• En lugar de abordar la debilidad del sistema y la infraestructura de salud como su principal prioridad, la estrategia del régimen de Duterte ha sido ordenar matar a quienes violen la cuarentena.

Por Reihana Mohideen y Tony Iltis

El 23 de marzo, Duterte presentó al Congreso un proyecto de ley con un equívoco título, “Ley Bayanihan de 2020”. La palabra “bayanihan” significa asistencia a la comunidad o asistencia “comunitaria” y el espíritu de “bayanihan” se refiere a una ayuda brindada voluntariamente y sin ninguna consideración monetaria por parte de un miembro de la comunidad. El título en sí es falso, una mentira. En ninguna parte de la propuesta aparece el espíritu de “bayanihan”. Los médicos, enfermeros, trabajadores de la salud, empleados de supermercados, trabajadores de transporte y todos los líderes que encabezan la lucha contra el COVID-19 no han participado en la redacción de esta legislación. En lugar de ello, la ley le daría más poder a Duterte, la burocracia y sus secuaces. Este proyecto de ley podría ser desastroso en muchos sentidos, ya que tiene como objetivo otorgar amplios poderes a un presidente que ha demostrado ser incompetente para hacer frente a la pandemia.

Filipinas sufre una combinación de las peores características de un estado en las condiciones actuales del capitalismo global. La capacidad del gobierno filipino de proporcionar los servicios, sistemas e infraestructura públicos más básicos, relacionados con salud, agua, energía, vivienda, transporte público, educación pública, etc. se ha visto afectada después de décadas de programas de ajuste estructural, deuda y los dictados de las políticas económicas neoliberales impuestas por las instituciones financieras internacionales como el FMI, el Banco Mundial, el BAD, acuerdos bilaterales y multilaterales con países imperialistas–todo lo cual ha sido acogido con entusiasmo por los tecnócratas del país y los sucesivos gobiernos. Este sector público enfermo coexiste con ‘el brazo fuerte’ de un estado que ha mantenido e incluso aumentado su capacidad de movilizar a los militares y la policía para imponer una serie de medidas autoritarias–desde una guerra contra los pobres urbanos que, con el pretexto de una campaña contra las drogas, causó la muerte de decenas de miles de personas, mayormente jóvenes, a la ley marcial impuesta en la isla de Mindanao. Hoy, este carácter dual de un estado armado débil y fuerte queda claramente de manifiesto en la respuesta del régimen de Duterte a la pandemia de COVID-19.

Hasta el 22 de marzo, el Departamento de Salud había informado de 380 casos de COVID-19, con 17 recuperaciones y 25 muertes, una tasa de mortalidad alta de aproximadamente el 7%. Dado que no se han realizado pruebas a gran escala, estas cifras no son confiables. Mientras tanto, los servicios de salud comienzan a tambalearse y los profesionales sanitarios se enferman, aunque el temido aumento exponencial de los niveles de contagio aún está por venir.

Once hospitales y centros médicos han emitido un “llamamiento urgente” de que un “número alarmante” de su personal estaba bajo la cuarentena obligatoria de 14 días para las personas expuestas a infectados de COVID-19, ya que las personas bajo investigación “continúan acudiendo en grandes números” a las salas de urgencias de los hospitales. Estos hospitales y centros médicos avisan que la mayoría de sus “salas regulares se han convertido en áreas de aislamiento de COVID-19”, lo que deja menos recursos médicos para aquellos pacientes que no padecen de coronavirus, pero que sí sufren de afecciones potencialmente mortales.

“El pánico va en aumento, la mortalidad también, nuestros equipos de protección personal se agotan, el personal de primera línea se cansa a medida que más de ellos están en cuarentena o agotados física y emocionalmente, y varios de nuestros colegas médicos ya están conectados a respiradores y luchando por sus vidas en varias UCI [unidades de cuidados intensivos] … Incluso nuestras UCI se están llenando. Pronto tendremos escasez de respiradores. Nuestro miedo es sobradamente justificado; de hecho, estamos asustados porque nos sentimos solos en nuestros esfuerzos por brindar a nuestros compatriotas los urgentes auxilios que necesitan”.

