• La última medida del gobierno de Sánchez-Iglesias fue volver a mandar trabajar a sectores no esenciales cuando expertos advierten que así se puede producir otra oleada de contagios.

Por Socialismo o Barbarie Barcelona

La cuestión que resta plantearse en este punto es ¿el Consejo de Ministros del próximo martes día 17 de marzo aprobará las partidas necesarias para conjurar la emergencia social? ¿Adoptará medidas para evitar el empobrecimiento masivo? ¿Establecerá la posibilidad de impago de las hipotecas para las rentas inferiores a 30.000 euros anuales? ¿Posibilitará el cese del pago de alquileres en los casos que lo requieran? ¿Anulará la obligación de pagar alquileres a los fondos buitres que acogió el PP? ¿Regulará las condiciones laborales para evitar que, una vez más, la crisis y la salida de la crisis, se haga a costa de las gentes trabajadoras? Y ello nos lleva a un segundo grupo de preguntas asociadas a la necesidad de fondos para invertir y gastar: ¿reclamará y cobrará el gobierno de una vez los 65.000 millones de euros del rescate bancario, exigible ya con un sistema bancario más que saneado y boyante? ¿Decretará la creación de un impuesto extraordinario sobre los beneficios de las grandes empresas?

Manuel Garí (Viento Sur, 15/03)

El malestar social por las medidas del Gobierno “progresista” conformado por PSOE y Unidas Podemos es más que evidente. Los reclamos de unidad y permisividad por parte de estos partidos quedan barridos en todas direcciones. Desde el sector sanitario, que hoy sufre una explotación laboral inhumana – y es tapada con la capa del superhéroe -, pasando por autónomos e inquilinos que no pueden pagar a fin de mes, miles de trabajadores que han dejado de tener ingresos, sin papeles que tienen que buscarse la vida esquivando la militarización de las calles y miles de personas que salen cada día a sus balcones a las 20.00 h para aplaudir y animar sus mismas caras de impotencia.

La crítica al Gobierno es necesaria para dirigir toda esta oleada de malestar hacia medidas que mejoren ya, la realidad de los trabajadores, las mujeres y la juventud, en este momento de crisis pandémica donde morimos a miles y vuelve a ser la clase trabajadora la que paga – y si seguimos como hasta ahora, pagará – los platos rotos.

Un Gobierno de espaldas a los trabajadores, las mujeres y la juventud

Al no existir vacuna ni barrera inmunológica capaz de frenar el virus, y sin la aplicación masiva de test recomendada por la OMS para controlar los brotes, la cuarentena es el único mal menor para frenar la cadena de contagios, salvando al mayor número de vidas posible. En el Estado Español se impuso el 15 de marzo, pero no para los que debían ir a trabajar. A un ritmo de 2.000 diagnosticados por día, los trenes y metros continuaban llenándose de personas. Así hasta el 30 de marzo.

Así han sido todas las medidas del gobierno de Sánchez-Iglesias, anunciadas con palabras mayores pero con una letra pequeña que asesina a trabajadores. O bien los endeuda, como en el caso de los alquileres. O bien los persigue con ayuda de todos los cuerpos policiales que hoy hacen suyas las calles. Mienten cuando dicen querer salvar vidas: solo buscan salvar los beneficios de los grandes empresarios.

Esta orientación es clara cuando el Gobierno facilita, con la tradicional ayuda de la burocracia sindical de CCOO y UGT, los ERTEs: despido temporal, reducción del salario al 70% mientras el Estado paga todos los gastos. También se puede ver cuando el Estado ofrece microcréditos a la mayoría de los que no pueden pagar el alquiler, para que éstos se endeuden y sigan pagando lo mismo [1]. Ni siquiera han sido capaces de ilegalizar los despidos – se hincharon la boca diciéndolo, pero solo los encarecieron. Vemos cómo las empresas despiden con total impunidad, llegando a más de un millón – sin contabilizar los expedientados por ERTE, que son 3 millones y se prevé que alcance los 4 -, mientras el Estado sigue endeudándose.

