Ecuador: la Conaie anuncia la suspensión de las movilizaciones

Un triunfo de la protesta popular. Si bien el gobierno de Lasso tuvo que hacer concesiones reales a lo que amenazaba con convertirse en una rebelión, la dirección de la Conaie deja pasar algunas de las medidas de ajuste.

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El «acta por la paz» fue firmado por representantes del gobierno de Lasso y de la Conaie, con la mediación de la «Conferencia Episcopal Ecuatoriana» (organización de la Iglesia Católica), en la tarde de hoy. Con ella, el gobierno toma algunos compromisos con los reclamos populares y la Conaie pone automáticamente un freno a la movilización masiva que ya llevaba 18 días en la calle.

De los 10 puntos del programa indígena, el gobierno sólo cedió en algunos, mayoritariamente de manera parcial o engañosa. Es la segunda vez que un gobierno reaccionario ecuatoriano debe ceder al fervor popular en menos de tres años.

Lasso hoy, como Lenin Moreno, fue acorralado por el rechazo masivo a sus políticas antipopulares de ajuste. Si primero intentó imponer el terror en la calle con la represión, que dejó al menos 8 muertos y 300 heridos, no consiguió otra cosa que echar gasolina al fuego. Con la firma del acta, se pone fin al Estado de Excepción impuesto por decreto presidencial.

Los principales puntos del acuerdo son:

– Una de las principales motivaciones de la masiva movilización fue el aumento de los combustibles. El gobierno se comprometió a una nueva rebaja del aumento de los combustibles, ahora de 0,05 dólares. Con el nuevo esquema de precios, el diésel quedaría de 1,8 dólares el galón a 1,75 mientras la gasolina extra y ecopaís pasa de 2,45 a 2,4. 

Esta concesión es miserable no solamente si tenemos en cuenta que la Conaie reclamaba que los precios pasen a 1,5 y 2,1 dólares respectivamente, sino también que sus precios ya habían aumentado un 90% y un 46%. Es decir, se consagra el ajuste brutal de los aumentos pero aparece como un «triunfo» porque es (bastante) menos brutal… pero brutal al fin.

– Otro de los «puntos» del acta acordada es «reforzar» los controles de precios en todos productos de consumo popular… a cargo de los gobernadores. Es decir, el compromiso es a nombre de los gobiernos regionales, no del nacional. No hay absolutamente nada que indique que este punto vaya a tener eficacia contra la inflación, ni siquiera una mínima.

– Un triunfo real es la declaratoria de emergencia en el sector de salud, que reforzaría un presupuesto extraordinario para medicamentos e insumos en general.

– Se arrancó también un compromiso de implementación de políticas sociales: bono de desarrollo humano incrementado, duplicación del presupuesto de educación cultural bilingüe, el impulso al fertilizante úrea con subsidios del Estado.

– Créditos agrícolas de hasta 5 mil dólares con plazos de hasta 30 años y una tasa de interés del 1%.

– La condonación de deudas a pequeños productores agrícolas de hasta 3 mil dólares.

– La derogación de los decretos Ejecutivos 95 y 151, que le daban impulso a políticas extractivistas mineras y petroleras en zonas indígenas, protegidas, arqueológicas, etc.

Habrá, finalmente, 90 días de seguimiento de la mesa de negociación del cumplimiento de estos acuerdos. Hay numerosos reclamos que quedan sin resolución alguna. Por ejemplo: la impunidad de los asesinos y represores de manifestantes en los 18 días de protestas.

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