La condena a Cristina Fernández: lawfare, proscripción y corrupción

¿Puede un poder no elegido por nadie decidir quién puede o no puede ser candidato? Evidentemente sí…

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Cuando la derecha usa la palabra “república” lo hace en oposición a “democracia”. Quieren leyes e instituciones por encima de la decisión y la voluntad de la gente. Que la gente pueda votar, sí; pero solamente lo que es “respetable”. Es decir, lo que sea aceptable para una franja específica de la clase dominante argentina, la más poderosa.

Cristina Fernández no es la “abanderada de los humildes” que el peronismo vende. Ha demostrado ser la mejor defensora del capitalismo argentino en más de dos décadas, mucho más eficiente que cualquier “neoliberal”.

Pero para que pueda cumplir ese rol fueron necesarias una serie de instituciones y concesiones a las mayorías populares que un sector de la clase dominante quiere sacarse definitivamente de encima. Los sindicatos, la protesta permanente, los movimientos sociales, funcionarios no lo suficientemente serviles… Todo eso es intolerable desde hace mucho tiempo. Si al principio “el campo”, Clarín, la derecha tradicional vieron con buenos ojos al kirchnerismo por lograr estabilizar la Argentina post 2001; se convirtieron en sus enemigos declarados en el 2008, con el conflicto de “la 125”.

Millones creen que CFK es su bandera, la representante de sus derechos. No hay otra manera de sacarlos de esa idea que con el convencimiento. Los jueces que la condenan quieren hacer las cosas de otra manera, es mucho más simple si simplemente no puede ser votada. Así, el “Poder Judicial” quiere ser esa “república”, la de las leyes e instituciones que están por encima de la “democracia”.

La condena no es solamente contra ella, es el cercenamiento del derecho a votarla de sus millones de simpatizantes.

La situación judicial y las elecciones del 2023

La “Causa Vialidad” investiga 51 licitaciones en la provincia de Santa Cruz durante los años en los que CFK ocupó la Casa Rosada. El fiscal intentó acusar a la vicepresidenta de encabezar una “asociación ilícita” que se habría hecho con el poder con el solo objetivo de robarle al Estado, cosa que no prosperó en la condena.

Según la acusación, redirigieron contratos en obras viales para beneficiar a los afines que habrían sido licitadas son sobreprecios, quedado incompletas o que incluso habrían sido innecesarias. El principal beneficiario habría sido el ya condenado y preso Lázaro Báez.

La criminalidad de los desvíos de fondos, de la evasión impositiva y de las cuentas en paraísos fiscales de Lázaro Báez a esta altura no es cuestionada ni por el mismísimo Página 12. Las pruebas son simplemente abrumadoras. El lavado de dinero por el que se lo condenó simplemente existió.

En las resoluciones de la causa, el Tribunal que condenó a Báez acuerda en que el delito existió, pero no en el origen de los montos millonarios involucrados. Durante años intentaron que Báez involucre de manera directa a la ex pareja presidencial sin éxito, no pudieron probar que esos millones provengan de la corrupción en la obra pública de Santa Cruz.

Sin embargo, las relaciones entre Báez y la familia Kirchner tampoco pueden ser negadas. El empresario fundó su compañía Austral Construcciones en 2005 y en pocos meses multiplicó su fortuna en torno de los negocios de la obra pública de manera fabulosa. En los años subsiguientes, obtuvo el 82% de las licitaciones de obras del Estado en Santa Cruz y el 12% de las realizadas por el Ministerio de Planificación a cargo de Julio De Vido. Sus contratos fueron por 4000 mil millones de pesos con el Estado y por 1200 millones con Santa Cruz en los años del 3 a 1.

A pesar de la indiscutible corrupción de personajes como Báez, De Vido, Cristóbal López o Boudou; realmente hay que tener pocos deseos de pensar para no darse cuenta de la notoria unidireccionalidad de las causas judiciales y los escarnios mediáticos. Las furibundas campañas ideológicas en torno a estos casos intentan instalar una sola y simple idea: la corrupción es responsabilidad solamente de un grupo específico de funcionarios, que habrían llegado al poder con ningún otro objetivo más que “robarse todo”. El “populismo” no es más que una excusa para robar, es necesario un gobierno de “gente de bien” (de esos que le generan simpatías a la clase media alta conservadora, como Macri) y se terminaron los problemas.

La condena y la campaña ideológica contra el “populismo” banaliza la política y los debates ideológicos. Reduce todo a la “corrupción”, de un lado, y la “gestión” del otro, que siempre es de derecha.

