- En un momento histórico de doble crisis económico-sanitaria, con millones de desocupados, la deuda estatal por las nubes y sin recursos para hacer frente a otra ola de contagios de covid, el gobierno español continúa con su política racista.
Xavi Posets
El 4 de junio el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, acordó la adquisición de material policial de un valor de 1,5 millones de euros para después donarlo a siete países africanos con el objetivo de reducir/eliminar la inmigración irregular con destino al Estado español. La resolución, de carácter reservado, detalla los países que recibirán los recursos como vehículos, equipos informáticos, cámaras, drones, etc, son Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea Conakri, Mauritania, Senegal y Túnez. Estos recursos van destinados a sufragar total o parcialmente los gastos de las guardias costeras y fuerzas de seguridad de los Estados africanos, así como reforzar la colaboración policial de los llamados Equipos de Colaboración Internacional (ECI), financiados por la UE.
La cooperación de Interior con países africanos para ‘adelantar las fronteras’ no es nada nuevo. Durante los últimos años Interior ha ido multiplicando los fondos para tal propósito y agrandando la lista de países socios. Hablamos de 13,2 millones de euros donados en 2016 en comparación a 45,9 millones en 2019. Marruecos recibe el trato principal, si bien en éste no se menciona. Si bien el gobierno de PSOE y UP no se formó hasta el 13 de enero de 2020, Grande-Marlaska fue nombrado ministro de Interior por Pedro Sánchez en junio de 2018, quien ese mismo mes se reuniría con el ministro de Interior marroquí. Así pues, el gobierno de coalición mantuvo en el cargo a un personaje con dos años de experiencia en gestionar políticas racistas.
Este ‘adelantamiento de las fronteras’ no supone solucionar el problema, sino alejarlo, trasladarlo a los países del sur, donde los diferentes Estados oprimen a su población para que no lleguen a suelo europeo a cambio de compensaciones económicas. Un sistema basado en la discriminación según el lugar de nacimiento con el objetivo de seguir con la acumulación de riqueza en el norte. Y un sistema extremadamente caro, pues no se cobra son solo los millones de euros de las arcas públicas, sino también las condiciones de vida de millones de personas y hasta la vida misma de miles. Ejemplo de ello son las 1.283 personas migrantes que murieron al intentar cruzar el Mediterráneo en 2019.
Vemos como desde el Estado español el Gobierno continúa sosteniendo y alimentando –incluso durante la pandemia y la falta de recursos – este sistema racista e insostenible para muchos. Es preciso sacarse de encima el racismo institucional con la lucha en las calles, exigiendo la derogación inmediata de la Ley de extranjería y la regularización de todas las personas en estado de administración irregular dentro del territorio español. También el cierre de los CIES y otras verdaderas cárceles para migrantes y el levantamiento de las fronteras españolas o ‘en origen’.
En definitiva, no debe haber lugar para el racismo. El estallido de la rebelión popular antirracista en EEUU y las amplias movilizaciones de los ‘sans-papiers’ en Francia dan cuenta de ello y nos alientan a acabar con esta barbarie.
