• La propiedad privada de las vacunas contra el Covid-19 al servicio de las ganancias de un puñado de monopolios farmacéuticos constituye una afrenta política y moral contra el derecho a la salud de todas la humanidad. En épocas de crisis como la actual pandemia, sale a la luz la podredumbre del sistema capitalista.

Renzo Fabb

Ante ciertas situaciones de crisis social, cuando están en juego los derechos y la vida de millones de personas, cuando todo el mundo discute qué salidas se nos ofrecen ante un problema de escala global como es la pandemia, es entonces cuando salen a la luz contradicciones que estuvieron allí todo el tiempo, pero que sólo en esas situaciones límite se dejan ver con más claridad.

Es cuando lo que en épocas de estabilidad parece lo «natural», lo cotidiano, lo normal, en épocas de crisis todo se cuestiona. Y eso es lo que está ocurriendo con la propiedad privada, en el caso de las vacunas y sus patentes. Hoy por hoy, es evidente que constituyen una traba que impide que el proceso de vacunación a nivel mundial sea rápido y efectivo. De repente, el sacrosanto derecho a la propiedad privada capitalista muestra su verdadera cara: el de ser el derecho de la clase capitalista de lucrar con las necesidades de las grandes mayorías.

Por eso, el reclamo por la liberación de las patentes está creciendo a nivel global, no sólo en la opinión de millones de personas, sino incluso de organizaciones políticas, personalidades de la cultura, ONGs y hasta algunos gobiernos. Es que cada vez son más los que entienden que esa es la única forma de terminar lo más rápido posible con la pandemia.

La mano (muy) visible del mercado… y el estado

Cuando a mediados de 2020 se empezaron a conocer los primeros anuncios sobre los desarrollos exitosos de vacunas contra el coronavirus, lógicamente la noticia se celebró a nivel mundial. Pero en el marco de la sociedad capitalista, toda «buena noticia» que provenga de los sectores del poder político y económico hay que mirarla de reojo: significa que alguien está aplicando la máxima que guía la acción de las clases dominantes: «allí donde haya una necesidad, habrá un posible negocio».

Y en efecto, con el correr de los meses las vacunas comenzaron a salir al mercado y empezaron a ser adquiridas por muchos países, aunque con una desigualdad inmensa entre los países ricos y pobres.

Al día de hoy, las vacunas que existen para combatir el Covid-19 pueden contarse con los dedos de la mano. Algunas pertenecen a  grandes corporaciones privadas, como la de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson o AstraZeneca. Otras fueron desarrolladas por laboratorios estatales, como la Sputnik V (Rusia) o la Sinovac y Sinopharm (China).

Aunque existen en el mundo otras en desarrollo, estas siete vacunas constituyen hoy la aplastante mayoría de la provisión mundial. Es decir, son muy pocos los fabricantes y todas tienen algo en común: están patentadas, y por lo tanto «tienen dueño». Que el dueño sea una empresa privada o un ente estatal no cambia el fondo del asunto: su producción y comercialización está sometida a lo que sus propietarios quieran hacer con ella. Y lo que quieren hacer son negocios o política, o ambas.

En el decálogo de lugares comunes de la ideología capitalista la idea de que el mercado es por sí solo eficaz para satisfacer las necesidades sociales ocupa un rol central. La lógica sería que, guiado por la ley de oferta y demanda, ante la necesidad acuciante de toda la humanidad de terminar con la pandemia, el mercado debería girar masivamente a producir vacunas para vendérselas a todo el mundo. Por eso, en teoría, el mercado debería estar interesado en que todo el mundo tenga su vacuna. En teoría.

Pero «el mercado» así presentado es una abstracción. Lejos de ser «el edén de los Derechos Humanos innatos» (como lo llamaba irónicamente Marx) en él entran en contacto voluntades que no son iguales: la de los que poseen los grandes medios de producción (en este caso, los laboratorios) y la de los que no los poseen, es decir, la del resto de los mortales. Los primeros (que por definición son una minoría, cosa que se cumple en el caso de los productores de las vacunas) tienen la capacidad de ponerle las condiciones a los segundos.

