• Las fuertes protestas lograron torcerle el brazo al gobierno, quien salió a declarar que: “Con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y del Organismo Legislativo 2021”.

Redaccion 

Hoy se iba a tratar el presupuesto de ajuste que desató el repudio de amplios sectores, que se movilizaron e incluso incendiaron la sede del congreso días atrás.

Ayer, la una movilización congregó a miles de personas en la Plaza de la Constitución reclamando la renuncia del presidente Alejandro Giammatteri. Un fuerte operativo policial custodiaba la sede del poder político, a pocas cuadras de la plaza, ubicada en el centro de Guatemala.

Por las redes sociales, se viralizó la exigencia a la convocatoria de una huelga general. La primer exigencia era el veto al Presupuesto 2021 sancionado días atrás y la renuncia del presidente.

Al menos 22 personas fueron heridas por la represión policial y hubo 37 detenidos según informó el ministro de Gobernación, Gendri Reyes. Distintos organismos de derechos humanos denunciaron la brutal represión y condenaron el uso excesivo de la fuerza de las autoridades contra manifestantes, aunque se delimitaron de la quema del congreso.

Las movilizaciones son multitudinarias, congregando a miles y miles de personas, mostrando que la crisis política y social tiene raíces profundas. Es que en Guatemala el 59,3% de la población es pobre y los índices de desnutrición infantil alcanzan casi el 50% de los niños menores de cinco años.

Parte de la indignación se desató a raíz de la poca claridad que hay en el uso de los recursos para enfrentar la pandemia del Covid-19, y por la creación de un superministerio para el que se nombró a un joven cercano al gobernante y por el presupuesto para el próximo año.

El Congreso está conformado en su mayoría por el oficialismo y partidos afines. Hace una semana aprobó un presupuesto de casi 12.800 millones de dólares, 25% más abultado que el de este año en el que «la mayoría de los fondos están dirigidos a proyectos de infraestructura con el sector privado y no prevé aumentos en las partidas de salud ni de educación, ni tampoco en las destinadas a combatir la pobreza y la desnutrición infantil.» Según trascendió.

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