A pesar de que la cantidad de casos confirmados por el Departamento de Salud es menor a la de otros países, la petición de ayuda señala que los trabajadores médicos están atendiendo a pacientes con una “mortalidad creciente”, lo que los expone a más peligro de lo habitual. El país no tiene un programa integral de atención médica universal, y uno de los sistemas de salud más costosos de la región.

En lugar de abordar la debilidad del sistema y la infraestructura de salud como su principal prioridad, la estrategia del régimen de Duterte ha sido declarar el cierre del área metropolitana de Manila, la Región Capitalina Nacional, del 15 de marzo al 14 de abril—una medida que impone “estrictas medidas de distanciamiento social”, con suspensión de viajes terrestres, aéreos y marítimos nacionales hacia y desde la zona capitalina, prohibición de aglomeraciones, cuarentena comunitaria, suspensión del trabajo gubernamental (excepto funciones esenciales) y la cancelación de clases en escuelas y universidades. El presidente Duterte anunció estas medidas en una conferencia de prensa en que lo flanquearon los jefes de la PNP y la AFP, y la policía y tropas militares se desplegaron inmediatamente a puestos de control para impedir la entrada y salida de la Región Capitalina. Durante las siguientes conferencias de prensa ofrecidas por el presidente, no hubo ningún intento de explicar las medidas de salud pública que se llevarían a cabo, como son los programas de detección del virus, los cuales, por cierto, se están pidiendo con una vehemencia cada vez mayor. A esto le siguió un anuncio de cierre total de la isla de Luzón el 17 de marzo –descrito por funcionarios del gobierno como una “cuarentena comunitaria mejorada”– que restringe el movimiento de personas que puedan entrar y salir de la isla, en que viven al menos 57 millones de personas.

En estos momentos estamos bajo “cuarentena comunitaria mejorada”, que obliga a todo el mundo a permanecer en sus viviendas, con el transporte suspendido, suministro de alimentos y “servicios esenciales de salud” regulados, y con una mayor presencia de personal uniformado para hacerla cumplir. Estas medidas se han aplicado mediante puntos de control en los Barangays (las Unidades del Gobierno Local), en los que quien quiera pasar debe presentar permiso legal, y que solo permiten el movimiento de un solo conductor por las carreteras principales, como Edsa, o el conductor y un auxiliar. Estos puntos de control, uno de los cuales se ve desde la ventana de mi habitación, ahora acordonan y aíslan a los Barangays alrededor del área metropolitana de Manila. A excepción de los supermercados y las farmacias, se han cerrado todas las tiendas. Algunos Barangays han llegado a imponer toques de queda las 24 horas.

Duterte ha anunciado en repetidas ocasiones que será detenida cualquier persona que incumpla la cuarentena, incluso por “resistencia y desobediencia a personas con autoridad” en virtud de las disposiciones del código penal. Se está arrestando a estudiantes, trabajadores y personas que simplemente intentan comprar comida.

A diferencia de Corea del Sur, donde el ejército y la policía llevaron a cabo controles de temperatura, pruebas, limpieza y desinfección, el personal armado en los puntos de control en Filipinas no está haciendo nada de esto. En los primeros días ni siquiera se les proporcionó equipo de seguridad básico, como máscaras y desinfectante para manos.

El impacto más inmediato ha caído sobre los trabajadores y los muchos desempleados que viven de la “economía informal”, a quienes se ha impedido ganarse la vida. El primer día del cierre hubo gran tensión en los puntos de control en torno a la capital, donde los ciudadanos expresaron ira y desesperación. El impacto en las vidas de los trabajadores y los pobres ha sido inmediato y devastador. Nuestros organizadores no pueden brindar asistencia a las comunidades en las que trabajan, como dar alimentos, máscaras, etc. en cantidades significativas. Apenas pueden ayudar a unos doscientos hogares en un momento dado.

