• Anotaciones sobre las particularidades del sistema penitenciario estadounidense en el contexto de la rebelión antirracista en EEUU.

Por Agustín Sena

La rebelión anti-racista desencadenada por el asesinato de George Floyd ha puesto en cuestión algunos de los pilares del capitalismo racista yankee, como es el caso del debate sobre la abolición de la policía. Ante estos hechos, que ponen la mirada de millones sobre el rol de las instituciones represivas del Estado en la primera potencia imperialista del mundo, queremos hacer algunas anotaciones sobre las particularidades del sistema penitenciario estadounidense.

Estados Unidos, que se postula históricamente como el paladín internacional de la democracia, posee la mayor población carcelaria del mundo (2,2 millones). Con sólo el 5% de la población mundial, concentra un 25% de la población carcelaria mundial, proporción que indica una fuerte política punitiva en el país, sostenida a lo largo de décadas por republicanos y demócratas. Entendiendo que el Estado surge históricamente para contener (y sostener) las contradicciones de la sociedad de clases (como bien definiera Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado), es claro el rol de las instituciones represivas de dicho Estado para mantener las relaciones de explotación propias de la sociedad capitalista.

Así como El Estado capitalista no pierde ocasión de reprimir las luchas de los explotados y oprimidos cuando se desatan repuestas a la explotación (como quedó muy claro a la luz de la brutal represión a la rebelión antirracista), mantiene también una represión constante y cotidiana sobre la clase trabajadora (en la forma de persecución y hostigamiento hacia los sectores más precarizados de la misma, como es el caso de la población afroamericana en los barrios negros) destinada a disciplinar a los sectores populares y obligarlos a soportar cualquier forma de opresión con la cabeza gacha. Para esto, no cuenta sólo con la policía, sino también con el Poder Judicial y el sistema penitenciario. Como bien señala la histórica activista anti-racista Angela Davis, en los EEUU las cárceles no son ningún tipo de “institución reformadora” para reinsertar a los delincuentes en la sociedad, sino más bien centros en los que se aplica violencia sistemática sobre los convictos, aumentando los niveles de violencia ya existentes en la sociedad misma.

En Estados Unidos, el carácter clasista de las instituciones policiales y carcelarias se combina con el racismo que le es intrínseco al capitalismo norteamericano desde su origen. La política de encarcelación masiva destinada a la población negra ha constituido, en distintos momentos de los últimos 150 años, una herramienta de opresión política sistemáticamente planificada.

Inmediatamente después de abolida la esclavitud, la encarcelación masiva fue utilizada para ganar parte de la mano de obra gratis que los terratenientes blancos del Sur habían perdido, poniendo a miles de presos negros a trabajar de manera forzada. Ya en la segunda mitad del siglo XX, la política de encarcelación masiva se reavivó durante las décadas de 1970 (Nixon), 1980 (Reagan) y 1990 (Clinton), ahora bajo el título de las famosas “Guerra contra el crimen” y “Guerra contra las drogas”, que no eran otra cosa que una ofensiva destinada a criminalizar amplios sectores de la población negra estadounidense, utilizando los discursos fascistoides alrededor del problema de la delincuencia para derimir disputas electorales al tiempo que se hacían negocios con el emergente negocio de las cárceles privadas.

Como fruto de esta política, la población carcelaria se duplicó durante la presidencia de Clinton, pasando de 1 millón a los 2 millones, cifra similar a la actual. Luego de dos enormes concensiones conquistadas por la comunidad afroamericana (la abolición en 1863 y la Ley de Derechos Civiles en 1965) el capitalismo yankee respondió con políticas de ofensiva represiva para mantener la situación de opresión racial sobre dicho sector de la población1.

Basta con sólo echar una mirada a las estadísticas carcelarias y a la legislación penal de los EEUU para dar cuenta de que este fenómeno sigue patente. Mientras la población blanca del país compone un 60% del total, los blancos sólo representan un 30% de la población carcelaria, mientras que los negros componen el 33% de la misma, siendo tan sólo un 12% del total; es decir que, siendo sólo un tercio de la población blanca, hay 6 veces más presos negros que blancos2. Esto se explica por las desigualdades económicas estructurales entre negros y blancos: la población negra tiene estadísticamente el doble de probabilidades de vivir en la pobreza que la blanca, al tiempo que el patrimonio promedio de una familia blanca es aproximadamente 10 veces mayor que el de una familia negra, lo que genera necesariamente mayores niveles de violencia y delincuencia entre la población negra. El capitalismo yankee criminaliza y condena a la comunidad afroamericana por la delincuencia que el propio capitalismo, como creador de desigualdad, engendra.

Al mismo tiempo, la legislación penal estadounidense está diseñada, no para que la población carcelaria se reduzca, sino para que crezca todo lo posible a fuerza de encarcelar pobres. Delitos menores, como el consumo o posesión de pequeñas cantidades de drogas, así como el “vagabundeo”, pueden llevar condenas de varios años. Al día de hoy, casi 500.000 personas están presas en los EEUU (alrededor de un cuarto de la población carcelaria total) de manera preventiva (sin condena) y por cargos que permiten liberación bajo fianza.

