• La feroz y desigual competencia entre países por la compra de vacunas contra el covid-19 no es una excepción en América Latina. En este marco, el hecho de que las patentes no sean liberadas pone en una situación “privilegiada” a los laboratorios de cara a imponer sus condiciones a la hora de la negociación por la adquisición de dosis.

Los diferentes gobiernos de Latinoamérica dejan que prime la lógica de las ganancias en lo referente a una herramienta clave para combatir la pandemia, y así se someten sin chistar a las exigencias que imponen los grandes laboratorios.

En muchos casos la tardanza en implementar campañas de vacunación masivas puede acarrear graves consecuencias en tanto el virus no da tregua y desarrolla nuevas mutaciones, por ello, en el centro del debate actual está la situación sanitaria en Brasil, completamente desbordada por el virus.

La puja por las vacunas y la política actual de los gobiernos capitalistas en torno a este tema habilita un negocio multimillonario y de rapiña por parte de las farmacéuticas y laboratorios. Muchos contratos se cerraron estando las vacunas en las primeras fases de experimentación. Los meros anuncios a través de comunicados del desarrollo o porcentaje de efectividad de una vacuna suscitaban la disparada del valor de las acciones de las farmacéuticas, como fue el caso de Pfizer o Moderna.

En este contexto, muchos de los países de la región modificaron sus leyes o sancionaron normativas para beneficiar con exenciones impositivas u otros beneficios legales a las farmacéuticas, en tanto la mayoría de los contratos se redactaron incluyendo cláusulas de confidencialidad que protegen los detalles de los negociados en torno a la compra de vacunas.

Según dio a conocer Knowledge Ecology International, Colombia, por ejemplo, Pfizer incluyó en su nueva normativa la posibilidad de contratar una “póliza de cobertura global para cubrir las posibles condenas que puedan presentarse”, como requisito para comprar su vacuna.

La empresa Pfizer viene siendo cuestionada por varios países en los últimos meses. Según dicen, exige condiciones «inaceptables» para vender vacunas. Por ejemplo, incluir en el contrato de compra que se le garantice cobertura legal ante futuras demandas por los posibles adversos que pudieran causar las dosis. El colmo fue que la farmacéutica llegó a pedir que los países respaldaran a la empresa poniendo como resguardo sus bienes soberanos, como las reservas federales, recursos naturales y los bienes militares, entre otros activos.

En México se modificó por segunda vez la Ley de los Impuestos Generales (febrero de 2021) que dejó libre de impuestos a la importación como la exportación de vacunas. Argentina incluyó la exención de impuestos para las vacunas en su ley creada el 29 de octubre de 2020. En el Artículo 6° se estableció que no se tiene que pagar derechos de importación ni ningún otro impuesto o gravamen por las vacunas contra la Covid-19. Legislación al servicio de las ganancias farmacéuticas.

Bolivia también plasmó en la Ley de Emergencia Sanitaria los intereses de estas empresas, eximiendo del pago de “tributos aduaneros” a la importación de insumos para la atención de la pandemia, incluidas las vacunas. La entrada de esos productos al país están amparadas bajo la modalidad de “envíos de socorro”. Guatemala, que todavía no tiene acuerdos con laboratorios, ya cuenta con un decreto para liberarlos del pago de impuestos.

Algunos datos sobre las empresas farmacéuticas y los acuerdos con países de América Latina:

De momento son 10 los laboratorios establecieron acuerdos para suministrar vacunas para los países latinoamericanos a través de negociaciones directas. AstraZeneca logró el mayor número de contratos, tras haber pactado el envío de dosis con 14 gobiernos: Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, México, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá, Paraguay, Bolivia y Brasil.

Pfizer/BioNTech formalizó negociaciones con 11 países, mientras que el laboratorio ruso Gamaleya, que produce la Sputnik V, tiene contratos con seis naciones. Las farmacéuticas chinas Sinovac, Sinopharm y CanSino también han tenido aceptación en América latina, al haber suscrito contratos con 6, 3 y 1 país, respectivamente.

La multinacional estadounidense Johnson & Johnson, que ofrece una vacuna de una sola dosis, tiene acuerdos con Colombia y Chile. Por su parte, Covishield, la vacuna producida por el Instituto Serum de la India junto a AstraZeneca/Oxford, llegó a Argentina y República Dominicana. Moderna (Estados Unidos) y Bharat Biotech (India) proporcionarán vacunas a un solo país, cada una.