Mientras tanto, el Departamento de Trabajo y Empleo (DOLE, por sus siglas en inglés) ha anunciado una ayuda financiera única de P5.000 por cada trabajador que no pueda trabajar durante el periodo del cierre. Ya de por sí se trata de una cantidad miserable (unos USD 3 por día durante 30 días), y, para colmo, el patrón del trabajador tendrá que enviar al DOLE los documentos requeridos para que la persona perjudicada pueda recibir el pago. Los trabajadores no pueden hacerlo ellos mismos. Muchos también se quejan de que sus jefes se niegan a pedir la subvención, ya que prefieren que sus empleados trabajen durante el cierre. Y aquellos que tienen vedado el acceso a Manila ni siquiera pueden asegurarse de que sus patrones tramiten correctamente sus peticiones, ni que recurran al estado en caso de que el dinero no llegue. A efectos prácticos, las personas con contratos temporales no pueden acceder a este programa ya que sus “empleadores” son agentes externos que ni siquiera pueden registrarse en la lista de corporaciones de la Comisión de la Bolsa de Valores. Los trabajadores del sector informal no reciben ayudas, y el gobierno simplemente les aconseja que se comuniquen con las unidades del gobierno local para sumarse al trabajo relacionado con la campaña anti-COVID-19 en las comunidades.

El Departamento de Bienestar Social y Desarrollo (DSWD, por sus siglas en inglés) ha suspendido temporalmente sus subsidios a los pobres, prefiriendo financiar las pensiones sociales y los pagos únicos en efectivo (Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps), así como la distribución de tarjetas de efectivo 4Ps a las familias más pobres del país, y todo con el supuesto fin de “minimizar la exposición de los beneficiarios y empleados del DSWD a las amenazas de COVID-19”.

La situación en Filipinas contrasta con la de otros países de la región, como Vietnam y Corea del Sur, que se consideran ejemplares por las medidas que han tomado ante la pandemia. Vietnam, que tiene frontera con China, con una población de alrededor de 97 millones, ha logrado contener la propagación de la enfermedad, limitando el número de casos a 76 (hasta el 19 de marzo), y sin muertes, más de dos meses después de la detección de los primeros casos. Una parte clave de la estrategia de contención consistió en desarrollar un kit de prueba rápido y asequible en un mes, que según la OMS debería haber tardado cuatro años en desarrollarse. La prueba, que fue ideada por un grupo de investigadores vietnamitas del Instituto de Biotecnología de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, cuesta alrededor de $15 y realiza diagnósticos en 80 minutos, con un nivel de fiabilidad del 100% y una sensibilidad de cinco copias por reacción.

Corea del Sur, con una población de unos 51 millones, había realizado más de 307.000 pruebas antes del 19 de marzo –más per cápita que cualquier otro país del mundo— con 633 sitios de prueba situados a lo largo de su territorio. Y los resultados se saben con rapidez, llegando por texto en menos de 24 horas. La sanidad coreana, un sistema de pago único altamente regulado y eficiente, también está preparada para responder a las epidemias. Los amplios poderes del gobierno adquiridos durante la crisis del MERS le han permitido a Corea del Sur disponer de uno de los sistemas de rastreo de personas más completos de Asia. Las autoridades de salud pueden examinar los registros de tarjetas de crédito, imágenes de CCTV, servicios de ubicación de teléfonos móviles, tarjetas de transporte público y registros de inmigración para conocer los movimientos de las personas infectadas o en riesgo de infección. Aunque es sin duda un arma de doble filo, este sistema logró frenar la reciente crisis de COVID-19 en el país.

Filipinas, con una población de 109 millones de personas, cuenta con apenas seis sitios de prueba: tres hospitales en la región capitalina y sendos sitios en Baguio, Cebu y Davao. Ahora hay un creciente clamor por que se realicen pruebas de manera masiva. Dada la insuficiencia del distanciamiento social y la cuarentena comunitaria para mitigar el impacto del virus, una petición de Scientists Unite Against COVID-19, una alianza de más de 1.000 biólogos, expertos en salud y otras personas, así como 336 organizaciones, ha pedido que se efectúen pruebas a amplios sectores de la población, que se aumenten el número de instalaciones de prueba por el país y que estas cuenten con cierta autonomía con respeto al gobierno central.

