• El homenaje a través de la cuenta oficial de Twitter del Ejercito a los soldados “que murieron en el cumplimiento del deber militar” en una operacion para exterminar “subversivos” suscitó un amplio repudio por parte de distintos organismos de derechos humanos y sectores de la sociedad.

Luz Licht

Pese a que el mensaje fue borrado, esa institución trató como “héroes” a estos militares que participaron en el Operativo Independencia que se trató de una suerte de ensayo general de los actos de terrorismo de Estado y genocidio desplegados a nivel nacional durante la dictadura de 1976.

En el tweet publicado el domingo pasado se homenajeó al subteniente Rodolfo Berdina y al soldado Ismael Maldonado dado que “ofrendaron su vida en cumplimiento del deber militar” en el Combate de Potrero Negro, en la provincia de Tucumán. De manera totalmente impune se llama cumplimiento del deber a los inicios del despliegue del terrorismo de Estado y los delitos de lesa humanidad cometidos en la intervención por parte del Ejército y la Fuerza Aérea en Tucumán.

El Operativo Independencia comenzó el 5 de febrero de 1975 por un decreto de la entonces presidenta María Estela Perón con la excusa de “exterminar a los elementos subversivos”, como llamaban a las organizaciones guerrilleras que ya no operaban allí dado que fueron previamente diezmadas por la represión estatal y para-estatal.Se justificó como una “guerra contra la subversión” al ataque contra el ascenso de la lucha y organización de toda una generación de trabajadoras/es y jóvenes.

La operación a cargo al principio del general Acdel Vilas y, luego de Antonio Domingo Bussi, implicó la instauración de un estado de sitio donde se pusieron en práctica los métodos de secuestro, torturas y desapariciones forzadas en centros clandestinos de detención, como la famosa “Escuelita de Famaillá”. La colaboración para desplegar el plan sistemático contó con la activa colaboración no sólo de medios de comunicación, la Iglesia y sectores políticos patronales y de la burocracia sindical.

Los empresarios locales que aportaron al “Fondo Patriótico Azucarero” o, que prestaron directamente sus ingenios para que funcionaran como CCD. Esa “guerra” como necesitan hacer creer, no fue más que terrorismo de Estado y genocidio.

La reivindicación de tal gesta criminal se hace pese a que los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos en ese operativo llevan al momento diez condenas. También se omite deliberadamente que de los 107 cuerpos identificados en el Pozo de Vargas, la fosa común ilegal más grande del norte argentino, hay 17 que pertenecen a personas desaparecidas y asesinadas por esas fuerzas en 1975, hablamos de trabajadores/as, militantes, estudiantes y docentes que nos negamos a olvidar.

Con el envío por parte de los organismos de derechos humanos de una carta al ministro de Defensa, Agustín Rossi, debieron recordarle que “No hay que confundir, señor Ministro, consideramos que bajo la forma de homenaje a dos ‘caídos’, esa placa no hace más que reivindicar el inicio del genocidio en nuestro país”.

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