son de «conspiración para subvertir el poder del Estado». Según la Fiscalía hongkonesa, la intención de la oposición era «paralizar» el gobierno de Hong Kong mediante «un plan vicioso». «Este caso implica a un grupo de activistas que conspiraron juntos y con otros para planificar, organizar y participar en interferir gravemente, perturbar o socavar el cumplimiento de deberes y funciones (…) por medios ilícitos con vistas a subvertir el poder del Estado» dijo en el alegato inicial Anthony Chau, el fiscal a cargo.

«Entre los 47 imputados hay figuras prominentes de la resistencia democrática en Hong Kong, asfixiada tras la férrea ejecución de la normativa de seguridad aderezada con el largo periodo de aislamiento pandémico: Wu Chi-wai, de 60 años, ex secretario general del Partido Demócrata; Gwyneth Ho, de 32, una reportera que estuvo documentando las protestas de 2019 en primera línea; Au Nok-hin, de 35 años, organizador de la convocatoria electoral; Benny Tai, de 58, uno de los ideólogos de las movilizaciones que dieron pie a la llamada protesta de los paraguas de 2014, además de promotor de las primarias; o el destacado activista Joshua Wong, de 26» (El País, 7 de febrero).

De los 47 acusados, 34 permanecen detenidos desde enero de 2020. 31 de ellos se declararon culpables antes de comenzar el juicio, algo que muchos analistas atribuyen a las presiones de una larga reclusión en condiciones difíciles de determinar a la distancia.

El juicio que acaba de comenzar marcará un hito en la historia política de Hong Kong y repercutirá necesariamente sobre su futuro inmediato. La Ley de Seguridad Nacional prevé penas de prisión perpetua para quienes realicen actividades «terroristas», «sediciosas» o «subversivas». Pekín la sancionó explícitamente para ponerle un punto final a la conflictividad social y política en Hong Kong, que viene en ascenso por lo menos desde 2014 y sólo se vio interrumpida con la ayuda de la pandemia y las represivas cuarentenas del gobierno de Xi Jinping.

Para el sector «pro democracia», la Ley implica una violación a las libertades democráticas especiales que existen en Hong Kong y no en el resto de la China continental.