Colombia elige presidente en medio de un clima de polarización

El 29 de mayo se llevarán a cabo los comicios presidenciales en Colombia.

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De acuerdo a los últimos sondeos de opinión (Invamer), Gustavo Petro -candidato del reformista “Pacto Histórico”-  encabeza la intención de voto con un 40%, seguido de lejos por el derechista Federico “Fico” Gutiérrez con un 27,1% y el independiente Rodolfo Hernández con un 20,9%, candidatos de “Equipo por Colombia” y “La Liga de Gobernantes Anticorrupción”, respectivamente.

De esta forma, todo indica que habrá balotaje el próximo 19 de junio -para ganar en primera ronda se requiere la mitad más uno de los votos escrutados-, en el cual se da por descontada la presencia de Petro, pero está abierto cuál será su adversario debido al acelerado repunte de Hernández en las últimas semanas.

Independientemente del resultado, estas elecciones son catalogadas como históricas, pues, además de plantear la posible llegada a la “Casa de Nariño”de un candidato de centro-izquierda en un país históricamente alineado a la derecha, también dejaron en claro la crisis del “uribismo”, la facción burguesa más reaccionaria que hegemonizó la política del país durante las dos primeras décadas del siglo XXI.

Para entender la peculiaridad de estas votaciones, es preciso analizar los rasgos estructurales del Estado colombiano y sus implicaciones en la vida de los sectores explotados y oprimidos.

Un “portaviones” imperialista en la región

Colombia es uno de los aliados estratégicos de los Estados Unidos en América Latina. Prueba de ello son las nueve bases militares estadounidenses en su territorio y el enorme apoyo a sus fuerzas militares. A raíz de eso, el país es denominado como el “portaviones” estadounidense en la región, un calificativo que expresa la sangrienta historia de intervención imperialista en el país.

En los albores del siglo XX, la potencia del norte tuvo un peso determinante para garantizar la independencia de Panamá en 1903, para lo cual desplegó su marina y amenazó con invadir Colombia en apoyo a los “independentistas”; esto allanó el camino para construir y controlar el canal interoceánico por más de un siglo. Un par de décadas más tarde, la United Fruit Company y el gobierno estadounidense, presionaron a las autoridades colombianas para que reprimieran la huelga bananera de 1928, lo cual provocó el asesinato de 1.800 huelguistas a manos del ejército, una de las mayores masacres obreras en el subcontinente.

Más recientemente, los Estados Unidos fueron artífices de la política de contrainsurgencia en el país, para lo cual entrenaron y financiaron a las fuerzas represivas cafeteras. En este marco se desarrolló el “Plan Colombia” –en alianza con Gran Bretaña e Israel-a partir del año 2000, por medio del cual se instituyó una política de exterminio de activistas sindicales, campesinos, ecologistas y guerrilleros.

Lo anterior, refleja la profundidad de las “relaciones carnales” que estableció la burguesía colombiana con el imperialismo estadounidense; inclusive, Colombia es el único “socio global” de la OTAN en Latinoamérica y, recientemente, Biden la designó como “Aliado Principal de Estados Unidos fuera de la OTAN”. Por ese motivo, un eventual giro a la izquierda en el gobierno colombiano causa preocupación en la Casa Blanca, pues complicaría su control sobre un peón clave para su política en Sudamérica y el Caribe (la ubicación geográfica del país facilita esa proyección), algo muy delicado en medio de la disputa con la creciente influencia de China en la región –y en menor medida de Rusia-, la emergencia de gobiernos de “izquierda”y, más importante, la acumulación de un malestar social que, cada tanto, explota en forma de rebeliones populares y protestas masivas, tal como aconteció en Chile, Colombia y Perú recientemente.

La ley del plomo

Aunado a esto, el país se caracteriza por la violencia sistemática ejercida por los paramilitares, brazos armados al servicio de los terratenientes, empresas transnacionales y con profundos vínculos con el narcotráfico. En realidad, impera una ley no escrita: plata para los ricos, plomo para los pobres (con más razón para quienes protestan).

Los “paracos” se originaron a finales de los años sesenta, producto del financiamiento de ganaderos y terratenientes para contar con fuerzas represivas en sus territorios. Así, en Colombia se instituyó un fenómeno reaccionario profundamente complejo, pues el Estado burgués “cedió” su monopolio de la violencia para depositarlo en manos de terceros.

