• Colombia atraviesa una nueva jornada de paro, cortes y movilizaciones en las principales ciudades del país. Las movilizaciones se dan a las puertas de cumplirse un mes del estallido de la rebelión colombiana.

Renzo Fabb

Colombia atraviesa una nueva jornada de paro, cortes y movilizaciones en las principales ciudades del país. Las movilizaciones se dan a las puertas de cumplirse un mes del estallido de la rebelión colombiana, cuando el 28 de abril pasado un paro nacional en respuesta a la ya derrotada reforma tributaria produjo un histórico levantamiento masivo de protestas en todo el país que continúan hasta hoy.

Estudiantes, trabajadores y la Minga indígena se manifiestan en la capital, mientras que los bloqueos se replican en otros lugares, manteniendo la centralidad la ciudad de Cali.

La jornada de lucha se realiza luego de una serie de provocaciones de los paramilitares y de una primera demostración en la calle contra el paro por parte de las clases medias acomodadas de las ciudades.

Anoche, civiles armados incendiaron el Palacio de Justicia de Tuluá, Valle del Cauca, a unos pocos kilómetros de Cali. Luego de que la policía intentara desalojar violentamente algunos bloqueos que se realizaban en las calles de la ciudad, grupos armados custodiados por la Policía incendiaron el edificio con el objetivo de adscribirle el ataque a quienes se movilizan contra el gobierno hace más de un mes.

El impresionante incendio, que por su envergadura no pudo menos que ser planificado, se dio a unas pocas cuadras de la Estación de Bomberos de la ciudad, que aun así no intervino. La operación, demasiado burda para ser atribuida a los manifestantes, fue ampliamente rechazada por los participantes del paro y desenmascarada en las redes sociales como una acción perpetrada por los paramilitares.

La ONG humanitaria Fundación Internacional por los Derechos Humanos señaló que «la mayoría de las pruebas e informaciones con la que contamos señalan la acción de civiles armados, paramilitares, como autores del incendio del Palacio de Justicia de Tuluá».

El Ministro de Defensa, Diego Molano, aprovechó la oportunidad para denunciar a los «violentos» y los «vándalos» que quieren obstruir a la justicia. Lo hace mientras enfrenta una moción de censura en el congreso colombiano que podría eyectarlo de su cargo, como responsable de las masacres y la violencia perpetradas por las fuerzas represivas bajo su cargo.

Marcha de los uribistas

Además, la jornada de ayer estuvo marcada por la convocatoria a la llamada «Marcha del silencio» en Cali, Colombia, donde empresarios, comerciantes y sectores de las clases medias se movilizaron vestidos de blanco exigiendo que se detengan los bloqueos para poder «reactivar la economía» y en nombre de la paz.

La marcha agrupó a unos cuantos miles de comerciantes, empresarios, profesionales y sectores de las clases medias en general. Pero quedó muy lejos de demostrar una fuerza social comparable a la masividad que mostraron las protestas contra el gobierno.

Además, los manifestantes llevaron consignas en apoyo al accionar de la Policía, el Ejército y el ESMAD, en agradecimiento por su supuesta tarea de «pacificación» frente a los «vándalos».

El accionar represivo del gobierno colombiano fue repudiado en todo el mundo. Al día de hoy, se calcula que la Policía asesinó a al menos 43 manifestantes y detuvo arbitrariamente a más de 1300. Además hay 22 denuncias por violencia sexual por parte de agentes de seguridad.

Los sectores sociales movilizados en la «marcha del silencio» coinciden con los sectores civiles armados que han perpetrado masacres contra los pueblos indígenas que participan de la rebelión. Toda su prédica sobre la paz esconde que quieren aplastar los reclamos de la clase trabajadora, jóvenes e indígenas colombianos.

Tanto el gobierno como el ex-presidente Álvaro Uribe apoyaron la marcha, intentando generar una especie de contrapeso social a la enorme fuerza de la rebelión. Uno de los objetivos centrales de la marcha era intentar relegitimar a la policía, repudiada masivamente por los asesinatos y violencia contra miles de colombianos.

Las provocaciones de la narco-derecha a través de la movilización de su base social y de los paramilitares es la nueva manera que encontró el gobierno Colombiano de intentar frenar la rebelión, luego de fracasar en su intento de pararla por la vía represiva.

De profundizarse este camino, la rebelión colombiana puede llegar a conducirse a un escenario de mayor polarización social y enfrentamiento civil. La profundidad de este proceso histórico no parece admitir medias tintas.