Elecciones municipales fraudulentas en Nicaragua

El oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se hizo con el poder en los 153 municipios reafirmando el control absoluto del aparato estatal por parte de la dictadura Ortega-Murillo.

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FILE - Nicaragua's President Daniel Ortega and his wife and Vice President Rosario Murillo, lead a rally in Managua, Nicaragua, Sept. 5, 2018. A Federal Judge in Argentina launched a criminal investigation Wednesday, Oct. 5, 2022, into Nicaragua’s President Daniel Ortega and Vice President Rosario María Murillo to determine whether they are responsible for crimes against humanity. (AP Photo/Alfredo Zuniga, File)

El pasado 06 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones municipales en el país hermano y, como era predecible, el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se hizo con el poder en los 153 municipios al obtener el 73,70% de los votos, con lo cual despojó a los remanentes de la oposición de los doce gobiernos locales que aún estaban bajo su control.

Con este resultado se reafirmó el control absoluto del aparato estatal por parte del clan Ortega-Murillo, que, tras su arribo al poder en 2007, erosionó los mecanismos institucionales de contrapeso al poder presidencial y, más importante aún, deterioró significativamente las libertades democráticas de organización política y social, las cuales ya eran bastante endebles debido a la larga tradición de gobiernos autoritarios y represivos del país.

Las votaciones estuvieron precedidas por varios meses de intimidaciones y ataques antidemocráticos por parte del régimen. Por ejemplo, clausuró alrededor de dos mil Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y medio centenar de medios de comunicación independientes al gobierno; asimismo, en un caso que raya con el surrealismo, un obispo opositor fue colocado bajo arresto domiciliario luego de que Rosario Murillo lo acusara de cometer ¡crímenes contra la espiritualidad!

Lo anterior, es continuidad del accionar represivo del gobierno durante las elecciones presidenciales del año anterior, en las cuales prácticamente todos los candidatos y candidatas de oposición fueron arrestados semanas antes de las votaciones. De ahí que no resulte sorprendente el abstencionismo electoral que, para estas votaciones, alcanzó el 80%.

Inicialmente, la pareja presidencial contó con el apoyo directo –o al menos el silencio cómplice- de la burguesía nicaragüense y el imperialismo, debido a la bonanza económica que experimentó el país; entre 2010 y 2017 la economía creció a un promedio del 5% y el porcentaje de personas en condición de pobreza cayó del 27% en 2005 al 10% en 2017.

Pero ese acuerdo en las alturas se resquebrajó al calor de la crisis económica, a lo cual se sumó el creciente malestar social contra el gobierno sandinista por la precarización en las condiciones de vida y el clima de represión. En este contexto, en abril de 2018 estalló una rebelión popular, ante la cual el gobierno de Ortega activó los mecanismos clásicos de represión por medio de la policía. Pero la radicalización de la lucha desbordó al gobierno por varias semanas, dando paso a una crisis política que puso contra las cuerdas al régimen en su conjunto. Incluso, hubo episodios embrionarios de “doble poder” popular en algunas ciudades –como León y Granada-, donde los agentes gubernamentales fueron expulsados y se conformaron juntas de gobierno locales.

Ante eso, el gobierno del FSLN respondió con una brutal represión a través de cuerpos paramilitares, aunque claramente contaban con el respaldo de las fuerzas represivas institucionales –Ejército y Policía-. El saldo fue alrededor de 350 manifestantes asesinados y el arresto de 220 opositores –estudiantes, periodistas, dirigencias opositoras y defensores de derechos humanos- presos hasta la fecha.

De esta forma, el régimen nicaragüense mutó hasta transformarse en una dictadura que controla el Estado como si fuera una empresa familiar, reproduciendo en grande medida el accionar de la dictadura dinástica de los Somoza, contra la cual luchó el FSLN décadas atrás. Según algunas investigaciones, la familia presidencial está conectada al menos a 22 empresas o negocios, los cuales van desde distribuidoras de combustibles e inmobiliarias.


Fuentes

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