Por Johan Madriz

La rápida propagación del coronavirus Covid-19 por el mundo ha encendido todas las alarmas, llevado a cada país ha tomar medidas para paliar este brote que ya augura no solo miles de muertes sino también un fenazo en la, ya de por si frágil, economía mundial.

En algunos casos estas medidas fueron tardías ante la inacción de gobiernos negacionistas de la ciencia o por presiones de sus burguesías nacionales. Pero lo cierto es que los gobiernos están utilizando esta emergencia como excusa para avanzar en el establecimiento de “estados de emergencia” que restringen las libertades democráticas, implantando así la idea de que la “excepcionalidad” es algo común, cotidiano.

Este es el caso de Nayib Bukele en El Salvador, país que aún no ha presentado ningún caso, y está tomando medidas arbitrarias. Bukele ha tenido una gestión de gobierno autoritaria, con un discurso plagado de referencias religiosas y un impulso a las fuerzas de seguridad del Estado como forma para enfrentar todo aquello que el presidente considere su adversario en el momento.

Así tras el anuncio de la OMS de la declaración de pandemia Bukele cerró las fronteras del país por 21 días: “la Dirección General de Migración y Extranjería deberá decretar la prohibición de entrada de todo extranjero que no sea residente o diplomático en el territorio salvadoreño”. Con lo cual colocó al país en una cuarentena de 30 días. Esta medida va de la mano del despliegue de más de 2 mil soldados y las fuerzas policiales para resguardar las fronteras con la orden de encarcelar a cualquier persona que ingrese de forma ilegal al territorio.

 

Es evidente que debe existir un equilibrio entre las acciones tomadas para la protección de la población y evitar o frenar la propagación del virus, pero estas no pueden ser a costa de la restricción autoritaria de libertades con el sentido de sumar puntos en los planes de ajuste que llevan a delante los gobiernos.

De esta forma El Salvador (que es punto de un gran flujo migratorio hacia Estados Unidos) añade una piedra más en el camino de miles de migrantes que ya enfrentan la represión ejercida en México por López Obrador (que se colocó como el guardián de la frontera de Trump) y las políticas xenófobas estadounidenses que de forma inhumana detiene a estos migrantes, les encierra en pésimas condiciones, los separa de sus familiares y luego los deporta a los países de los que huyen.

Pero no termina ahí, también se tramita en la Asamblea Legislativa una declaratoria de estado de emergencia y calamidad pública (que incluye la suspensión de derechos constitucionales) con lo que se podría disponer de recursos necesarios para enfrentar preventivamente la enfermedad, pero también para colocarlos a disposición de las fuerzas armadas y su labor represiva.

 

Estas medidas van acompañadas de la cancelación de actividades masivas de todo tipo y la suspensión de clases, pero nada se menciona de las aglomeraciones en el trasporte público o en los centros de trabajo.

El marcado carácter de clase en el tratamiento de la emergencia en patente. En reunión con el sector empresarial Bukele les aseguró que “de parte del Estado tendrán toda la ayuda necesaria para levantar la actividad productiva: leyes, inversión, incentivos, tramitomanía. Vamos a quintuplicar esfuerzos para que el sector productivo no solo no se merme, sino que crezca”.

Pero la clase trabajadora que se aguante como pueda: “la actividad laboral no está restringida, lo único es que yo les exhorto a tomar medidas sanitarias dentro de sus empresas, que apliquen buenas practicas: poner alcohol en gel, sanitizar…”. Es decir, por un lado adoptan medidas drásticas como es el cierre de fronteras pero para las y los trabajadores alcohol en gel…

 

La pandemia de Covid-19 es producto de un capitalismo que lo que quiere es que la salud sea un negocio y solo puedan acceder a ella quienes puedan pagarla y que en la era del neoliberalismo ha debilitado sistemáticamente la seguridad social.

Por eso es necesario que la clase trabajadora tome el control de esta emergencia estableciendo las medidas que consideren necesarias en centros de estudio, empresas, etc. Se deben destinar recursos al desarrollo de infraestructura médica (en lugar de pagar la deuda) y el reforzamiento de la atención en salud con aseguramiento universal a cargo del Estado. Esto es solo posible asegurando el derecho de la población trabajadora a manifestarse y exigir sus derechos.

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