El 10 de marzo, los medios de comunicación informaron que solo estaban disponibles 2.000 kits. Los miembros de la familia de Duterte y personas cercanas al mandatario han recibido un tratamiento preferencial, a pesar de que no cumplen con los criterios del Departamento de Salud, según los cuales solo se examinaría a los ancianos, a aquellas personas que ya padecían de ciertas enfermedades o a individuos cuyo estado de salud pasase a niveles graves o críticos. La gente aireó su descontento en las redes sociales, y algunos hablaron de una “crisis de los kits de prueba”, calificando de “vergonzoso, obsceno y asqueroso” el trato preferencial que se ha dado a la familia y los aliados del presidente. El 21 de marzo, los medios informaron que China, Corea del Sur y Brunéi habían donado 100.000 nuevos kits, pero estos no se usarán para realizar pruebas masivas, sino solo en casos de gravedad o con pacientes vulnerables.

En poco tiempo, científicos de la Universidad de Filipinas produjeron un equipo de prueba capaz de detectar rápidamente el nuevo coronavirus, pero solo estará disponible después de dos o tres semanas–el tiempo que el Departamento de Salud tardará en validar las pruebas.

Algunas unidades del gobierno local (LGU, por sus siglas en inglés) están tomando la iniciativa. El alcalde de la ciudad de Pasig ordenó la movilización limitada de triciclos en la ciudad para posibilitar en transporte de trabajadores sanitarios y pacientes con necesidades médicas inmediatas a los hospitales. Pero esta petición fue rechazada por el gobierno nacional, ya que por ley solo se permiten hasta dos pasajeros por vehículo. Todos los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Pasig recibirán su sueldo completo, y aquellos que están en primera línea de la batalla contra el virus percibirán un salario extra por riesgo y pago por horas extras. La ciudad de Marikina es otra LGU que está dando pasos positivos, con la iniciativa de establecer unidades de prueba locales utilizando los kits de prueba de la Universidad de Filipinas. El gobierno de Duterte ha respondido amenazando con imponer cargos penales a los alcaldes, diciendo que “exigirán que las LGU acaten las directivas oficiales y archivarán los casos necesarios contra los funcionarios que no lo hagan”.

Duterte ha anunciado que dispone de ₱ 25,1 mil millones para luchar contra COVID-19, pero, en realidad, solo se han destinado ₱ 3,1 mil millones para este fin, lo que incluye la compra de kits de prueba y drogas, mientras que nos tememos que los ₱ 14 mil millones que se están usando para apoyar el presupuesto del turismo servirán para “rescatar” las anticipadas pérdidas de aerolíneas, hoteles, casinos, centros turísticos e intereses capitalistas relacionados con el turismo. Solo se asignaron ₱ 2 mil millones para compensar a los trabajadores afectados por la crisis.

Grupos de la izquierda y progresistas del país han hecho campaña contra el hecho de que Duterte haya dado una respuesta militar a una crisis de salud pública, y ha presentado una plataforma de demandas que incluye lo siguiente: pruebas masivas para todos los ciudadanos; hospitalización gratuita de víctimas, personas bajo investigación (PUI) y personas bajo supervisión (PUM) para COVID-19; la desinfección masiva en todas las comunidades; el racionamiento de alimentos y agua para trabajadores y pobres; que se repartan mascarillas, kits de higiene, vitaminas y anticonceptivos; asistencia económica a agricultores, conductores y otros trabajadores afectados; que se realicen pagos de 4Ps para los beneficiarios; bajas por emergencia remuneradas para trabajadores sin seguro; el reembolso de la matrícula a los estudiantes por la suspensión de clases; control de precios de productos básicos; que los servicios de electricidad, agua y comunicaciones se proporcionen las 24 horas; que se permita que vehículos y triciclos brinden transporte a trabajadores médicos y personas con necesidades médicas; la suspensión de los pagos de alquiler, agua, electricidad, comunicaciones y otras tarifas; que se desarmen las numerosas unidades militares y policiales actualmente desplegadas para no asustar a la gente; y una moratoria de la deuda.

*Presentamos un extracto del articulo

 

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