• Si bien la crisis económica que atraviesa la potencia norteamericana ya se configura como la más grave desde la Gran Depresión de los años ’30, lo peor podría estar aún por llegar.

Agustín Sena

En el contexto de una crisis económica, sanitaria y social que pone en cuestión la continuidad del gobierno de Trump de cara a las elecciones de noviembre, demócratas y republicanos discuten sin llegar a un acuerdo los términos de un segundo paquete económico de emergencia para amortiguar el peso de la creciente desocupación (los puestos de trabajo perdidos se cuentan por decenas de millones) y la retracción de la economía. Si bien la crisis económica que atraviesa la potencia norteamericana ya se configura como la más grave desde la Gran Depresión de los años ’30, lo peor podría estar aún por llegar.

Al tiempo que sigue siendo la principal economía del planeta, Estados Unidos concentra también uno de los niveles de desigualdad social más altos. Esto quedó al descubierto con la crisis del coronavirus (la rebelión antirracista es también expresión de esto), que expuso los problemas estructurales de la sociedad yankee y los agudizó al extremo, generando la destrucción de millones de puestos de trabajo. Ante este panorama, en el mes de mayo el Congreso aprobó un paquete de emergencia económica que consistió en darle a los sectores más vulnerables de la población un subsidio de 600 dólares semanales, que alcanzó a 30 millones de personas. Sin embargo, esta medida no logró frenar la caída de la economía, que en el segundo trimestre del año experimentó su mayor caída desde la crisis del ’30, con una caída del PBI del 32,9%, del consumo en un 34,6% y de la inversión del 49%, respectivamente, al tiempo que los puestos de trabajo que se reabrieron en aquellos Estados donde se levantó la cuarentena no llegaron a frenar el aumento de la desocupación. Al día de hoy, sigue habiendo más de 10 millones de puestos de trabajo menos que antes de que comenzara la pandemia, y las solicitudes de seguro de desempleo superaron el millón por semana durante 20 semanas seguidas (5 meses)[1].

El paquete de salvataje inicial terminó la semana pasada, a finales de junio, por lo cual se abrió un debate en el Congreso estadounidense sobre las condiciones para un nuevo paquete. El tema de discusión es, obviamente, el monto. Mientras los demócratas proponen un paquete de 3 billones de dólares, el trumpismo y los republicanos limitan la suma a 1 billón o, como máximo, 1,5  billones. En las últimas horas, la dirigente democráta Nancy Pelosi mantuvo una reunión con el Jefe de Gabinete Mark Meadows y el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin durante varias horas, que se suma a un total de 10 reuniones en 12 días, sin llegar a ningún acuerdo ni avances reales en las condiciones del salvataje. En este contexto, sumando además el cese de sesiones ordinarias del Senado, lo más probable es que no se llegue a un acuerdo durante el resto del mes de agosto. Si bien Meadows anunció que Trump tomaría “acciones ejecutivas” al respecto, lo concreto sería que los 30 millones de personas que venían recibiendo la ayuda de 600 dólares semanales dejarían de recibirla totalmente o, en el caso de que Trump decida renovar el subsidio por decreto, la cifra se vería ostensiblemente reducida.

Se trata de 30 millones de estadounidenses que usaban el subsidio para pagar alquileres, alimentos y servicios básicos, lo que implicaría su caída en la pobreza o, en muchos casos, en la indigencia directa. Pero además, la desaparición de este ingreso para una suma tan grande de personas podría significar un golpe para el conjunto de la economía yankee, cuyo principal motor en los últimos años fue justamente el consumo interno. Según el Instituto de Política Económica (EPI), la cancelación del subsidio podría generar la pérdida de hasta 5 millones de puestos de trabajo como consecuencia de la caída del consumo.

La decisión los republicanos de obstaculizar una segunda edición del subsidio anticipa una agudización de la crisis económica que vive el país norteamericano, y al mismo tiempo se enmarca en un una orientación errática del gobierno de Trump a la hora de enfrentar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Más allá del problema específico de la ayuda estatal, Trump no ha ni siquiera esbozado una salida de fondo a la crisis económica, en la medida que está inseparablemente ligada al problema del control de la pandemia. Si bien Trump mantiene desde el inicio una posición negacionista de defensa acérrima de los intereses patronales en desmedro de la salud de la población trabajadora (al dia de hoy, mientras muchos Estados viven el mayor pico de contagios, Trump sigue presionando para reabrir las escuelas), la reapertura de la economía en y el fin de las cuarentenas no ha resuelto el problema de la pandemia. En la medida que no es posible reabrir todo y dejar que cientos de miles mueran sin esperar consecuencias, el panorama para los próximos meses es el de un ciclo de sucesivos cierres y reaperturas al ritmo del contagio (como ya se viene viendo en los distintos Estados, que abren mientras otros tienen que volver a cerrar).

En este sentido, la orientación de Trump ha despertado alertas en el propio establishment yankee y hasta republicano. El banquero y político Neel Kashkari, presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis y que participara del salvataje estatal durante la crisis del 2008 (primero bajo el gobierno de Bush y luego de Obama), señaló que la recuperación económica del país es posible pero sólo sobre la base de que se logre controlar de manera definitiva la pandemia. Si el ciclo de cierres y reaperturas continúa durante 1 o 2 años (lo cual parece probable si no se consigue desarrollar y aplicar masivamente una vacuna efectiva) podría generar consecuencias muchos mayores que un cierre total durante algunas semanas o meses para controlar la transmisión del virus. Incluso desde un punto de vista capitalista, la orientación trumpista de dejar correr libremente el contagio mientras se reabre la economía podría tener consecuencias indeseables. No podría ser de otra manera en la medida que lo que desnuda el negacionismo trumpista es la tendencia de ir hacia una proporción cada vez mayor de anarquía en el gobierno de la sociedad.

Pero el mayor peligro podría ser otro. La presión de los demócratas (y de otros sectores del establishment republicano o de algunos medios masivos de comunicación) por llegar a un acuerdo en el tema salvataje no radica únicamente en el deseo de administrar prolijamente los negocios capitalistas sino además, y probablemente en mayor medida, en la preocupación por las consecuencias sociales que la crisis económica pueda desatar. La rebelión antirracista en ocasión del asesinato de George Floyd no responde únicamente a un problema de falta de “justicia social” o igualdad de derechos sino a una realidad de desigualdad salvaje que atraviesa al conjunto de la sociedad estadounidense. El racismo no se limita a un problema de discriminación en un sentido ideológico sino que remite a lo más rancio de la explotación clasista capitalista. Y la agudización de la crisis y el aumento de la desocupación podrían lanzar a franjas de decenas de millones de trabajadores estadounidenses a la pobreza y a la miseria total, desnudando la realidad que descansa tras la fachada del “sueño americano”. Con lo peor de la crisis aún por llegar, Trump podría estar gestando una bomba de tiempo social que podría poner en peligro no sólo su candidatura para las próximas elecciones sino además la continuidad de su gobierno y la estabilidad del régimen político yankee.

[1] El record histórico previo a la pandemia había sido en 1982, con 695000 solicitudes semanales.