Y mientras la deuda crece, el Gobierno anuncia una compra de 650.000 test defectuosos, que se acaba arreglando con la compra de más test que no superan el límite de fiabilidad. Pésima gestión con los recursos sanitarios, en la que el Gobierno no considera redirigir las industrias no esenciales para la producción de insumos. Prefiere entrar en el juego del mercado rapaz y especulativo de mascarillas antes que nacionalizar y/o expropiar.

Así, ni siquiera el personal sanitario tiene defensas materiales contra el virus, y claro, 15% de los infectados son del sector, el número más alto del mundo. Trabajan en unas condiciones de explotación inhumanas e inseguras, obligados por la ética de su profesión y por las amenazas que algunos reciben por parte de recursos humanos. Deplorable que el Gobierno hiciese un llamado a trabajar a estudiantes del último año de carrera – que hoy se ven con 20 pacientes a su cargo – y a sanitarios jubilados, personas de riesgo.

El colapso de la sanidad pública ha sido más que evidente, pero el Gobierno se ha mantenido firme en no expropiar la sanidad privada mientras ésta despedía a su personal. Mintió el ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuando anunciaba la intervención de la sanidad privada por Real Decreto. Si hubiese sido así, ¿por qué se levantaron hospitales de campaña teniendo 2200 camas privadas de UCI (Unidad de Cuidados Intensivos)? La respuesta es la misma: el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos mira por los intereses de la patronal. No sería extraño que el Estado se hiciese cargo de los gastos de las camas ocupadas en la privada.

Pero sin duda, la medida más criminal del Gobierno es la de mandar a trabajar a los servicios no esenciales después de solo dos semanas de parón. El gobierno de Sánchez-Iglesias pone fin a la “hibernación económica” haciendo oídos sordos a las advertencias de los expertos y sin ni siquiera consultar a su propio comité científico. Sin embargo, ha prestado mucha atención a los bancos y a la patronal. La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, decía en la Junta General de Accionistas el pasado 3 de abril: “Debemos planificar cuanto antes la vuelta al trabajo de los más jóvenes, de aquellos que ya están inmunizados.” Botín habla y el Gobierno, como buen servidor, ejecuta.

Podemos: perro ladrador, poco mordedor

El PSOE ha sido el defensor de los intereses de la patronal desde los más de 40 años de democracia. La novedad esta vez es que tenemos un gobierno de coalición PSOE-Podemos. Éste último, que tanto repudiaba en sus inicios al Régimen del 78, ha terminado gestionando la crisis del coronavirus de la mano de uno de sus garantes – y con el beneplácito del rey [2].

El esquema es el siguiente: el Gobierno pretende pasar una medida anti-trabajadores, Unidas Podemos se queja un poco y se acaba aprobando. Así repetidamente. El ejemplo más claro fue el sábado pasado (11/04/20), el fin de semana antes de que las y los trabajadores no esenciales volvieran a sus lugares de trabajo, cuando fuentes de UP declararon a la prensa que “los miembros del Gobierno de UP están tratando que el Ejecutivo limite al máximo posible el retorno al trabajo”. Puro paripé.

Podemos en ningún momento se opuso a la vuelta al trabajo. Ni una palabra. Pablo Iglesias publicó en Twitter un artículo que relata la brutal masacre en Bérgamo, un gran polo industrial de Italia donde la patronal presionó para no cerrar y las consecuencias del Coronavirus fueron devastadoras [3]. Hipocresía en estado puro. Quizás el twit o decir “que lo estamos intentando” pueden servir para lavarse su propia conciencia y dormir mejor, pero la realidad es que Unidas Podemos es tan cómplice y responsable como Sánchez de enviar a la clase trabajadora a currar. Plantarse frontalmente y dimitir para no ser cómplice de esta masacre no ha sido una opción para UP.