Pese a todo, la condena a Cristina por el momento es “moral”, intenta liquidar su carrera política pero judicialmente todavía no puede ser implementada. La resolución del Tribunal Oral Federal 2 todavía no está firme. Hay dos instancias de apelación pendientes: en la Sala IV de la Cámara de Casación Penal y, luego, la mismísima Corte Suprema. La defensa de la ex presidenta podrá interponer una primera apelación recién en marzo. Y ni Casación y el supremo tribunal tienen ningún plazo en el que deban resolver nada. Pueden pasar incluso años antes de que la condena quede firme o sea finalmente rechazada. Legalmente hablando, Cristina debería poder presentarse a elecciones el año que viene.

¿Por qué entonces anuncia que no se presentará? Es, fundamentalmente, una decisión específicamente política. El gobierno capitalista que viene, sea o no peronista, implementará un ajuste mucho más duro que el actual. Y el kirchnerismo no tiene programa alternativo, no quieren ser gobierno para tener que implementar un ajuste brutal y antipopular. CFK quiere que alguien más haga el “trabajo sucio” e intentar luego regresar como la única capaz de estabilizar las cosas después de que millones hayan sido lanzados a la miseria… sin su oposición efectiva.

La obra pública, la corrupción y la “patria contratista”

En general, todas las dependencias estatales vinculadas a la obra pública son nidos de corrupción. Ni hablar del Ministerio de Planificación, la más importante de todas. Desde allí es que se ejecutan las principales obras de infraestructura que hacen la base de la economía de cualquier país capitalista: caminos, transportes, electricidad, gas, etc. Los emprendimientos de ese tipo son en general tan enormes que tienen una fuerte tendencia al monopolio; las más grandes empresas y el Estado (que tiende a funcionar como una empresa más), asociados, son las únicas en condiciones de llevarlos a cabo. Como las ganancias no compensan lo invertido sino a mediano o largo plazo, como los requerimientos de inversión son muy grandes, este es un terreno de la economía que muy difícilmente pueda ser dejado en manos del “libre mercado”; la asociación con el Estado es lo que lo hace “rentable”.

Hablemos del mecanismo más común de la corrupción: los “sobreprecios”. Técnicamente, las obras las emprende el Estado con su presupuesto. Las “licitaciones” implican que el Estado pide a varias empresas que expidan un presupuesto para su realización y aquél decide a quién se la adjudica. Es el mecanismo típico del “capitalismo de amigos”; casi siempre quien “gana” la licitación es “amigo” de quien está del otro lado del mostrador. No hay ni una sola comilla de más en la oración anterior. Supongamos que el Estado inicia la construcción de una ruta, cuyo presupuesto real sería de unos 17 millones de dólares. Entre amigos, el fraude es más que simple. En acuerdo con uno o más funcionarios, un empresario presenta un presupuesto inflado de 25 millones, el Estado lo acepta y adjudica a ese “emprendedor” el pago de la suma de 25 millones. Con la ayuda de un contador, se dibujan los números y todo resuelto. La construcción se hace por un monto de 17 millones mientras empresarios y funcionarios se quedan con el “vuelto” de los 8 millones restantes. “Cuentas claras conservan la amistad” es un refrán que sirve en todos los niveles sociales.

Nuestro ejemplo es más que modesto y simple. En general, se usan mecanismos de fraude muy refinados y las cifras son mucho más altas. Ya hemos visto que los negocios de Báez con el Estado involucraron en total más de 4 mil millones de pesos en la época en que la moneda argentina equivalía a 3 dólares. Nuestros hipotéticos apropiadores de 8 millones quedan así como simples amateurs.

En este terreno es en el que queda al descubierto uno de los más marcados rasgos del capitalismo parasitario.

Verdaderamente, no sentimos ningún deseo de defender a los funcionarios kirchneristas: un caso emblemático es la causa por los muertos de Once. Todos sabemos que la mayoría de los (ex) transportes públicos, sobre todos los ferrocarriles, han sido adjudicados a diversas empresas desde el menemismo. En general, las empresas de transporte, luz, YPF en la época de REPSOL, etc, se han caracterizado por la sistemática desinversión y el vaciamiento. Quedándose con los jugosos subsidios estatales, los empresarios han logrado que los servicios públicos vayan de mal en peor. El caso de la “tragedia de Once” en 2012 es paradigmático: el “accidente” fue un crimen social. Al tren no le funcionaban los frenos, dejando decenas de muertos. Fue producto del enriquecimiento a costa de no invertir. Los K no cambiaron casi nada de este esquema heredado de los 90. De hecho, en este terreno es que su gobierno mostró algunos de sus rasgos más reaccionarios. Para salvar a funcionarios y empresarios, buscaron culpar al maquinista.

