India: Furia obrera en una fábrica proveedora de Apple

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  • El hecho sucedió en la noche del sábado 12 de diciembre cuando, según coinciden las fuentes, la amplísima mayoría de los 2.000 trabajadores del turno noche de la fábrica de iPhones de Wistron Infocomm desataron su furia ante la falta de pago de sus salarios, con un atraso que llevaba más de tres meses.

Marcelo Yunes

La noticia en sí no parece algo como acaparar los titulares: una fábrica de iPhones en India fue saqueada por sus propios trabajadores en repudio a atrasos sistemáticos del pago de sus salarios. Pero, como veremos enseguida, esta acción de lucha–que algunos medios interesadamente vendieron como simple hecho policial– es altamente ilustrativa y sintomática de contradicciones y líneas de falla de la sociedad india que vale la pena empezar a conocer. Parados desde América Latina, parece algo muy lejano no sólo geográfica sino culturalmente. Sin embargo, es imprescindible, como marxistas internacionalistas, no perder de vista lo que sucede en el continente asiático que, todo indica, adquirirá un creciente protagonismo en este siglo… y donde además vive casi el 60 por ciento de la humanidad.

Un estallido contra la explotación

El hecho sucedió en la noche del sábado 12 de diciembre cuando, según coinciden las fuentes, la amplísima mayoría de los 2.000 trabajadores del turno noche de la fábrica de iPhones de Wistron Infocomm –una compañía taiwanesa en la que Apple terceriza la fabricación en India del iPhone 11 y otros productos– desataron su furia ante la falta de pago de sus salarios, con un atraso que llevaba más de tres meses. La planta está ubicada en Narasapura, a 60 km de Bangalore, capital del estado de Karnataka, al sur de la India, que es a su vez uno de los principales núcleos de fabricación de aparatos de tecnología digital de ese país y del mundo.

El ataque de furia tomó diversas formas: desde la destrucción de vidrios, cámaras de control, muebles, oficinas y automóviles de los ejecutivos hasta el saqueo de miles de iPhones (Times of India, 14-12-20). En general, puede decirse que la consigna no escrita del estallido fue “lo que no se apropia, se rompe”. De allí que el gobierno local aprovechara para intentar presentar el hecho como una acción “vandálica”: se organizaron redadas con el saldo de más de un centenar de detenidos. Curiosamente, Wistron no intentó echar culpas directamente a los trabajadores sino que se refirió a “personas desconocidas de afuera” como responsables del incidente (R. Mogul y S. Gupta, CNN Business, 15-12-20).

La lógica detrás de esto es que los ánimos estaban tan encendidos contra la compañía que si para colmo Wistron aparecía con un perfil demasiado policial, no habría manera de recomponer los vínculos con los trabajadores. Pero, por supuesto, no hubo ninguna organización delictiva externa. Como reconoció el propio ministro de Trabajo del estado, el origen del estallido fue el atraso en el pago de salarios de hasta tres y cuatro meses. La misma Apple, que está en la mira desde hace tiempo por sus conocidas prácticas antisindicales y métodos de explotación laboral, emitió un cauto comunicado dando a entender que su mayor preocupación es que “todos los que trabajan en nuestras cadenas de suministros sean tratado con respeto y dignidad”. Además, Apple recordó que las reglas básicas para sus proveedores son el pago puntual de los salarios, el pago de las horas extraordinarias y el respeto por el salario mínimo (como se ve, ni se menciona el derecho a sindicalización, mucho menos de huelga).