 

Otro rifirrafe en el Gobierno ha sido en torno la renta mínima, un acuerdo del programa de coalición que ya en enero se estaba posponiendo por discrepancias respecto a la cantidad. Podemos aboga por poner en marcha cuanto antes el Ingreso Mínimo Vital (IMV), sobre todo desde que comenzó la crisis del COVID-19, y la Vicepresidencia de Derechos Sociales (Iglesias) informó que “el Gobierno quería aprobar de forma urgente un ingreso mínimo vital puente hasta la aprobación del IMV definitivo”, ante la posibilidad de que la aprobación se diera pasado el verano. El PSOE no tardó en salir a enfriar el proyecto y a posponerlo para de aquí a varios meses. Hoy por la tarde (15/04) aparecía en los medios que el Gobierno tiene previsto aprobar la renta mínima durante el mes de mayo. Veremos cómo y cuándo termina.De momento, las facturas siguen llegando y la situación para muchas personas es muy difícil. Nosotros no tenemos ni un ápice de confianza.

Si bien el giro reformista de Podemos no es una novedad, su total y despreciable fidelidad al PSOE y a la patronal y su miserable silencio (“filtrar su malestar” es ridículo) durante la gravísima situación del coronavirus dan cuenta de que no están dispuestos a enfrentar a las empresas y a los poderosos. En 6 años, Podemos ha pasado de ilusionar a amplios sectores a formar parte de un gobierno de los empresarios y la patronal.

Una vez más, la podrida burocracia sindical actúa como siempre

Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, como siempre alineados con el Gobierno, han cedido ante la patronal y únicamente han declarado que las recomendaciones del Gobierno para la vuelta al trabajo “son de difícil aplicación en la gran mayoría de centros de trabajo” y han pedido a los empresarios que la vuelta al trabajo se haga “en las mejores condiciones posibles, con EPIs y manteniendo las distancias de seguridad”. El secretario general de UGT (Pepe Álvarez) pedía este martes que “los empresarios no hagan escoger a la gente entre economía y salud”, irrisorias declaraciones porque los trabajadores no pueden elegir. La elección ya estaba tomada por el Gobierno y la patronal en cuanto decidieron levantar la cuarentena. La burocracia sindical sigue cumpliendo su rol más que nunca y es cómplice y responsable de proteger al capitalismo a costa de la vida de los currantes.

La policía no cura el coronavirus

A la policía y al ejército, fuerzas represivas del Estado por antonomasia, se les ha dado un papel protagonista en esta batalla contra el virus, que no tiene nada que ver con una guerra. Así, en los informes televisados de cada día hemos visto los jefes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el ejército y las policías autonómicas, presentando las labores que llevaban a cabo sus subordinados, las infracciones que habían puesto el día anterior y haciendo un llamamiento a la unidad para batallar contra el COVID-19.

Una puesta en escena magistral. Y más con la fotografía de un pelotón desinfectando una residencia o levantado un hospital de campaña. Con esto, el Gobierno pretende limpiar la imagen degradada por los abusos policiales, la corrupción, las agresiones sexuales de algunos de los soldados/policías, los asesinatos en las fronteras, los montajes policiales, el apoyo al golpe militar y dictadura… O las hostias que repartían hace pocos años a los trabajadores de la sanidad pública y que reparten hoy a vecinos y trabajadores por salir a comprar o a tirar la basura.

Es amenazadora la legitimidad y naturalización que Sánchez e Iglesias pretenden dar a los cuerpos represivos del Estado en este contexto de crisis. Porque con toda probabilidad el Gobierno se la hará pagar a la clase trabajadora, y en un eventual giro hacia rebeliones, la policía estará preparada y legitimada por el Gobierno para reprimir.

Una vez más, la principal tarea sigue siendo controlar y amedrentar a la ciudadanía. Tarea en la que se exceden en los barrios proletarios y migrantes, donde persiguen a trabajadores y personas de colectivos vulnerables. En estos casos los barrios canalizaban su rabia con ruidosos cacerolazos.

La privatización de la sanidad no tiene nada de natural

Sin pararnos mucho en este punto, queremos dar cuenta de uno de los factores claves en la propagación y consecuencias fatales del virus: la privatización y desmantelamiento de la sanidad pública que, después de la época de austeridad impuesta por la UE tras pasar la Gran Recesión del 2008, las políticas de ajuste de los gobiernos del PPSOE han dejado al sistema sanitario público sin suficiente personal ni recursos para hacer frente a la pandemia.

