• Este conflicto muestra el enfoque burgués del Gobierno frente a la crisis del COVID-19: mantiene intactas las rentas inmobiliarias mientras millones de trabajadores se han visto afectadas por despidos o reducciones de salario.

Por Socialismo o Barbarie Barcelona

El miércoles empezó una huelga de alquileres convocada por el sindicat de llogueters, a la cual se han adherido más de 250 entidades, entre ellas la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca). Este conflicto muestra el enfoque burgués del Gobierno frente a la crisis del COVID-19: mantiene intactas las rentas inmobiliarias mientras millones de trabajadores se han visto afectadas por despidos o reducciones de salario.

8.000 inquilinos, solo de Barcelona, han comunicado al sindicat de llogueters que el mes de abril no podrán asumir el coste del alquiler debido a las consecuencias de la crisis del coronavirus. Así miles de personas por todo el Estado. El mismo sindicato anunció una huelga donde se han unido más de 250 entidades y 12.000 familias, estas últimas contando solo en Catalunya.

El manifiesto de la huelga denuncia al Gobierno por no elaborar medidas eficientes para enfrentar está crisis a la que tiene que enfrentar muchas familias, que ven como sus ingresos se reducen pero los precios abusivos que hasta ahora seguían en las nubes no bajan. “¡Si la economía productiva se para, la economía rentista también!”. Piden la suspensión de pagos mientras dure la crisis, o una negociación con el pequeño propietario si este está en mala situación económica.

La realidad es que los precios de alquiler han subido de media un 50% en todo el Estado Español durante los últimos 5 años. Esto se ha vivido sobretodo en ciudades como Madrid o Barcelona, donde se han instalado fondos de inversión provocando los desorbitados precios de 1.000€ de media por un alquiler, más de 400€ por una habitación. Con estos precios la dinámica “trabajar para pagar el alquiler” se instala, y muchos trabajadores se ven desplazados de las capitales a la periferia. Cabe anotar que España es uno de los países con más propiedades de alquiler de la UE, donde el 17% de la población vive alquilada, el 25% en las grandes capitales.

Estos precios siguen intactos durante la crisis originada por la pandemia, donde la gestión del Gobierno ha permitido el despido temporal, vía ERTE, de 1,5 millones de trabajadores según las estimaciones (los datos reales aún no se han dado), donde el salario se reduce al 70%. Estos datos no tienen en cuenta los trabajadores que fueron despedidos antes de que el Gobierno hiciese un Decreto Ley en contra.
Unas medidas que llegaron dos semanas tarde y mal: nada impide a la empresa llevar a cabo un despido improcedente (pagando una indemnización de 33 días por año trabajado, en lugar de 20 días). También habría que sumar a los precarizados trabajadores temporales que han visto cómo sus contratos se extinguían o simplemente no se renovaban.

El manifiesto añade más reclamos sociales como la suspensión de pagos de suministro básicos, agua, luz y gas, para cualquier persona cuyos ingresos se han visto afectados por el COVID-19, y no para aquí. Reclama, una vez superada esta crisis, la regulación de alquileres, la suspensión del pago para personas vulnerables y la paralización de los desahucios para los que no tienen alternativa habitacional.

Las medidas del Gobierno: siguen pagando los mismos

El Gobierno aprobó este martes un paquete de medidas de ayuda a los inquilinos afectados por la crisis. En ellas se diferencian entre pequeños propietarios – de menos de 10 viviendas – y grandes propietarios. Para pequeños propietarios, el inquilino podrá solicitar el retraso del pago, pero el propietario se podrá negar. En este caso, el Estado ofrece microcréditos sin interés que se devolverán en 3 a 6 años. En caso de gran propietario, el inquilino se podrá acoger a una moratoria de 4 meses a devolver en 3 años o una reducción del alquiler del 50% durante 4 meses. De esta forma, el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, subrayaba “los grandes tenedores de vivienda y fondos de inversión van a asumir como es normal parte del impacto de la medida, efectuando quitas o reestructuración de deuda”. El Gobierno también prohibió los desahucios sin alternativa habitacional durante 6 meses.

Estas medidas se quedan cortas, tal y como denuncian varios sindicatos de arrendatarios. Para empezar, el peso del paquete recae sobre las moratorias, es decir, pagar más tarde, pero pagar. La solución de los microcréditos solo hace que endeudar más a las familias que han sufrido una reducción de sus ingresos, que no volverán. El pago de estos microcréditos los asume el Estado, en una situación crítica del sistema sanitario donde ni si quiera hay suficientes respiradores artificiales, EPIs ni mascarillas para el equipo médico.

Para el segundo caso, hay que tener en cuenta que solo el 10% – 15% de los propietarios son considerados grandes, por lo que la rebaja del 50% del alquiler llegará a poca gente. Con esta solución el gobierno “de izquierdas” pretende salir del paso sin hacer pagar a las grandes empresas, sino cargando el peso de esta crisis sobre los trabajadores. ¡Ni si quiera se plantea la suspensión del 100% de los alquileres!, cuando hay estudios que reflejan que solo el 16% de los propietarios alquilan una propiedad por “necesidad económica urgente”.

Una gestión enfocada al trabajador es la de suspender completamente el pago del alquiler de viviendas y locales para aquellos que perciben menos ingresos al ser despedidos o abocados a un ERTE, o se encuentren en mínimos en consecuencia del cierre de sus pequeños comercios. También suspender el pago a las compañías de agua, luz y gas, así como regular los precios de la vivienda. En definitiva, aprobar los reclamos de la huelga de alquiler, algo que está lejos de la actual dinámica burguesa del Gobierno frente a esta crisis capitalista.