• El regreso a las clases presenciales en el nuevo año escolar convirtió a los centros educativos en nuevos focos de propagación del Coronavirus.

Xavi Posets

La pandemia cortó la normalidad del anterior año académico, y las medidas tomadas entonces dejaron en segundo plano el derecho a la educación. La alternativa para seguir el curso sin correr el riesgo de propagar el virus fue la virtualidad. Una alternativa pobre, pues la falta de material, formación y personal educativo causó la pérdida de conocimientos en todas las materias, una sobresaturación laboral para los docentes y la “desconexión” de un sector del alumnado por la incompatibilidad de la virtualidad con sus condiciones materiales en sus hogares.

Con todo el verano por delante, podríamos haber pensado que el gobierno “progresista” del PSOE y UP tendrían tiempo de preparar un plan para la vuelta al curso escolar capaz de prevenir los riesgos del Covid dentro de los centros educativos y sin dejar atrás a miles de estudiantes en el derecho universal de educación.

Pero el verano fue avanzando junto a la inacción del Gobierno sobre el tema. Además, a medida que se levantaba la cuarentena y se priorizaba la recuperación económica bajo las mismas relaciones capitalistas de la “vieja normalidad”, el virus volvía a propagarse, generando una nueva ola de contagios que hará más difícil el curso que viene.

Finalmente, a dos semanas del inicio del curso 2020-2021, se ha producido una reunión entre el Ministerio de Educación, el de Sanidad, Política Territorial y las Comunidades Autónomas para presentar el acuerdo educativo sobre la vuelta a las aulas. De ella se resuelve, y el Gobierno aprueba, “29 medidas y cinco recomendaciones” para una “vuelta presencial y segura”. En ellas se constata la desidia del gobierno central por defender el derecho a la Educación de miles de estudiantes y evitar el sufrimiento de sus familias.

Unas medidas no creíbles, no factibles e ineficientes

Las medidas aprobadas por el Gobierno y las Consejerías son las de mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, mantener grupos de convivencia estables, uso obligatorio de mascarilla para los mayores de 6 años, lavarse las manos, tomarse la temperatura antes de cada jornada, aumentar la limpieza de los centros y ventilar las aulas con frecuencia, entre otras. Se da prioridad al alumnado de 2 de la ESO para abajo a las clases presenciales, se mantienen los servicios de comedor abiertos, el curso se parará ante “situaciones excepcionales” y el colegio se cerrará “si se produce una transmisión no controlada”.

Se ríen en nuestra cara al prometernos una vuelta al cole segura con estas medidas y sin aumentar el presupuesto educativo. ¿Cómo se va a cumplir la distancia de seguridad de la mayoría de centros educativos, que están repletos de estudiantes, sin la adquisición de nuevos espacios? ¿Sobre quién recaerá la adicional limpieza de los centros sin percibir subida salarial? ¿Cómo se pretende ventilar aulas repletas de personas? Es necesario un aumento del presupuesto educativo para la puesta en pie de medidas realmente eficaces y factibles contra la propagación del Covid, pero el Gobierno prefiere hacer oídos sordos a los reclamos de la comunidad educativa.

El Gobierno promete “clases presenciales sí o sí”, no tanto por el derecho educativo, sino por el uso que se le dan a las escuelas como centros de internamiento para los hijos de los trabajadores que no se puede hacer cargo de ellos porque están trabajando. Pero con estas medidas es previsible que la “transmisión no controlada” sea la tónica general del curso que viene, haciendo de los centros un peligro para los alumnos y sus familiares.

En estas más que seguras condiciones, las medidas pasan por volver a las clases virtuales, algo que para los mayores de 2º ESO podría ocurrir desde septiembre. Y, sin entrar en la falta de sociabilidad de la educación, las condiciones de la virtualidad son las mismas que escribíamos arriba, y por tanto sigue siendo una alternativa pésima.

Finalmente, no hay medidas por la conciliación familiar (algo que desde Moncloa se prometió). No se concederán bajas laborales a las madres y los padres que tengan un hijo o hija en casa con síntomas de Covid. La clásica solución que da el Ministerio de Trabajo es la reducción de jornada con su correspondiente reducción de salario, medida que mayormente asumen las mujeres. Así, algunas madres y padres se verán en la disyuntiva de perder dinero o mandar al niño/niña a la escuela teniendo síntomas.

Barra libre a la derecha

La competencia educativa pertenece a los gobiernos de las Comunidades Autonómicas, y el gobierno central no ha cambiado esto en tiempos de pandemia, sino que lo usa como apoyo para lavarse las manos. Por su parte, todas las CCAA excepto Euskadi han mostrado su visto bueno: las medidas no obligan a aumentar el presupuesto educativo. Al contrario, los gobiernos tienen vía libre para seguir sus políticas neoliberales –las mismas políticas que nos han llevado a una falta de recursos asfixiante tanto en educación como en sanidad-.

No es una osadía pensar que en medio de una pandemia – que ha remarcado las nefastas consecuencias de esas políticas – se siga recortando, destinando presupuesto público al sector privado, externalizando y sacando recursos materiales y personales a la Pública. De hecho, no hay más que ver la gestión de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid durante la pandemia: se externalizaron servicios a Telepizza y Rodilla, alimentando con comida basura a miles de niñas y niños y se despidieron a miles de docentes de educación especial, escuelas infantiles y comedores.

La situación de crisis económica en los territorios capitaneados por la derecha dejarán en aun peor lugar los sectores públicos. Y mientras el Gobierno supuestamente de izquierdas da barra libre a Díaz Ayuso, Juanma Moreno, Torra y Feijóo, que no dudarán en hacérselo pagar a los de abajo.

Por una vuelta al cole combativa por el sector público

El rechazo de estas medidas, que no son más que una fachada de propaganda que no soluciona nada, va en aumento. Millares de familias ya han anunciado que no llevaran a sus hijos/as al cole, no por absentismo escolar sino porque anteponen la salud de los suyos al derecho educativo.

No debería ser así. Unas políticas de izquierdas pondrían sobre la mesa el derecho educativo como una de las prioridades, destinando todos los recursos posibles para cursar un año escolar con todas las garantías de seguridad, salud e higiene. Para esto, es imprescindible aumentar el presupuesto educativo, invertir masivamente en la educación pública, para aumentar espacios, contratar docentes y trabajadores de limpieza y comedores, bajar ratios de alumnado, contratar personal sanitario en las escuelas, garantizar EPIS, abastecer al alumnado y profesorado de dispositivos informáticos, etc. También es necesario garantizar las bajas laborales de los padres y madres que deban cuidar a sus hijos/as en casa por el Covid.

El gobierno actual ha mostrado su voluntad de ponerle frenos a una educación pública, segura, gratuita y de calidad. Por eso la lucha en las calles –respetando las condiciones de seguridad e higiene – es el camino por el cual hacer avanzar medidas de izquierdas para que esta crisis no la paguemos los mismos.

Es en ese sentido, llamamos a movilizarse el 16, 17 y 18 de septiembre, días en los que el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga en todo el Estado español. Estas movilizaciones sirven para la puesta en pie del movimiento estudiantil masivo que imponga sus reclamos ante los cursos que vienen, a lo que apostamos.

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