¿Y qué condiciones quieren? Evidentemente, aquellas que les garanticen los mayores beneficios. Eso explica que los grandes laboratorios prefieran venderle vacunas a los países más ricos, que pueden comprarles muchísima más cantidad y a mejor precio que países con menos recursos. De hecho, países como EEUU compraron tantas vacunas que tienen de sobra, y no saben qué hacer con ellas. Mientras que en el resto del mundo son un bien escaso, y los muertos se siguen acumulando. Pero eso a los laboratorios no tiene por qué importarles, según la lógica capitalista, ya que sólo se mueven por su propio interés privado. Esa es la podredumbre moral a la que conduce las leyes del mercado capitalista.

Del mismo modo, los laboratorios obligan a los países que quieren comprarles vacunas a acuerdos de confidencialidad para que no sean de público conocimiento los montos, los plazos ni las condiciones de entrega y uso de las vacunas adquiridas. Es decir que en el medio de la peor crisis sanitaria que vive el mundo en más de 100 años para la inmensa mayoría de la humanidad es un secreto cómo vamos a salir de ella. Como si esto fuera poco, algunas empresas -como la norteamericana Pfizer- obligan a incluir en sus contratos cláusulas que prohíben donar las vacunas a otros países, para que nadie pueda tener acceso gratuito a su vacuna. ¡Un humanitarismo encomiable en medio de una pandemia por parte de «el mercado»!

Concentración

Pero además de la discrecionalidad absoluta de los laboratorios a la hora de poner condiciones para el acceso a las vacunas, el problema de su patentamiento está en relación directa con la concentración de vacunas en pocas manos, lo que a su vez repercute en una enorme limitación en la cantidad de dosis producidas.

Hay datos que resultan ilustrativos de cómo el sistema de patentes privadas está en relación directa con la producción limitada y la extensión de la pandemia en el tiempo. Uno de ellos es el de la concentración de la producción en un pequeño puñado de países. Según la OCDElos 10 principales países exportadores de vacunas (aquí se cuentan todas las vacunas y no sólo las que inmunizan contra el Covid-19) concentran el 90% del valor total de las exportaciones mundiales de vacunas, y el 83% en términos de volumen. Mientras tanto, prácticamente todos los países del mundo son importadores de vacunas.

Porcentajes similares se obtienen si se observa específicamente la producción mundial de vacunas contra el Covid-19. Hasta marzo de 2021, los cuatro mayores productores representan el 86% de la producción mundial: China, Estados Unidos, Alemania e India, en ese orden.

Otro dato es aun más significativo sobre los ritmos de vacunación contra el coronavirus en el actual esquema de patentes privadas. Según un informe de la consultora AirFinity, en 2020 se proyectó producir 837 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19, pero sólo se terminaron produciendo 31 millones, es decir, un 96% menos de lo esperado.

Mientras tanto, en el estudio también se elabora una proyección sobre la cantidad de dosis necesarias para alcanzar la inmunidad de rebaño a nivel global. Se estima que se necesitarán producir unas 11.540 millones de dosis para lograrlo (calculando dos dosis por habitante). Hasta marzo de este año, por ahora sólo se produjeron 413 millones de dosis en el mundo (lo que equivale a un 3,57% de lo requerido), por lo que el ritmo actual es ridículamente lento. Estos datos encajan con el relevamiento que hace el sitio Our World in Data, que estima que apenas el 7,70% de la población mundial recibió al menos una dosis al día de hoy.

El caso argentino

Ya hemos tratado en otras notas de este portal la situación en Argentina, aquí sólo destacaremos los aspectos que nos parecen más importantes.

Argentina es uno de los países donde se producen vacunas, puntualmente la de AstraZeneca, en el laboratorio propiedad de Hugo Sigman. Y se espera que este año comience también la producción de la Sputnik V a cargo de Laboratorios Richmond, aunque esto aun debe confirmarse.

El caso argentino es bastante ilustrativo del obstáculo que significan el sistema de patentes y de propiedad intelectual de las vacunas. En nuestro país, el laboratorio mAbxcience produce 30 millones de dosis por mes de la vacuna de AstraZeneca, pero entrando en mayo, el país aun no recibió ni una sola, y el ritmo de vacunación está por detrás de los demás países de la región.

En su momento Sigman aclaró que la vacuna no le pertenece, sino que en su laboratorio sólo se produce el principio activo. Además, Sigman argumentó que en Argentina no cuenta con capacidad instalada para el proceso total de fabricación de la vacuna. Pero este argumento fue rápidamente desmentido cuando se anunció la producción, fraccionamiento y envasado de la Sputnik a cargo de Richmond.

