• Gran parte del sistema de salud y especialmente de la producción farmacéutica está en manos privadas. El afán de lucro con la producción de insumos necesarios para controlar la pandemia dificulta la contención de esta crisis sanitaria y humanitaria.

Por Agustin S.

En todos los países afectados por el CoViD – 19, la medida priorizada por los distintos gobiernos ha sido el distanciamiento social en sus distintos formatos (cuarentena, aislamiento recomendado u obligatorio, estado de “emergencia” e incluso toques de queda y estados de sitio). Sin embargo, distintos especialistas vienen señalando que el aislamiento no es medida suficiente para frenar el contagio, el punto clave radica en realizar un testeo amplio y masivo entre la población.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, declaró recientemente: “hemos visto una escalada rápida en las medidas de distanciamiento social, como el cierre de escuelas y la cancelación de eventos deportivos y otras reuniones, pero no hemos visto una escalada lo suficientemente urgente en las pruebas, el aislamiento y el rastreo de contactos, que es la columna vertebral de la respuesta” .

En Corea del Sur, el país que más “acható” la curva de contagios del virus se realizaron aproximadamente 4200 tests por día, a razón de 4000 cada millón de habitantes. Mientras que en aquellos países en que la curva viene creciendo exponencialmente y se anticipa que la tendencia va a empeorar, la cifra es mucho menor.

En Italia, el país más afectado de Europa, se vienen haciendo 1000 cada millón de habitantes; en Estados Unidos, con más de 10000 casos confirmados de coronavirus, se hacen 26 tests por millón; en Argentina la cifra es ridículamente baja: 9,8 tests por millón. En el caso argentino, es alarmente que el número de pruebas realizadas por día (36 tests) es prácticamente igual al de casos confirmados, que rondó los 30 por día en la última semana.

Las limitaciones en la cantidad de tests realizados responde en todos los países a una gestión capitalista de la salud pública. En primer lugar, porque los gobiernos están administrando la crisis con recursos miserables. Ni en Europa, ni en EEUU ni en Argentina se han destinado partidas presupuestarias suficientes para cambiar la situación de la salud pública. luego de la recesión interminable post-2008, los gobiernos no quieren adelgazar aún más las reservas fiscales para poner dinero en la salud si esto implica quitarle dinero a los grandes capitalistas.

Ya son virales en todos el globo las imágenes de cómo los enfermos de coronavirus en Italia son hacinados en cualquier lugar libre por el colapso de los hospitales. En España, donde se espera que la curva de contagio sea peor que la italiana, se decidió en los últimos días limitar aún más las pruebas de coronavirus por la falta de tests, reduciéndolas sólo para las personas que tienen síntomas “graves”, dejando a los casos “leves” aislados en sus domicilios sin asistencia médica.

Gran parte del sistema de salud y especialmente de la producción farmacéutica está en manos privadas. Y si los Estados no están dispuestos a “perder” dinero por la salud de la población, no hace falta mucha imaginación para entender que las clínicas y farmacéuticas privadas no sólo no planean perder dinero, sino que pretenden hacer fortunas con la crisis generada por la pandemia.

Si bien en muchos países las pruebas del coronavirus son realizadas mayormente en laboratorios estatales, los materiales necesarios para las mismas son producidas por empresas privadas. En EEUU, por ejemplo, se acaba de anunciar la implementación de un nuevo test que toma menos de una hora en dar resultados. El mismo será fabricado por la empresa privada Cepheid, una enorme farmacéutica que factura billones por tecnologías relacionadas a la medicina molecular. Esto implica que realizar las pruebas genere un gasto mayor para el Estado. Mientras la producción de los insumos médicos necesarios para combatir la pandemia esté en manos de privadas, la salud de la población seguirá siendo un negocio para unos pocos, que dificulte la posibilidad de solucionar la grave situación en la que se encuentra la humanidad.

Este problema es mucho más agudo en países como la Argentina, donde prácticamente todos los insumos de los tests se compran a empresas o Estados extranjeros y se dispone de menores desarrollos científicos y menores recursos económicos. Cada test de CoViD-19 le está costando al Estado argentino unos 1500 pesos. Se estima que la Argentina necesitaría actualmente al menos 100.000 tests para tener una cantidad significativa, lo cual tendría un costo de 150 millones de pesos solo en insumos. La cantidad irrisoria de tests disponibles en el país está muy lejos de 100.000 (9,8 tests cada millón de habitantes y 36 por día, o sea 400 tests hubieran sido necesarios hasta el domingo pasado).

A la falta de presupuesto hay que sumarle otro problema. La Argentina tenía hasta ahora solamente un laboratorio preparado para realizar las pruebas de detección del coronavirus, el Instituto Malbrán, lo que generaba un importante retraso en el diagnóstico y en la atención de los casos, ya que los hisopados debían ser enviados del interior del país hacia la capital y de vuelta, generando un retraso de hasta 48 hs o más, nada despreciable teniendo en cuenta que la evolución de la pandemia cambia día a día.

Ahora, el gobierno anunció la preparación de algunos centros más para realizar tests en otras 6 provincias, pero el contagio ya ha avanzado bastante en el país. Se pasó ya el umbral de los 200 casos y el contagio comunitario, del cual se confirmó un caso en Chaco y hay varios más con antecedente epidemiológico desconocido, se corroborará seguramente cuando se amplíe la cantidad de pruebas realizadas diariamente, como señalaron distintos especialistas y el propio gobierno, que anticipó el pico de contagios para fines de abril.

La racionalización de los tests por falta de presupuesto en la salud pública, así como el colapso del sistema hospitalario en Europa, está demostrando que no puede ponérsele un freno a la pandemia si se sigue gestionando esta crisis con criterios capitalistas. Hay entonces dos alternativas: o proteger las ganancias de las farmacéuticas y cuidar el déficit fiscal, u ordenar el funcionamiento de los sistemas de salud (hospitales, laboratorios y farmacéuticas) a partir de la necesidad de proteger a la salud de la población; ambos intereses no pueden convivir en este momento de crisis.