Wistron es uno de los mayores proveedores de Apple en la India, y emplea unos 15.000 trabajadores, en su mayoría, siguiendo las modalidades de contrato basura y tercerizados habituales en ese país (france24.com, 13-12-20) Para Apple, India es un mercado estratégico en razón de su inmensa población: casi 1.400 millones de habitantes, esto es, el 18% de la población del planeta, y un mercado de 500 millones de teléfonos inteligentes (el segundo del mundo después del chino), de los cuales Apple representa hoy apenas el 2%. Sucede que el precio de los productos de Apple –que en general son el segmento más caro– resulta completamente prohibitivo para la amplísima mayoría de los indios: como señalábamos en un trabajo anterior, en India “un iPhone nuevo representa el ingreso de medio año de alguien que está dentro del 10% de mayores ingresos” (M. Yunes, “Estado y perspectivas de la economía mundial”, revista SoB 32/33, p. 99). Como parte del intento de Apple por ser más competitivo en ese mercado, puso en marcha en 2017 la fabricación local –esquivando regulaciones estrictas contra proveedores extranjeros–de algunos productos, que desde hace poco incluyen el producto estrella, el iPhone 11.

Yendo más allá de los titulares, es evidente que semejante estallido revela algo más que un atraso de pagos. El secretario regional de uno de los sindicatos más fuertes, el All India Trade Union Congress, cuenta que los trabajadores de Wistron eran obligados a soportar turnos de 12 horas –violando la ley– y a hacer horas extras sin pago (esto es, sin derecho a cobrarlas, ya que en realidad pagos no recibieron por ningún concepto). Y, contra el relato de los funcionarios que claman horrorizados contra los “vándalos” que “toman la ley en sus manos”, desconociendo que “hay otras maneras de resolver estos conflictos” –como dijo la segunda autoridad del estado de Karnataka, C.N. Ashwathnarayan– en realidad ya había antecedentes abundantes de protestas pacíficas anteriores reclamando el pago de salarios y la reducción del horario ilegal de trabajo. Ante el habitual resultado nulo de tales gestiones legales y pacíficas, sobrevino el desborde.

Aunque el proceso está en curso y hay señales mixtas –por un lado, la detención de más de un centenar de trabajadores; por el otro, cierto reconocimiento oficial de que la furia obrera tenía justificación–, el episodio ya generó preocupación en el ultra reaccionario gobierno de Narendra Modi, del Bharatija Janata Party (BJP), que está en plena campaña de reformas antiobreras a medida de los reclamos de multinacionales y empresarios.

Una de las más importantes lobbistas de estas reformas es la propia Apple, que en agosto de 2019 fue beneficiada con una flexibilización a su medida de las regulaciones para empresas extranjeras. Apple evalúa la oferta de Modi en aras de relocalizar parte de su producción en India, en medio de los riesgos para su cadena global de suministros que representa el conflicto comercial entre China y EEUU (casi la mitad de los componentes de los productos de Apple se fabrican en China). Cabe recordar que otra proveedora de Apple, la taiwanesa Foxconn, tiene una planta gigantesca en China con más de un millón de operarios; la misma Foxconn también está muy interesada en expandir su producción en India, donde ya está fabricando iPhones, al igual que la otra gran proveedora taiwanesa de Apple, Pegatron (N. Xu Elegant, Fortune, 14-12-20).

El telón de fondo: economía en crisis y ofensiva reaccionaria de Modi

El marco en que se da este conflicto es muy diferente al de los últimos años en la India. Hasta el avance de la pandemia, el gobierno de Modi –que venía de una muy holgada reelección hace un año y medio– podía jactarse de tasas de crecimiento anual que promediaban el 7% del PBI (aunque muchos tenían justificadas dudas sobre la fiabilidad de esos datos). Pero junto con el impacto económico –India no escapó a la recesión, con una caída del PBI de casi el 10%– y sanitario –India es el segundo país del mundo en cantidad de infectados, casi diez millones, y el tercero en cantidad de fallecidos, cerca de 150.000–, parece haber un deterioro del consenso político, al menos en los sectores populares, alrededor de las medidas de Modi.

Es cierto que esto no se refleja mucho en las elecciones locales –la última, en el estado norteño de Bihar, le dio la victoria a un aliado del BJP–, pero esto obedece en buena medida a la tremenda fragmentación social, política, étnica y hasta de castas del país-continente más heterogéneo del planeta, además de un sistema electoral escandalosamente antidemocrático (“Against daunting odds”, The Economist 9220, 14-11-20). Modi apuesta buena parte de su capital a la carta del hinduismo nacionalista racista y xenófobo, que trata a los no hindúes como ciudadanos de segunda clase, en el mejor de los casos (los sijs, los tamiles y otras minorías), o directamente como enemigos del Estado que merecen la cárcel o la deportación (crecientemente, la política hacia los musulmanes).

