Derrota del “Apruebo” en Chile: apuntes para un balance y perspectivas para la nueva situación política

El domingo anterior (04 de setiembre) se realizó el plebiscito constitucional en Chile, en el cual se impuso el “Rechazo” a la nueva Constitución con el 61,87% de los votos escrutados, muy por encima del 38,13% que obtuvo el “Apruebo”.

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Aunque las últimas encuestas auguraban el triunfo del rechazo, ninguna previó que fuese con una diferencia tan holgada.

En vista de eso, es inevitable cuestionarse ¿Cómo se llegó a ese resultado impensable hace algunos meses, luego de la enorme rebelión popular que conmocionó a Chile en 2019 y los resultados de los últimos procesos electorales –plebiscito, elección de constituyentes y presidencial-, donde la derecha obtuvo malos resultados?¿Qué combinación de factores provocaron el giro electoral que redundó en el triunfo abrumador del “Rechazo”?

Una falsa Constituyente, maniobras electorales y la estafa del gobierno Boric

A nuestro entender, son tres los factores principales que explican la derrota del “Apruebo” en el plebiscito.

En primer lugar, la “Convención Constituyente” nació como un organismo mutilado, antidemocrático sin atributos de poder real, por lo cual quedó encuadrada en los sofocantes límites del Estado burgués neoliberal y autoritario chileno.Su convocatoria fue una concesión parcial del gobierno de Piñera y los partidos del régimen para descomprimir las movilizaciones cuando estaban en su pico más alto en octubre-noviembre de 2019, pero, al mismo tiempo, fue una trampa para cooptar o desviar el malestar social por la vía institucional. Por eso mismo, el proceso constitucional terminó aislado de su principal base social, a saber, la juventud y los sectores explotados y oprimidos movilizados, ante los cuales fue incapaz de posicionarse como un espacio con alternativas para resolver sus principales reivindicaciones generales y problemas inmediatos (desempleo, alto costo de la vida y bajos salarios, entre otros).

Lo anterior, redundó en una pérdida de vitalidad por parte de la Convención, que, en adelante, adoleció los embates constantes de los partidos de derecha y la prensa burguesa; una combinación que potenció la presión y efectividad de los mecanismos de cooptación, aspecto que se vio facilitado por la política de conciliación con los empresarios del gobierno de Boric y los partidos que hacen parte de su gabinete.

La resultante de todo eso fue un proyecto de nueva Constitución que, amén de incorporar algunos avances sociales significativos, en términos generales no cuestionó los elementos medulares del modelo de acumulación neoliberal y autoritario instaurado por la dictadura de Pinochet. Aunado a eso, tenía dimensiones mastodónticas, pues contabilizaba un total de 178 páginas, 388 artículos y 54 normas transitorias; un factor que dificultó su comprensión para amplios sectores de la población, en contraposición a la campaña simplista de la derecha en torno a pocas consignas.

Otro aspecto de enorme importancia, fue la reinstalación del voto obligatorio para el plebiscito constitucional. Eso fue una maniobra de la burguesía que, aprovechándose de los mecanismos de la técnica electoral, reintrodujo la obligatoriedad exclusivamente para esta votación –lo cual no se hacía desde 2012-, y, de esta manera, garantizó una sobre representación de los segmentos conservadores y despolitizados de la población, los cuales no participaron de la rebelión y resultaron más susceptibles a la campaña de terror que desató la derecha contra la nueva constitución.[1]

El gobierno de Boric fue cómplice de eso, alegando que el voto obligatorio era una medida para “enfrentar la espiral de abstención que silencia la voz de los más jóvenes y de los más pobres” …algo poco creíble, considerando que la multa por no votar era de 180 mil pesos (aproximadamente 190 euros). Eso marcó un giro con las votaciones anteriores dentro del proceso constituyente, donde se impuso el voto de la juventud y los sectores sociales que protagonizaron las protestas, lo cual se reflejó en giros electorales hacia la izquierda.

Para esta ocasión la correlación de fuerzas en las urnas varió notablemente, pues se impusieron los sectores conservadores y despolitizados. La obligatoriedad del voto elevó la participación del 50% al 85%, por lo que en el plebiscito se contabilizaron cinco millones de votos más que en el ballotage presidencial de diciembre anterior. De hecho, es ilustrativo que el “Rechazo” obtuviera 7,8 millones de sufragios, muy por encima de los 4,6 millones que convirtieron a Boric en el presidente más votado en la historia del país. Asimismo, los análisis de los resultados señalan que, el rechazo a la nueva Constitución, fue abrumador en las zonas rurales –tradicionalmente más conservadoras-, donde tuvo el apoyo de un 72,5% contra un 27,5% para el “Apruebo”, mientras que en las zonas urbanas la diferencia fue de 15 puntos.

Más allá de esos matices regionales, es un hecho indiscutible que el rechazo arrasó en prácticamente todo el territorio chileno, lo cual nos lleva al último –¡pero no menos importante! – factor que explica la derrota del plebiscito: el papel de Boric a lo largo de sus primeros seis meses de mandato (asumió el poder en marzo), durante los cuales dejó en claro los límites y rasgos regresivos de su gobierno social-liberal.Su llegada a “La Moneda” –sede presidencial- desató muchas expectativas entre amplios sectores del movimiento de masas, para quienes la nueva administración encarnaba una ruptura con el neoliberalismo y las tradiciones autoritarias del régimen chileno. Esa sensación de transformación se vio alimentada por los discursos “inspiradores” de Boric, que, en las primeras semanas, estuvieron adornados con una liviana retórica progresista y una que otra frase poética.

