• El Ministerio de Asuntos Económicos solicita el préstamo al SURE de la Comisión Europea, que dispone de 100.000 millones de euros a repartir entre los Estados miembros que se acojan al acuerdo del fondo de recuperación post COVID-19.

Xavi Posets

España es el primer país en solicitar formalmente la ayuda a la Comisión Europea vía el SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), un nuevo mecanismo comunitario temporal para mitigar el golpe de la crisis pandémica en la destrucción de empleo. Los más de 20.000 millones de euros irían destinados al financiamiento de los ERTE, el cese de actividad de autónomos y las bajas laborales por covid. Se espera que unos 17 países más de la Unión Europea también soliciten ayudas al fondo europeo, que tiene un presupuesto total de 100.000 millones de euros, por lo que a día de hoy se desconoce la cantidad que acabará recibiendo el Estado español.

Solo la medida del ERTE supone un gasto de 23.000 a 25.000 millones de euros desde el inicio de la epidemia hasta septiembre, según prevé la Autoridad Fiscal. De tal cantidad, el 30 % corresponde a la exoneración de la cotización al SS por las empresas. Moncloa esperaba reducir los costes con la llegada del turismo que levantaría ERTE. Sin embargo, el surgimiento de rebrotes a lo largo del territorio español ha jugado en contra. En septiembre el Gobierno se reunirá con la burocracia sindical y la patronal para decidir cómo dar continuidad a esta medida que nacionaliza las pérdidas privadas.

El programa SURE sale a partir del acuerdo del fondo de recuperación post COVID-19. Este mecanismo se financia de emisiones de deuda conjunta europea en el mercado, una propuesta de España e Italia. La Comisión Europea prevé pagar el pago de la deuda generada a partir de nuevos impuestos y tasas, como las del carbono, plástico de un solo uso o digital. Para poder participar, los Estados miembros deben avalar un total de 25.000 millones de euros. El Gobierno español ya ha avalado la correspondiente cantidad de 3.000 millones de euros. Finalmente los 100.000 millones de euros se reparten en préstamos en “condiciones favorables” y se desembolsa una primera parte para otoño de este año.

La vía del SURE da alternativa a los otros dos mecanismos acordados y ya existentes: el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) con un presupuesto de 24.000 millones de euros y el BEI (Banco Europeo de Inversiones) con 200.000 millones. Básicamente, la percepción de rescate y la experiencia de vigilancia presupuestaria con la crisis generada en 2008 hacen que los Estados eviten estas medidas por ahora. Ese año Grecia hizo uso del MEDE, la cual le llevo a la imposición de reforma macroeconómicas y una vigilancia estricta de la troika. En España, el préstamo de 40.000 millones de euros en 2012 se tradujo en reformas laborales y recortes de los sistemas públicos. Recortes que en tiempos de pandemia si pagan con vidas.

Sin embargo, el director gerente del MEDE, Klaus Regling, asegura que ya no existe ese estigma gracias a las nuevas condiciones llegadas en el acuerdo post covid. Además, suma el bajo interés de los bonos del 0,115% en 10 años como factor positivo para no rechazar la oferta. España podría pedir hasta 25.000 millones, el 2% de su PIB, el límite impuesto.

Pero estos mecanismo de control ya están implementados en el acuerdo general, haciendo que la elección de cualquier de los tres mecanismos ya supone elaborar planes de reformas con el visto bueno de la mayoría cualificada de los Estados miembros, que tiene la opción de bloquear el desembolso y elevar el debate al Consejo Europeo.

España mantiene el primer puesto en deterioración económica de Europa. Recién destacaba el desplome del PIB del segundo trimestre del 18,5 %. La actividad medida en horas trabajadas baja el 22,1 %. Su economía dependiente, entre otros sectores, del turismo es el resultado de las políticas llevadas a cabo años atrás por gobiernos y patronales en una etapa de reformas neoliberales.

Ante esto, el Gobierno sigue con su política de nacionalizar las perdidas y rescatar empresas con beneficios multimillonarios, lo que lleva a engrosar la deuda pública a unos máximos históricos. Entrar en el acuerdo con la Comisión Europea supone atarse de pies y manos a las políticas de recortes y ajustes para la clase trabajadora. Muestra de ello es que haya desaparecido definitiva y completamente la promesa de derogación de la reforma laboral. Urge dejar de avanzar en esta dirección y construir una alternativa por izquierda que plantee impuestos a las grandes fortunas, la expropiación de la casa Real y la Sanidad Privada, nacionalización de fábricas en cierre, regularización de todas las personas… En definitiva, que esta crisis no la pague la clase trabajadora, sino los capitalistas.

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