Si bien Zapatero (PSOE) y Rajoy (PP) tuvieron bastante que ver con los recortes en sanidad (y educación) a nivel estatal – como ejemplo destacado, Rajoy eliminó la universalidad de la sanidad -, las autonomías tuvieron un papel protagonista de ajuste, ya que la sanidad es competencia de éstas. Y las dos comunidades que más sufrieron los recortes fueron justamente Madrid y Catalunya, donde ha pegado más fuerte el COVID-19.

Podríamos catalogar de laboratorio neoliberal a lo sucedido en Madrid, que ya en 2007 con Aguirre se levantan 7 hospitales de concesión privada pagados con dinero público, corrupción millonaria por en medio, y en paralelo reducción de plazas en la sanidad pública. En 2017, el 60,35% del gasto sanitario en la Comunidad de Madrid fue a parar a manos de empresas privadas.

El desmantelamiento perpetrado por el PP, en manos de Aguirre y Cifuentes que hoy intenta tapar y continuar Ayuso es más que obvio: 2.996 camas menos de 2013 a 2018, 3.296 efectivos sanitarios menos de 2010 a 2018, desaparición de respiradores, el tiempo de espera se duplicó y la población aumentó un 6%, llegando al 6,6 millones de habitantes. Los sistemas telefónicos y las atenciones en urgencias se colapsan con la gripe estacional.

La dinámica es la misma en Catalunya. La población aumenta, y prolifera la sanidad y mutuas privadas, mientras los presupuestos de la sanidad pública cae en picado. El 56% de las camas hospitalarias son gestionadas por empresas privadas, y el 42% son de su propiedad.

En manos de Artur Mas (de la antigua CiU) en 2010-2016, la derecha catalana recortó 1.600 millones de euros en la partida sanitaria: 2.400 sanitarios y más de 1.100 camas hospitalarias menos. Los presupuestos actuales, tanto de Catalunya como del resto del Estado Español, están lejos de revertir la situación de subfinanciamiento de la Sanidad Pública.

La derecha se suma al carro de las críticas al Gobierno

La derecha de VOX, PP y Ciudadanos se ha lanzado a la yugular del Gobierno, continuando con la acusación de ser una coalición “bolivariana-comunista”. Buscan capitalizar por derecha la indignación y el malestar social ante la pésima gestión del Gobierno. De manera más o menos bruta, todos juegan al desgaste con fines electoralistas. Es cierto que el gobierno llegó tarde y con una mala gestión, pero las críticas de la derecha son inadmisibles. Si fuera por ellos, morirían las mujeres, los inmigrantes, la gente mayor, los trabajadores no dejarían de currar bajo ningún concepto en plena pandemia (y también morirían) y estaría todo privatizado al mejor estilo social-darwinista de Bolsonaro y Trump. Por lo tanto, criminales y fascistas.

Nuestras críticas no tienen nada que ver con las de la derecha. No decirlas sería seguirle el juego a Sánchez e Iglesias y regalar todo el terreno al trifachito. Queremos un gobierno de los trabajadores, las mujeres y la juventud, y frente las políticas social-liberales que efectúa el actual gobierno, y que traen con ellas tantas muertes, exigimos su dimisión.

¿Y en Catalunya qué?

Pedro Sánchez recentralizó funciones al decretar el estado de alarma, dinamitando el Estado de las autonomías y conculcando con los pocos derechos nacionales que tiene Catalunya – y el País Vasco. Esto provocó conflictos [4] y críticas del Govern Català que, sin embargo, se sometió servilmente.

Y es que la Generalitat sí tiene competencias en el ámbito de salud, tanto público como privado. Eso quiere decir que desde que se decretó el estado de alarma el 15 de marzo, el Govern català podría haber intervenido la sanidad privada. También tiene competencias con las residencias de ancianos, un sector muy privatizado que ha sido víctima de muchos focos de infección. La única competencia que ha demostrado tener ha sido la de la Interior, sacando a la calle a la policía autonómica, igual que el gobierno central.

