• Este martes la subsecretaria de salud pública de Chile Paula Daza informó –en una polémica declaración de prensa- de la detección de la nueva variante de covid-19 en Chile.

Fernando Pérez Rojas

Mientras en el mundo hace ya un par de semanas se encendían las alarmas por la nueva cepa del SARS-CoV2, denominada VUI 2020 12/01 (por sus siglas en inglés “variante en investigación, año 2020, mes 12, variante 01”), informada por las autoridades británicas a la Organización Mundial de la Salud el pasado 14 de diciembre, en Chile el gobierno de Sebastián Piñera no estableció ninguna medida efectiva que pudiera evitar su llegada al país.

Así fue como el pasado 22 de diciembre arribó al aeropuerto internacional de Santiago una chilena proveniente de Madrid, que había estado previamente en Dubai y Londres, y que finalmente se trasladaría al sur del país, Temuco. La cual fue notificada el 23 de diciembre de su diagnóstico positivo de covid-19.

Según lo informado por las autoridades británicas la cepa detectada supone un aumento estimado entre 40% y 70% en la transmisibilidad. De hecho, la detección se realizó en el marco de una investigación epidemiológica y virológica iniciada a principios de diciembre, debido a un aumento significativo de los casos de covid-19 en el sudeste de Inglaterra, donde la tasa de notificación se triplicó entre el 5 de octubre y el 13 de diciembre.

Antes de su llegada al país, la nueva variante ya había sido detectada en varios países, entre ellos Australia, Dinamarca, Italia, Islandia y los Países Bajos. Por lo que era, a todas luces, evidente la necesidad de que las autoridades locales tomaran medidas eficaces para evitar su diseminación a nivel local, como la suspensión de los vuelos internacionales, o al menos una cuarentena obligatoria a los migrantes internacionales.

Considerando además el que ya se venía registrando un alza sostenida de casos positivos en la Región Metropolitana, que había obligado a las autoridades a decretar un retroceso a fase 2 en el plan paso a paso, estableciendo medidas mínimas de restricción como cuarentenas de fin de semana y la prohibición de los viajes interregionales, el riesgo de que llegara la variante al país representaba un alto riesgo en términos sanitarios.

Sin embargo, tal como venía siendo la orientación de la política sanitaria, el gobierno priorizó la economía por sobre la salud de la población, manteniendo abiertos el aeropuerto internacional, los centros comerciales, y el funcionamiento de todos los servicios no esenciales, que en nada han contribuido a la disminución de casos notificados.

De nada sirven las medidas que solamente apuntan a la restricción de las libertades democráticas, como la extensión del toque de queda, que solamente sirve para aumentar la represión a las manifestaciones.

Para evitar que la situación del país llegue a una situación crítica, resulta imprescindible el que se establezca una cuarentena con garantías, que implica la suspensión de los trabajos no esenciales con un ingreso de emergencia (de al menos 500 mil pesos) para que las y los trabajadores puedan cuidar su salud sin perjudicar sus condiciones de vida.

Eso solo puede lograrse si los sectores organizados de la clase trabajadora hacen suyo este reclamo, exigiendo en los lugares trabajo, y mediante la huelga general, el que se implemente esta medida, para que la vida humana valga más que la economía capitalista.