El hecho es que hasta el día de hoy Argentina no ha podido contar con ni una de las vacunas que se producen aquí mismo. AstraZeneca prometió que llegarán recién las primeras a mediados de este mes, a pesar de que el Estado Argentino ya pagó el 60% del monto del contrato.

Contrato, dicho sea de paso, que incluye varias cláusulas de confidencialidad como de las que hemos hablado más arriba. Esto es común a todos los acuerdos que firmó Argentina y no sólo al de AstraZeneca. Hace unos días, el portal ElDiarioAr solicitó al Ministerio de Salud la información de compra, montos, plazos y cantidad de dosis involucradas en los contratos ya firmados, pero la respuesta fue tajante: si se desclasifican los contratos, dejan de llegar vacunas. ¿Cómo se puede naturalizar que ante una pandemia debemos estar a merced de los caprichos de un puñado de monopolios?

Además, que un país como Argentina tenga la capacidad de fabricar estas vacunas desmiente el típico argumento que tanto Sigman como los voceros de los laboratorios repiten en todo el mundo: producir vacunas es difícil, muy pocos países tienen la capacidad de hacerlo. Pero Argentina (sin ser de los países más pobres, claro está) está muy lejos de ser una economía desarrollada similar a los países del centro capitalista. Sin embargo ya se produce masivamente una vacuna y estamos en camino de producir otra.

Como país soberano, Argentina tiene la potestad de suspender las exportaciones del principio activo que produce Sigman para con él fabricar vacunas para Argentina. De hecho, es lo que acaba de decidir India ante la gravísima situación de la segunda ola en ese país, que es a la vez uno de los mayores productores mundiales de vacunas y el actual epicentro global de la Pandemia.

Un reclamo que crece en el mundo

Las grandes farmacéuticas tienen la suficiente capacidad de hacer lobby como para que cada tanto aparezca alguno de sus voceros pagos a decir que liberar las patentes no solucionará nada. Pero se ven en la necesidad de hacerlo ante un reclamo que crece en todo el mundo: liberar ya mismo las patentes para que todo país que tenga la capacidad pueda poner a producir vacunas contra el Covid-19 y de esa manera avanzar rápidamente con la inmunización.

La situación es tan desesperante que hasta más de 100 países han firmado un documento impulsado por Sudáfrica e India que exigen a la OMC la suspensión temporal de las patentes de las vacunas. Es que incluso siendo Estados capitalistas que no cuestionan la propiedad privada como tal, la brutal desigualdad en el reparto mundial de las vacunas los pone en una posición de tener que exigir al menos la suspensión de las patentes.

A este reclamo de más de 100 países se han sumado organizaciones no gubernamentales de peso internacional, como Médicos sin Fronteras y Amnesty. Ganadores de Premios Nobel, personalidades políticas y de la cultura también se han manifestado al respecto.

Esta presión mundial ha llegado incluso a la Casa Blanca. Los voceros de Biden han afirmado que se está «evaluando» la posibilidad de una suspensión temporal de las patentes. Mientras tanto se acumulan los fallecidos por coronavirus, así como las ganancias de las corporaciones farmacéuticas.

Las patentes y los derechos de propiedad intelectual de las vacunas chocan de frente con la imperiosa necesidad de terminar cuanto antes con la pandemia. Mientras las vacunas sigan siendo una mercancía producida con el sólo fin de obtener ganancias, no habrá para todos a tiempo suficiente, seguirán surgiendo nuevas cepas del virus y la pandemia continuará más de lo esperado. Los recursos y la tecnología para incrementar masivamente su producción existen, pero la propiedad privada capitalista es una traba para ponerlos a disposición de toda la sociedad.

Las patentes deben liberarse inmediatamente para que todos los países del mundo con la capacidad para hacerlo puedan producir vacunas masivamente. Los laboratorios privados de los dueños de las patentes o que producen para ellos deben ser declarados de utilidad pública y puestos en manos del Estado, controlados por sus propios científicos y trabajadores.

La destrucción del planeta producida por el capitalismo generó la pandemia, y ahora el propio capitalismo busca hacer ganancias con ella. Para liberarnos de la pandemia hay que a su vez liberarnos de la podredumbre del sistema capitalista.

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