Obviamente, la mayoría de las personas negras y pobres del país no disponen de miles de dólares para comprar su libertad, por lo cual los procesados blancos y acomodados pueden salir mientras los negros y los pobres son condenados de hecho a años de encierro, a veces por el sólo hecho de ser pobres y vivir en la calle. Incluso hay se crearon penas distintas para delitos esencialmente iguales. El consumo de cocaína, por ejemplo, conlleva penas distintas según se consuma en su forma aspirable (como lo hacen muchos blancos acaudalados) o fumándola (crack), versión mucho más barata y corrosiva para la salud, que es desde fines del siglo pasado uno de los flagelos más sufridos en los barrios marginales de población mayoritariamente negra, y que conlleva penas mucho más fuertes. Además, se ha instituido un sistema de “penas mínimas” obligatorias para este tipo de delitos (lo que conlleva a desestimar cualquier tipo de atenuante en el proceso del juicio) y el sistema conocido como “tres strikes”, que dicta la condena perpetua automática para cualquier persona que cometa 3 delitos “violentos”.

En el transcurso del encierro las personas encarceladas se enfrentan constantemente al peligro de ver sus condenas aumentadas por varios años. Hace no mucho, durante un incendio, varios convictos de una cárcel de Maui debieron elegir entre salir a un patio para respirar o quedarse en sus celdas llenas de humo hasta asfixiarse (como exigían los oficiales penitenciarios) bajo amenaza de ver sus penas extendidas. Como si fuera poco, quienes logran terminar su condena o pagar su fianza y salir de la cárcel deben lidiar con el estigma de la criminalización el resto de su vida. En EEUU es común que en las entrevistas de trabajo se pidan los antecedentes penales del solicitante, y poseer antecedentes implica casi siempre perder el puesto. Teniendo en cuenta que hay alrededor de 70 millones de personas con antecedentes penales, que han estado presos o han sido circunstancialmente arrestados, es un problema que afecta a una porción ridículamente grande de los sectores populares del país3.

Sin embargo, el elemento que cambió cualitativamente el problema del sistema penitenciario en los EEUU quizá sea la privatización de las cárceles. A diferencia de lo que sucede en la mayor parte del mundo, en EEUU la inmensa mayoría de las cárceles son gestionadas para el Estado por empresas privadas, una suerte de tercerización de la represión en manos de empresas que facturan miles de millones con el negocio del encierro.

Si a la función represiva que le es inherente al sistema penitenciario bajo el capitalismo se le suma la privatización, la tendencia al aumento de la población carcelaria y la criminalización de los sectores pobres y negros aumenta exponencialmente. Con las cárceles manejándose con un criterio de ganancia (más presos significan más fondos disponibles, y cuanto más inhumanas sean las condiciones de encierro menores serán los gastos y mayores las ganancias de las empresas) la generación de delincuencia por parte del Estado no sólo no es un problema sino que es deseable para la burguesía, pues ahora la encarcelación de trabajadores no sólo tiene una función política – represiva sino una función económica para enriquecer a los empresarios del rubro.

Si este problema del sistema penitenciario en los EEUU no ha hecho más que emperorar durante décadas (ni siquiera Obama, el supuesto progresista presidente negro, hizo más que gestos simbólicos al respecto), con la presidencia de una bestia fascistoide como Trump viene a agravarse. Es ya una costumbre, desde su campaña presidencial en 2016, escuchar declaraciones del mandatario yankee exacerbando la criminalización de los sectores negros y latinos (a estos últimos ha llegado a calificarlos de “violadores”). Se trata de un negocio redondo y hasta una necesidad para el capitalismo racista yankee tal como lo conocemos, especialmente en momentos de crisis (2008 hacia acá, más agudamente a partir del alza de la desocupación durante la pandemia).

Al tiempo que genera nuevos pobres y mayores niveles de delincuencia con los que luego se harán ganancias, los discursos racistas y xenófobos como el de Trump sirven para avivar los prejuicios más reaccionarios en los sectores atrasados de la clase trabajadora yankee. Persiguiendo y encarcelando a los trabajadores negros y latinos, y llenándole la cabeza de basura a los trabajadores blancos (muchos de los cuales han visto decaer su nivel de vida con la crisis y la destrucción de los puestos de trabajo mejores pagos) los Trump apuestan a dividir cada vez más a la clase trabajadora y a los distintos sectores explotados y oprimidos del país e impedir el establecimiento de relaciones de solidaridad entre el conjunto de la clase trabajadora.

Sin embargo, cuando se inician procesos colectivos de lucha como la rebelión en curso, cuando se ponen en marcha los sectores más dinámicos y combativos de la sociedad, se abre la posibilidad de romper las trabas más anquilosadas en la conciencia de los explotados y oprimidos del país. La rebelión anti-racista abre la posibilidad no sólo de ponerle un freno a los asesinatos de jóvenes negros a manos de la policía, sino también de hacer temblar todo el sistema represivo estatal yankee (con el sistema penitenciario incluido), como atestigua la exigencia cada vez más amplia de abolir la institución policial.

 


1- Con respecto a este punto, es ilustrativo el documental “Enmienda 13”, más allá de sus limitaciones en un enfoque que pareciera apegarse demasiado a las regresiones instituciones y dejar de lado el potencial revolucionario que todavía conserva el movimiento afroestadounidense.

2- https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52881278

3- https://www.elsaltodiario.com/racismo/juan-cartagena-en-ee-uu-el-perfil-racial-se-observa-desde-el-momento-de-la-detencion-hasta-la-sentencia

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