Ahora bien, podríamos preguntarle al macrismo, que se embandera en la “transparencia”: ¿y por casa cómo andamos? Son muchos los funcionarios de Juntos por el Cambio que están vinculados a estos fraudes. Pero para no extendernos demasiado en los muchos y variados vínculos de diversos funcionarios a todo esto, podemos centrarnos en el caso más importante, el más representativo: el de la propia familia Macri. El grupo Macri, Socma, es uno de los más fuertemente vinculadas a la obra pública desde la dictadura. El enriquecimiento familiar del que el propio expresidente es hijo está salpicado de escándalos hace décadas.

Es difícil enumerar la cantidad de logros que ha tenido la familia Macri, verdadero ejemplo de triunfo empresarial producto del esmero. La cantidad de fraudes de los que son autores deben realmente haberse hecho con mucho esfuerzo. Si en 1973 el grupo Socma contaba con 7 empresas, hacia el final de la última dictadura militar eran ya dueños de 47. En 1982, la dictadura estatizó la deuda privada de varios personajes archi-ricos. El conjunto del pueblo argentino tuvo que hacerse cargo de una deuda de 124 millones de dólares de los Macri. En 1995, la DGI los denunció por una evasión impositiva de 55 millones. Sus denuncias de fraudes en la obra pública son casi incontables.

Con la privatización del Correo Argentino, Menem adjudicó la empresa a (adivinen) los Macri. El contrato estipulaba que la empresa debía pagar un canon de más de 100 millones de pesos anuales al Estado. Socma, con esa honestidad que lo caracteriza, simplemente dejó de pagar, acumulando una deuda de cientos de millones de pesos (iguales a dólares por esos años). Entre el 2003 y el 2017, esa deuda siguió ahí, sin que nadie insistiera mucho para que Socma se hiciera cargo de sus pasivos con el Estado. Como es sabido, ese año Macri intentó desde la posición de presidente que la deuda de algo más de 250 millones de pesos/dólares fuera pagado, 15 años después, por lo que numéricamente se debía. El problema es que habíamos pasado de un dólar igual a un peso, a un dólar igual a más de 17 pesos. Eso significa que el expresidente hizo un humilde intento de que el emprendimiento familiar pagara una décimoséptima parte de lo que debe. Las espurias cuentas en Panamá son otro escándalo demasiado conocido para extendernos en él.

Hay un caso de corrupción masiva bajo el macrismo que notoriamente no tuvo casi impacto mediático: el “blanqueo” de capitales por parte de gente muy cercana al entonces presidente. Digamos sin vueltas de qué se trató el “blanqueo”: los empresarios pudieron “legalizar” plata que tenían escondida a las miradas del Estado, sin castigo ni multa de ningún tipo. Gianfranco Macri, hermano de “Mauricio”, “blanqueó” 622 millones de pesos. Calcaterra y Caputo, muy cercanos a la familia Macri,ambos vinculados a la obra pública, blanquearon 44 millones y 26,5 millones respectivamente. En su primera conferencia de prensa después de las elecciones de octubre de 2017, Macri reconoció abiertamente el ingreso de su hermano al blanqueo. Con el triunfo electoral, se sintió completamente impune de reconocerlo. Esas declaraciones deberían ser recordadas como el día en que un presidente reconoció su propia corrupción con una impunidad insólita y una gran sonrisa en la cara.

La corrupción y el enriquecimiento ilícito no son, insistimos, patrimonio exclusivo de ninguno de los últimos gobiernos argentinos, ni del kirchnerismo ni del macrismo.

Cuando salió a la luz la “Causa de los Cuadernos”, los grandes empresarios de la construcción desfilaron por los tribunales y los medios como “arrepentidos” y denunciaban haber sido extorsionados por el gobierno kirchnerista para participar de los fraudes al Estado. A los periodistas de los grandes medios no se les ocurría preguntarles si pensaban devolver el dinero ganado por haber sido “extorsionados”, simplemente les alcanzaban un pañuelo y los consolaban en su llanto.

Quien fuera presidente de la Cámara de la Construcción durante ese período (Carlos Wagner) dijo algo bastante más cierto que las declaraciones de las filas de “arrepentidos”: “Las empresas se reunían en los lugares establecidos y determinaban el ganador de la licitación en función de su interés por la obra y del volumen de trabajo que tenían. Una vez adjudicada la obra, el compromiso era abonar para gastos políticos, para necesidades políticas, el anticipo que estaba establecido en los pliegos”. Y más adelante: “A ellos [gobierno] no les interesaba qué empresa ganara, sólo que se haga bien el trabajo adjudicado y que pagaran el dinero comprometido […]. Deducidos los impuestos, el compromiso era entregar la totalidad restante del anticipo financiero a modo de retorno [entre el 10% y el 20%]”.

