• Desde bien temprano, Colombia está transitando este 28 de abril una jornada de huelga general que está siendo acompañada de movilizaciones multitudinarias en muchas ciudades.

Renzo Fabb

El disparador ha sido el proyecto de reforma tributaria y fiscal impulsado por el presidente, Iván Duque. Con la «Ley de Solidaridad Sostenible», como la presenta el gobierno, se pretende que el Estado recaude unos 6.800 millones de dólares, con la excusa de recuperarse de la caída económica del año pasado producto de la pandemia. El PBI del país se redujo un 6,8% en 2020.

Pero la reforma está siendo ampliamente rechazada por sindicatos, centrales obreras, organizaciones civiles y gran parte de la sociedad en general. Algunas encuestas muestran que la reforma es rechazada por dos tercios de la población.

Lo que sucede es que la reforma que propone Duque tiene un carácter fuertemente regresivo, beneficia a las grandes corporaciones mientras hace que los trabajadores y las clases medias paguen más impuestos.

El núcleo central de la reforma consiste en subir impuestos al consumo, que por lo tanto serán pagados por las grandes mayorías. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) pasará del 5% al 19%. También los alimentos básicos, que hasta ahora estaban exentos de ese impuesto, empezarían a pagar ese porcentaje. El 90% de lo que planea recaudar el gobierno saldría de estos impuestos, es decir, del consumo de la clase trabajadora.

Además, si el congreso aprueba la reforma, eso significaría que el padrón de contribuyentes al Impuesto sobre la Renta se ampliaría en más de tres millones de personas, en su mayoría personas de clase media y trabajadores. Mientras tanto, se mantienen las leyes de exención impositiva a las corporaciones que benefician a las grandes empresas.

Paro y movilizaciones

En este marco, la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) y los principales sindicatos han convocado para el día de hoy a un paro nacional que se está desarrollando con una gran adhesión y está siendo acompañado por grandes movilizaciones en todas las principales ciudades, con epicentro en Bogotá. De hecho, en algunas ciudades las movilizaciones se desarrollan desde ayer.

También participan de las movilizaciones organizaciones indígenas, campesinas y sociales. El rechazo masivo a la reforma ha hecho que la jornada funcione como catalizador de muchos otros reclamos, como por ejemplo el crecimiento de la pobreza y los asesinatos de líderes sociales y de Derechos Humanos. Además, protestan contra el aumento del gasto militar por parte del gobierno, que podría haber sido destinado a combatir la pandemia.

La convocatoria al paro estuvo envuelta en polémica en los días previos, debido a que el gobierno largó una campaña por los medios llamando a la gente a que no participe de las movilizaciones utilizando como excusa la pandemia. Actualmente Colombia transita un alto pico de contagios y la situación sanitaria es delicada.

Pero la polémica terminó de estallar cuando ayer una jueza del Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló de manera antidemocrática ordenando que no se realicen las movilizaciones, con la excusa de «proteger la salud de la población» en el marco de la emergencia sanitaria. El fallo, que vulnera los derechos a la protesta y de expresión más elementales, terminó por desatar la bronca de un sector de la clase trabajadora, y los sindicatos declararon que las protestas se mantenían. Hoy la gente ha acudido en masa a las movilizaciones.

Los argumentos del gobierno y de la justicia para exhortar a la gente que no se movilice no han hecho mella en los amplios sectores que rechazan la reforma. Esto en parte a que el gobierno anunció a principio de año un plan de vacunación que alcanzaría a 35 millones de personas para fin de este año, pero llegando a principios de mayo recién se han inmunizado a algo más de 4 millones de colombianos. A este ritmo lento, el plan anunciado por el gobierno parece inalcanzable. Por eso los argumentos «sanitaristas» del gobierno de Duque se vuelve contra ellos, al ser los responsables de que Colombia esté transitando una grave escalada de contagios y muertes por Covid-19.

El paro y el proceso de movilización que vive hoy Colombia constituye un dato político de primera importancia para la región. En primer lugar, porque Colombia ha sido hace décadas un bastión de la derecha latinoamericana y un histórico aliado al imperialismo norteamericano. De hecho, fue uno de los países donde los procesos encabezados por gobiernos «progresistas» de la década pasada no lograron hacer mella. En segundo lugar y en relación con lo anterior, si la movilización crece y se desarrolla, podríamos estar viviendo un nuevo coletazo de la oleada mundial de rebeliones que estalló en 2019 y que tuvo a Latinoamérica como uno de sus centros.

En una situación política latinoamericana muy fuertemente marcada por la fragmentación y la inestabilidad, la aparición de una tendencia a izquierda en un país históricamente a la derecha como Colombia constituye un dato político de primer orden para la realidad política de toda la región.

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