• La política entreguista de Sánchez-Iglesias se vuelve a cristalizar, esta vez en el decreto ley 18/2020, donde abre la posibilidad a ampliar los expedientes de regularización temporal de empleo, hasta el 30 de junio, y flexibiliza los despidos tras un ERTE.

Por Socialismo o Barbarie Barcelona

El lunes 11, el Gobierno volvía a juntarse con la burocracia sindical y la patronal para perpetrar otro ataque a las y los trabajadores. La política entreguista de Sánchez-Iglesias se vuelve a cristalizar, esta vez en el decreto ley 18/2020, donde abre la posibilidad a ampliar los expedientes de regularización temporal de empleo, hasta el 30 de junio, y flexibiliza los despidos tras un ERTE.

Concretamente alarga los ERTES de fuerza mayor, hasta dicha fecha. Sin embargo las empresas tendrán que pagar porciones superiores de la cotización a la seguridad social de sus trabajadores. Para las pequeñas empresas, de menos de 50 trabajadores, el Estado pagará aproximadamente el 85% en mayo, y el 70% en junio (anteriormente se hacía cargo al 100%). Para las empresas de más de 50 trabajadores, esos porcentajes son del 60% y 45% respectivamente (anteriormente el Estado se hacía cargo del 75%). El trabajador seguirá percibiendo el 70 % de su salario, pagado por el Estado.

Hasta ahora, 3,3 millones del Estado Español están con un expediente de regularización temporal. Esto a las arcas públicas supone 4.500 millones de euros al mes. Esta medida que externaliza las pérdidas de las empresas supone el mayor gasto pagado con dinero público de toda la crisis pandémica. Por tanto, la principal medida del gobierno “progresista” protege a multinacionales mientras el Estado se endeuda exageradamente.

Ni siquiera son capaces de abrir públicamente los libros de contabilidad de las empresas que expedienten a sus trabajadores, algo que debería de ser imprescindible para realmente conocer la situación de la empresa en cuestión. Porque lo que vemos es que empresas como Renault o H&M, con beneficios millonarios, no asumen ningún coste de esta crisis. Quienes la pagan son los trabajadores y el Estado, cuya deuda acabará rebotando de nuevo a los trabajadores.

Y mientras hay trabajadores que llevan dos meses sin cobrar el ERTE, el Gobierno se muestra victorioso con este pacto que, se supone, impide que las empresas con domicilio fiscal en paraísos fiscales alarguen los ERTES, y tampoco podrán dividir dividendos durante el periodo del expediente, al no ser que devuelvan el dinero exonerado por la seguridad social. De esta forma “todo el mundo cede”: las multinacionales ceden migajas y la clase trabajadora cede su salario, ¡y algunos su vida!

Pero la traición del gobierno de PSEO y Podemos no acaba aquí. Si prometían impedir los despidos de los trabajadores que habían sufrido un ERTE durante los 6 meses posteriores, ahora decretan que «no resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal». Es decir, se podrá despedir si la empresa está en “riesgo” de entrar en concurso de acreedores. ¿Y quién decidirá si la empresa esté en riesgo? ¿El propio empresario?

Y añaden “este compromiso del mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo». Por tanto, no hace falta estar al borde de la quiebra, con que la empresa sea, por ejemplo del sector turístico, ya tiene libertad para despedir a los trabajadores que han sido expedientados por ERTE.

Y en caso de que una empresa decida despedir aun sin cumplir con estas condiciones, tampoco es que sea ilegal. Simplemente pagarán las cuotas de la seguridad social que les han sido exoneradas, es decir, una parte de lo que les ha pagado el Estado con el ERTE. ¿Prohibir? ¿Qué?

PSEO y – por mucho que lloriquee – Podemos se encuentran al mando de un timón remoto que dirige a la clase trabajadora a ahogarse con tal de salvaguardar los beneficios y privilegios de los grandes empresarios. Hay que imponer impuestos a las grandes fortunas, expropiar a la monarquía, ilegalizar despidos, intervenir la sanidad y las residencias privadas sin pagar, hay que subir el salario a los sanitarios, incrementar plantillas, producir más insumos si hace falta, tests masivos, regularizar ya a todas las personas en situación irregular… En definitiva, hay que tomar medidas de izquierda para que esta crisis no la paguen los de siempre.

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