Entre esos empresarios se encontraban algunos de los nombres más respetables y aristocráticos de la historia del empresariado argentino: Ángelo Calcaterra (primo de Macri y dueño de Iecsa hasta el año pasado), Javier Sánchez Caballero (ex CEO de Iecsa), Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux), Héctor Zabaleta (ex director de Techint), Armando Loson (Albanesi), Jorge Neyra (Electroingeniería), Claudio Glazman (Soc Latinoamericana), Carlos Wagner (Esuco) y Roggio, Juan Chediak (Chediak), Gabriel Romero (Grupo Romero). Esas familias son parte inseparable de la historia del capitalismo argentino, y no como notas al pie.

La “patria contratista”, su corrupción y sus negocios, son parte intrínseca del propio capitalismo. La ideología de su enriquecimiento por el esfuerzo, que son víctimas del fisco y del Estado, no es más que un relato para engañar incautos.

El Estado es “la junta que administra los negocios comunes de toda la burguesía”, dijo Karl Marx, y en la obra pública de todos los países del mundo es uno de los aspectos en los que queda plenamente confirmada esa brillante definición. La sociedad capitalista se basa en unos pocos haciendo negocios a costa de las amplias mayorías, la clase dominante gobierna a través de sus funcionarios, éstos son los guardianes y guías de una sociedad basada en esos pilares: ¿quién podría pensar que no hagan todo lo posible para quedarse con su parte? Después de todo, es lo mismo que hace día a día la clase a la que representan.

Lula y Cristina: similitudes y diferencias

No es un secreto para nadie cómo se forjó por años el triunfo de Bolsonaro en las elecciones del 2018. La movilización de derecha puso en jaque al gobierno, al que finalmente logró derrocar en 2016. El PT había sido desalojado del poder y su principal representante, Lula, estaba preso. Por esos años, la desmoralización y desmovilización de la clase trabajadora, su decepción y hasta hostilidad por sus viejas organizaciones, la llevaron a una verdadera derrota. Eso está lejos de haber pasado en Argentina.

El término “Lawfare” se popularizó en los últimos años entre los analistas “progres” de la región. Se trata de un método ampliamente usado para saldar cuentas con los funcionarios de los gobiernos “progresistas”.

En Brasil, los jueces lograron primero acabar con el gobierno de Dilma Rousseff y luego poner en la cárcel a Lula por la causa Lava Jato. La unilateralidad de los jueces fue evidente. Sin pruebas reales en su contra, metió preso a Lula para asegurarse de que no pudiera convertirse en candidato a pesar de que todas las encuestas lo daban como amplio ganador. El funcionario más manchado por el escándalo de corrupción masiva fue Michel Temer. Es decir, mientras un corrupto demostrado era convertido en el presidente que nadie había votado gracias a las causas judiciales, Lula entraba a la cárcel e inhabilitado para ser candidato. De esa situación logró sacar provecho Bolsonaro y se alzó con la presidencia a fines del 2018.

Cristina aspira, precisamente, a poder hacer lo que Lula hizo. Volver al poder después de que otros hayan hecho el ajuste. Pero, por supuesto, no quiere hacerlo teniendo que pasar primero por la cárcel.

Las similitudes son evidentes, pero también lo son las diferencias. El peronismo no solo no fue arrojado del poder antidemocráticamente sino que hoy lo ejerce. El PT, al lado de la “organicidad” estatal del peronismo, no es más que una caricatura. El PJ tiene en sus manos una tupida red de poder propio con el que el petismo nunca pudo soñar: gobiernos provinciales y municipales, sindicatos, movimientos sociales, jueces, etc. Los gobiernos de Lula y Dilma, para gobernar, tuvieron siempre que hacer pactos con otros partidos políticos que controlaban esos resortes del poder.

El arrinconamiento del petismo entre los años 2014 y 2022 está lejos de ser la situación del peronismo argentino. Hoy, son ellos quienes comandan el ajuste y las relaciones con el FMI. Pero el contenido de las cosas es el mismo: los jueces argentinos quisieran poder condicionar la “democracia” como lo hicieron sus pares brasileros.

Por eso, es un deber de la izquierda rechazar este ataque a los derechos democráticos de millones de personas. Un juez no puede poner candidatos a dedo.

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