• El pasado jueves 3 de febrero se aprobó una reforma laboral que consolida el modelo laboral actual y mantiene intactos los mecanismos de flexibilidad interna.

Ale Quelcom

El gobierno de PSOE-Unidas Podemos aprobó la nueva reforma laboral a pesar del escollo que ha supuesto la oposición de sus principales socios de investidura (ERC y PNV) y de los dos votos en contra de los diputados de UPN (Unión del Pueblo Navarro), que rompieron con la línea de su partido. Finalmente, la votación salió adelante de forma muy ajustada (175 votos a favor y 174 en contra) con el apoyo de Ciudadanos, PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Teruel Existe y gracias al error de un diputado del PP a la hora de votar.

La derogación de la reforma laboral de 2012 del Partido Popular era una promesa electoral estrella de Unidas Podemos y ha sido un punto de choque entre los socios de Gobierno a lo largo de la legislatura. A pesar de que Sánchez proclamaba en 2014, cuando fue elegido líder del PSOE, que “lo primero que hará el PSOE será derogar la reforma laboral de Rajoy”, lo cierto es que en los últimos meses Sánchez evitaba usar la palabra “derogación” y se refería más a derogar “los aspectos más lesivos”. Yolanda Díaz, sin embargo, declaraba en octubre del año pasado: “Vamos a derogar la reforma laboral, a pesar de todas las resistencias”.

Un par de meses más tarde, a finales de diciembre, se hacía público el acuerdo entre los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT), la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y el Gobierno. Ya sólo faltaba la aprobación en el Congreso para dar luz verde a la “no derogación” de la reforma laboral.

Puntos clave de la nueva reforma laboral.

“Las grandes vigas maestras de la reforma de 2012, la ultraactividad y los convenios de empresa, han sido, sencillamente, tumbadas, han sido tiradas abajo”, expresó Díaz. Con la nueva reforma, el convenio sectorial primará sobre el de empresa en salarios y jornada laboral y se garantiza la aplicación del convenio sectorial para las personas subcontratadas. Además, si no se pacta un nuevo convenio colectivo, se prorroga de forma indefinida el anterior hasta que sea sustituido por el nuevo.

Otra gran estrella de la reforma es la reducción de la temporalidad. Para ello, la nueva legislación propone varias medidas:

• Reducción del período durante el que se pueden encadenar contratos temporales antes de que pase a ser considerado indefinido (de 24 meses en un período de 30 se pasa a 18 en un período de 24): Además, los contratos temporales sólo podrán ser formativos y estructurales. Los contratos estructurales servirán para cubrir bajas de trabajadores o períodos de incremento de la producción (aunque en este último caso, nunca podrá superar los 6 meses o un año, según recoja el convenio). Si el incremento es previsible (campañas agrícolas, temporadas altas en comercio u hostelería), los contratos temporales estarán limitados a un máximo de 90 días. Se elimina, pues, el contrato por obra y servicio, bajo el que muchas empresas cubrían puestos totalmente estructurales.
• Transformación de los contratos temporales a contratos indefinidos fijo-discontinuo, para trabajadores que solo trabajan en periodos de actividad estacionales o cíclicos.
• Aumento de las sanciones a empresas por contratos temporales fraudulentos. Se incrementa la cuantía de la sanción y se aplicarán por cada trabajador afectado (y no sólo por infracción detectada como hasta ahora).

Los contratos formativos toman más peso y serán de dos tipos: alternancia y prácticas. El primero está dirigido a la formación dual (combinación de trabajo y estudios) y no podrá ser inferior a los tres meses ni superior a los dos años. El contrato de prácticas dependerá del convenio de cada sector y podrá prolongarse entre seis meses y un año. Como ya avisan algunos sindicatos como CGT, estos contratos pueden ser una barra libre para la precariedad de las y los trabajadores menores de 30 años.

A pesar de esta serie de medidas contra la temporalidad, expertos laboralistas señalan que si el despido sigue siendo barato, las empresas seguirán cometiendo fraude en la temporalidad.

Por último, la  nueva reforma apuesta por mantener de forma permanente los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) iniciados con la pandemia para evitar los despidos habituales y masivos en épocas de crisis. Es decir, la reforma vuelve crónico el rescate de empresas privadas con dinero público.

Aunque Yolanda Díaz se vanaglorie de haber tumbado algunas vigas, hay que señalar que aún le queda todo el edificio por destruir:

• Uno de los aspectos más “lesivos” de la reforma de Rajoy es, sin ningún lugar a dudas, la normativa sobre las indemnizaciones por despido. Esta sigue intacta con la nueva reforma. El pago de 20 días por año trabajado se mantiene en lugar de los 33 anteriores y en el caso de los improcedentes, continúan los 33 días por año en vez de 45 con un máximo de 24 mensualidades (anteriormente, 42). Tampoco vuelven los salarios de tramitación (lo que se cobra entre el despido y la sentencia que lo declara improcedente).
• No se contempla la autorización administrativa de los ERE, es decir, que las autoridades tengan la última palabra en procesos de despidos masivos. Así pues, sigue vigente la normativa que permite aplicar un ERE incluso en empresas con beneficios, así como las diferentes causas para aplicar despidos colectivos.
• La nueva reforma sigue permitiendo que las empresas puedan cambiar unilateralmente las condiciones de trabajo.

Dime quién te avala… y te diré qué intereses defiendes.

La reforma laboral del gobierno más progresista de la historia cuenta con el apoyo de partidos capitalistas que defienden a capa y espada los intereses de la burguesía como PSOE y Cs. Es avalada por la CEOE y CEPYME – que en declaraciones afirman que “el acuerdo consolida el modelo laboral actual y mantiene intactos los mecanismos de flexibilidad interna”-, por la banca de Botín, y por Rajoy, que considera que son “unos mínimos retoques” de la reforma del PP. Tenemos claro que si estos son los defensores de la reforma laboral, no puede ser buena para la clase trabajadora.

Las movilizaciones en Catalunya y Euskadi convocadas por el sindicalismo alternativo muestran el camino a seguir para enfrentar la nueva reforma laboral, que lejos de suprimir los ataques a los trabajadores de la anterior reforma laboral, cristaliza la precariedad y las condiciones laborales actuales.

Desde Socialismo o Barbarie Barcelona sumaremos nuestros esfuerzos a la discusión y organización en los puestos de trabajo y de estudio para dar la pelea por la derogación de la reforma laboral y para luchar para que, por una vez, la crisis la paguen los capitalistas.