• Ecuador es uno de los países más afectados de la región. El desfinanciamiento en la salud y el desempleo se ubica entre las preocupaciones más relevantes de la comunidad.

Ana Clío

Al momento de hacer esta nota, en Ecuador se confirmaron 76,217 casos positivos y 5367 personas fallecidas por coronavirus, muertes que lejos de ser en los lugares convencionales como un hospital o en la casa misma, terminan siendo en plena calle o en el auto, una muestra del conjunto de políticas de desidia, y austeridad por parte del gobierno de Lenín Moreno.

Así las cosas, según la información proporcionada por la Empresa Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos (Emgirs), desde abril hasta el 15 de este mes, se levantaron 144 cuerpos, de los cuales 48 fueron confirmados por Covid-19 y 96 con sospecha. 1 hora y 45 minutos, como máximo, dura el protocolo de levantamiento por cadáver, la expresión trágica de un sistema de salud desbordado y abandonado.

Sin embargo el escalofriante panorama no es de extrañar. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 2019, a nivel nacional, reveló que solo un 93% de la población accede a un jabón o detergente para lavarse las manos; es decir, aproximadamente 1´120.000 ecuatorianos no cuentan con este insumo indispensable en tiempos de covid, mientras que solo el 96,7% cuenta con una instalación adecuada y un 98,2% tiene disponibilidad a agua.

La mayoría de estas muertes extra hospitalarias, en su mayoría personas con más de 65 años, se derivan a consecuencia, entre otros factores, a la falta acceso al personal sanitario para muchas personas de la tercera edad y la mala información a la población como no ir a un centro médico a tiempo por miedo al contagio o creer que una medida alternativa de salud es el consumo de cloro o medicamentos extraños.

Los hospitales en Quito están colapsados. El Ministerio de Salud Pública informó que las camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) están al 99,19% de su capacidad.La situación es tan crítica que a inicios de julio el Hospital Militar de la capital anunció que suspendía su servicio de consulta externa debido al incremento de casos y atenciones de pacientes por coronavirus.

La provincia del Guayas sigue siendo la más afectada con 1644 muertes  al no haber implementado medidas de prevención adecuadas debido al negacionismo de la problemática por parte de las autoridades social cristianas durante las primeras semanas. La ausencia de campañas de acompañamiento para las personas en situación de calle, sin la apertura de albergues, mientras el sistema de salud colapsa deja al descubierto que las medidas represivas no tienen otra función más que sostener la desidia criminal del gobierno.

Y sin embargo, no todo es Covid-19 en Ecuador. El desfinanciamiento en la salud pública generó un daño económico y social tan grande que el desempleo se ubica entre las preocupaciones más relevantes de la comunidad. Desde el 7 de marzo hasta el 16 julio de 2020 existen más de 7.479 actas de finiquito firmadas, una cifra alarmante de desvinculaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) las cuales ocasionan un perjuicio económico al sistema de seguro social del país y las consecuencias que esto conlleva poniendo en riesgo las pensiones, así como los seguros de desempleo. Esto sin contar que el Ministerio de Trabajo no registra las desvinculaciones de los trabajadores que no están regularizados o no cuentan con la afiliación al IESS y que se quedan bajo los índices de la pobreza, con graves problemas para sustentar su hogar provocando un déficit al momento de pretender cubrir las necesidades básicas.

El sistema de producción económico del país está en quiebra. Las familias ecuatorianas son víctimas,ya no solo de la emergencia sanitaria, sino también del desempleo con un futuro alarmante para nuevas generaciones, producto de un presidente como Moreno que terminó gobernando para la derecha, aquellos señores banqueros e importadores, pertenecientes a los grandes medios corporativos, a los sectores de la alta cúpula militar y de la Iglesia y, por supuesto, la Embajada de EEUU dejando entrever su mentalidad empresarial y pro-imperio.

La política de sujeción y sometimiento a los intereses geopolíticos, económicos, militares y estratégicos de Estados Unidos derivó a los acuerdos de Moreno con el FMI con la típica receta “tradicional”: reducir el tamaño del Estado (Estado mínimo), achicar el gasto fiscal, flexibilizar y desregularizar las relaciones laborales, reformas tributarias para satisfacer intereses de élites económicas y corporativas, privatizar bienes públicos, desregularizar controles estatales y liberalizar el sector externo.Este ajuste brutal a los trabajadores  en un contexto de pandemia se visualiza aún más con la falta de infraestructura e insumos en los hospitales y la disminución del personal médico, limitando severamente la capacidad de atención frente a la emergencia sanitaria.

Por su parte, los grandes medios de comunicación corporativos se han alineado con el gobierno y respaldan y esconden su nula labor, convirtiéndose en voceros de la política gubernamental. Cualquier intelectual o periodistas críticos que llegara a expresar opiniones que no gustan a las esferas oficiales, se los excluye de los medios estatales.

Ante la escalada de contagios en Ecuador, más que nunca se debe exigir y tomarmedidas reales y urgentes para proteger a la población en general y al personal médico en particular. Sin medidas de fondo, la crisis pandémica desatada por el avasallamiento capitalista será catastrófica.