Pero recordemos que los intereses que defiende el president Quim Torra son los del partido que, cambiando varias veces de nombre, es heredero de la antigua Convergencia Democràtica de Catalunya, la vanguardia de la privatización de la sanidad pública en todo el Estado Español.De esta forma, Torra se aprovecha de la autoritaria centralización de Sánchez para eximir su actual responsabilidad, tapar la privatización y jugar un papel de víctima frente a Madrid que refuerza la muy inconsistente legitimidad independentista que le quedó después de la rebelión catalana.

El camino a seguir: la solidaridad por abajo y la ayuda mútua

Las medidas del gobierno de Sánchez-Iglesias cada vez caen peor. La última, volver a mandar trabajar a sectores no esenciales cuando expertos advierten que así se puede producir otra oleada de contagios, sienta como si nos estuviera mandando al matadero. Ya son varias las empresas que se han encontrado con huelgas de trabajadores negados a exponerse al virus, como los de Mercedes-Benz en País Vasco, o ArcelorMittal en Asturias. Tampoco lo ve claro el personal sanitario, que es probable que no aguanten otra situación límite por el beneficio de unos pocos.

A principios de la cuarentena el individualismo se instaló con la ayuda de los medios, la policía y partidos con sus campañas de responsabilidad ciudadana. La culpa era de las personas que se encontraban en la calle, y la figura de “policía de balcón” se popularizó. Pero por poco rato. A las dos semanas el descontento con el gobierno de “izquierdas” empezó a crecer en amplios sectores, al igual que el apoyo a los trabajadores esenciales y a la sanidad pública.

También existen los revulsivos. Lxs trabajadores son solidarios. Encontramos actos de solidaridad, individuales y de diferentes colectivos, produciendo mascarillas, recogiendo y distribuyendo alimentos, ayuda mutua entre vecinos… Frente a la imposibilidad de pagar el alquiler y las pésimas medidas tomadas, se organizó una huelga de pagos. El discurso excepcional del monarca fue recibido por una cacerolada en todo el Estado Español, mientras que los aplausos en los balcones, que suceden cada día, son cada vez más sonoros. Tendremos que ver si todo esto se va transformando en una oposición organizada y por izquierda al actual gobierno.

Seguramente en el futuro se hablará del mal menor, pero hay sobradas muestras de que los gobiernos burgueses nunca van a tomar medidas de fondo. Por eso desde Socialismo o Barbarie apostamos a la solidaridad de clase y el apoyo mutuo para salir de la pandemia y a construir una alternativa anticapitalista para enfrentar la crisis que se viene.

Nos oponemos al levantamiento de la cuarentena para las y los trabajadores no esenciales.

Inversión masiva ya en salud. Ningún sanitario sin equipo de protección individual!

Por una sanidad universal, pública y gratuita.

Que la crisis la paguen los capitalistas.

Renta básica universal ya.

Papeles para todxs! Regularización ya! Ninguna persona es ilegal.

NUESTRAS VIDAS VALEN MÁS QUE SUS GANANCIAS.


[1] En el paquete de medidas sobre alquileres, Pablo Iglesias anunció la posibilidad de reducción del 50% del alquiler si el propietario tenía más de 9 viviendas, que a la práctica es un 10-15% de personas que viven en régimen de alquiler con esta característica. Es decir, una medida que afecta a una minoría, y que no soluciona el problema de raíz. http://izquierdaweb.com/huelga-de-alquileres-en-el-estado-espanol/

[2] Podemos rechazó la propuesta de la CUP de investigar al monarca tras desvelarse los supuestos casos de corrupción con Arabia Saudí, en el contexto de crisis sanitaria y económica por el COVID-19. «Pensamos que lo que ya hemos conocido con respecto a la Casa Real es muy grave, pero ahora no toca.” declaró Echenique. (8/04/20)

[3] http://izquierdaweb.com/italia-bergamo-la-masacre-que-la-patronal-no-quiso-evitar/

[4] Nos referimos al brote epidémico en Igualada u Òdena, donde Quim Torra exigió al gobierno central un confinamiento más estricto en esas localidades, a lo que le respondieron negativamente y remarcando que no tenía las competencias para llevarlo a cabo.

DEJAR UN COMENTARIO

Ingresar comentario
Ingrese su nombre