Los musulmanes son minoría en todos los estados indios salvo Cachemira, que en buena medida precisamente por eso fue intervenida por el poder central, dividida y ocupada casi manu militari, con un régimen prácticamente de estado de sitio y apagón informativo sólo comparable al de Xinjiang, en China, o al de Corea del Norte. Las provocaciones contra los musulmanes son permanentes y violentas, y recordemos que esta “minoría” son casi 200 millones de personas, lo que convierte a la India en el tercer país con más musulmanes del planeta, sólo por detrás de Indonesia y Pakistán.

Sin embargo, más de allá de estas tremendas tensiones étnicas, nacionales y religiosas que desgarran a la India y que serán motivo de nuevos textos, las contradicciones más urgentes hoy son de tipo claramente socioeconómico, basadas en la ofensiva neoliberal y reaccionaria de Modi contra el conjunto de las masas indias en nombre de la “eficiencia” y la “competitividad”.

A fines de septiembre pasado, el Parlamento aprobó una serie de desregulaciones en el agro y nuevas leyes laborales que han desatado huelgas y protestas masivas. Las tres leyes de “modernización del agro” consisten esencialmente en reducir la intervención estatal –que incluía el Estado como intermediario entre productores y empresas privadas– para beneficio de las grandes corporaciones agrícolas, privando a los agricultores de un precios mínimo garantizado por sus cosechas. ¡Y esto en uno de los pocos países del mundo –y la única economía importante del globo– cuya población rural alcanza casi los dos tercios del total![1]

Estas medidas se tomaron, por otra parte, con un completo avasallamiento de la relativa autonomía de los estados indios por parte del gobierno central, con una saña particular contra Cachemira: como señaló un ex ministro de economía de ese estado, Haseeb Drabum “éste es el punto más bajo del federalismo en este país; nunca antes el gobierno central había sido tan descaradamente represivo” (“Central bark”, The Economist 9218, 31-10-20)

El resultado de esto fue que cientos de miles, quizá millones, de agricultores, sus familias y manifestantes en apoyo salieron a bloquear rutas y vías férreas, especialmente en Nueva Delhi, lo que en muchos casos confluyó con el llamado de varios sindicatos importantes a la huelga contra las reformas laborales de Modi. Esas reformas permiten a las empresas más libertad para despedir trabajadores –antes requerían aprobación o supervisión estatal–, a la vez que dificulta las huelgas y obstaculiza la sindicalización (N. Xu Elegant, Fortune, 14-12-20). Que los beneficiarios de estas leyes son las grandes empresas no cabe ninguna duda, ya que esas leyes apuntan sobre todo al ínfimo porcentaje de trabajadores formalizados, que son justamente los empleados por grandes compañías. En cambio, sobre el gigantesco sector informal de la economía, donde, con salarios miserables –muchas veces por debajo del mínimo legal– y con escasos o ningún beneficio de seguridad social, trabaja el 90% de la fuerza laboral india, la “modernización” de Modi no tiene nada para ofrecer.

Sobre este polvorín social y laboral, entonces, es que se asientan las vidas cotidianas de cientos de millones de trabajadores, sometidos, además de a la más brutal explotación, a un sinfín de formas de opresión cultural, nacional, étnica, religiosa y también de género. Con ese trasfondo, estallidos como el de Wistrom tal vez sean más que un síntoma y puedan convertirse en parte del paisaje político de un gigante al que amenazan severas convulsiones.


 

Notas

1. Sobre una lista de 194 estados, India ocupa el lugar 161 por su tasa de urbanización (CIA World Factbook). La casi totalidad de los países que están por debajo son algunos países africanos, estados insulares o microestados; las únicas excepciones asiáticas son Nepal, Camboya, Afganistán y Papúa Nueva Guinea.

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