Pero tras los “versos progresistas” vino la gobernabilidad burguesa, y, ante eso, Boric demostró que su proyecto no era romper con el Chile de los treinta años, sino que, a lo sumo, aspiraba a introducir algunas reformas de bajísima intensidad mediante la negociación con los partidos de derecha. Una fórmula cuyos resultados son terriblemente perjudiciales para el movimiento de masas, pues el nuevo gobierno hizo lo mismo que los viejos gobiernos. Por ejemplo, militarizó la Araucanía ante el clamor de los empresarios forestales para restaurar la “seguridad” -medida que aplicó Piñera y que Boric criticó cuando era diputado de oposición-;mantuvo intacto el aparato represivo estatal que reprimió y mutiló a cientos de jóvenes en la rebelión, el cual ahora el gobierno emplea para reprimir las manifestaciones que surgieron bajo su gobierno[2]; se posicionó al lado de las operadoras privadas de pensiones al oponerse al quinto retiro de los fondos de las AFPs, una medida que beneficiada a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores en medio de la difícil situación económica.

Aunado a eso, a pocos días de que se realizara el plebiscito, el gobierno se comprometió a “modificar” –léase mutilar los aspectos progresivos que molestaban a la burguesía y conservadores- la nueva Constitución en caso de ser aprobada, una postura que satisfizo enormemente a los partidos de derecha –al menos a los más conciliadores-, pero cayó como un balde de agua fría para quienes protagonizaron la rebelión popular a un enorme costo humano (rostros mutilados, violaciones, presos políticos, etc.), pues, básicamente, les estaban pidiendo que votaran por un proyecto de Constitución que luego iba a ser desarmada en el parlamento. Ese compromiso fue una capitulación antes de la batalla, con la cual Boric reconfirmó su papel de traidor ante la rebelión popular y el proceso constituyente que desencadenó. Todos esos atestados en tan poco tiempo, dan cuenta de que el nuevo presidente chileno es un organizador de derrotas.

Retomar la ruta de la rebelión popular para refundar el país

Al momento de escribir este artículo, en el oficialismo chileno cunde la incertidumbre sobre los pasos a seguir en torno al proceso constituyente, pues, aunque la nueva Constitución fue rechazada en el plebiscito,también es innegable que la carta magna de 1980 impuesta bajo la dictadura no cuenta con legitimidad a nivel social. Los ecos de la rebelión aún se hacen sentir, por lo cual es impensable que el país regrese al status quo anterior a octubre de 2019.

Incluso los partidos de derecha tienen eso claro, por lo cual sus principales dirigentes se pronunciaron a favor de promulgar una nueva Constitución, aunque más moderada y acorde a sus intereses. Su apuesta es reencausar el proceso constituyente hacia un “cambio conservador”, con la intención de clausurar el ciclo abierto tras el estallido social y establecer una nueva normalidad para proseguir con la explotación capitalista.

Visto lo anterior, es muy posible que el gobierno de Boric y las derechas chilenas acuerden una “hoja de ruta” en los próximos días. Aunque hay “regateos” en las negociaciones sobre los mecanismos a implementar, tienen acuerdo general en establecer controles más férreos sobre el proceso constituyente y, así, cerrar portillos a las reivindicaciones de los movimientos sociales, pueblos originarios y sectores independientes. La complicación radica en que, de acuerdo a la ley electoral, no se pueden elegir nuevos integrantes para la Constituyente hasta 125 después de realizar el plebiscito, lo cual extendería los plazos del nuevo proceso.

Por eso, una posibilidad que barajan los partidos de derecha es hacer el proceso más ejecutivo y antidemocrático, mediante el nombramiento de una comisión de especialistas o notables que redacte la nueva carta, la cual podría ser ratificada por el mismo parlamento o en un plebiscito. Otra opción –y pareciera que es la más fuerte hasta el momento- es convocar a una nueva Constituyente reducida con sólo 100 representantes y con un calendario acotado de trabajo. En cuanto a la “izquierda” gubernamental, se rumora que sus exigencias pasan por mantener las ideas de plurinacionalidad, defensa del ambiente y los derechos de las mujeres, además de presionar para que se apruebe antes del cincuenta aniversario del golpe de Estado (11 de setiembre de 2023); es decir, su anhelo es una constitución con avances democráticos mínimos, entre los cuales ni siquiera figuran los derechos de organización de la clase trabajadora y, mucho menos, alguna medida anticapitalista.

Aunque no hay certeza de la especificidad del nuevo proceso constituyente, es un hecho que será más restringido y antidemocrático que la primera versión. Por eso, no se debe depositar ninguna confianza en la nueva trampa institucional que preparan el gobierno y los partidos de derecha; por el contrario, es preciso re-articular las fuerzas de la clase trabajadora, la juventud y el conjunto de los sectores explotados y oprimidos, para desarrollar al máximo las luchas por reclamos cotidianos que surgirán en los próximos meses, pues el malestar social persiste en el país y se agravó por los impactos de la crisis económica en curso. Esa será la base para construir una nueva correlación de fuerzas favorables y proseguir con la lucha por una Asamblea Constituyente verdaderamente libre, democrática y soberana, en la perspectiva de refundar Chile sobre bases sociales anticapitalistas.


Fuentes


[1]Entre las mentiras vociferadas por la campaña del Rechazo, se aducía que con la nueva Constitución se iban a expropiar las viviendas de las familias trabajadoras, dificultar el acceso al agua para los pequeños agricultores y dividir el país por la declaratoria del Estado plurinacional.

[2] Al momento de escribir esta nota, el gobierno reprimió una manifestación de estudiantes de secundaria en Santiago, los cuales protestaban su malestar con el resultado del plebiscito constitucional.

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