Esta privatización de la represión se profundizó en los años noventa con la conformación de las “Cooperativas Convivir” –inicialmente conocidas como “Juntas de Limpieza Social”-, mediante las cuales se crearon servicios de seguridad privada que, en realidad, fueron la pantalla para camuflar el accionar conjunto entre los paramilitares con las fuerzas policiales y militares. En este punto de la historia es donde ingresa Álvaro Uribe, pues durante su mandato como gobernador de Antioquia, trazó un esquema de seguridad que potenció el accionar criminal e impune de los paracos, el cual generalizó cuando ocupó la presidencia del país entre 2002 y 2010.

En consecuencia, la violencia paramilitar responde a una estrategia de seguridad del Estado y la burguesía colombiana que, amparándose en el conflicto militar con las guerrillas, desarrolló una campaña de exterminio en contra del movimiento sindical, campesino e indígena. Los efectos de esto fueron desastrosos, pues generó una actitud defensiva de los movimientos sociales ante el asedio de las fuerzas represivas estatales y paramilitares; para el caso del movimiento sindical, significó que, solamente entre 1973 y 2019, alrededor de 3.300 sindicalistas fueron asesinados. Por esta razón, Colombia tiene una tasa de sindicalización del 4%, la más baja de la región; asimismo, provocó una fragmentación de las instancias gremiales, pues, con la excepción de los sindicatos docentes que son multitudinarios, el 80% de las organizaciones tienen menos de 100 afiliados y otras apenas superan el mínimo legal de 25 miembros.

Por eso, aunque en 2016 se firmó el acuerdo de paz con las FARC –principal grupo guerrillero del país-, las masacres y asesinatos selectivos continuaron, particularmente durante el gobierno de Iván Duque -el delfín de Uribe-, en cuyo gobierno aumentaron exponencialmente. Para ilustrar ese punto, veamos algunas estadísticas recientes del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz). Durante los primeros cuatro meses del presente año, se contabilizaron 30 masacres en el país, en las cuales resultaron asesinados 51 líderes y lideresas sociales. Esos datos se complementan con los del 2021, año en que se registraron 114 masacres y 198 referentes sociales asesinados. Según el Indepaz, desde que se firmaron los acuerdos de paz en 2016, fueron asesinados 1.284 dirigentes sociales, además de 310 personas firmantes de dichos acuerdos.Debido a eso, Colombia es el país del mundo con más víctimas de desplazamiento forzado con nueve millones de personas y, según las estimaciones de la Defensoría del Pueblo, diariamente se produce un asesinato por motivos políticos.

Por otra parte, durante la rebelión popular que estalló en 2021, el gobierno de Duque respondió con una brutal represión en contra de las protestas (“contenida” parcialmente por el carácter urbano de las protestas), cuyo saldo fueron 84 jóvenes asesinados, decenas de personas con sus ojos mutilados –al estilo de los Carabineros chilenos- y una treintena de agresiones sexuales contra manifestantes detenidas por la policía.

Este registro de dos años, demuestra que las masacres y asesinatos selectivos de dirigencias políticas y sociales no son hechos circunstanciales; por el contrario, hacen parte de una estrategia sistemática de exterminar a figuras de oposición a la dominación de la burguesía.[1]Durante el gobierno de Duque eso se incrementó, pues uno de sus objetivos fue incumplir los acuerdos de paz, lo cual explica la persistencia de grupos armados en 420 municipios del país –equivalente a un 37% del territorio-, particularmente del Clan del Golfo, una estructura narco-paramilitar que actúa en 241 municipios, seguido de la guerrilla del ELN y de las disidencias de las FARC, las cuales ganaron terreno en la parte suroeste del país.

Neoliberalismo y crisis social

Desde los años ochenta se aplicaron reformas neoliberales en el país, pero el proceso pegó un salto con la elaboración de la nueva constitución en 1991, con la cual se privatizaron empresas estatales y se legitimó al mercado como regulador de la economía. A partir de ese momento, Colombia transitó hacia una mayor apertura económica, entendiendo por eso privatización de empresas en sectores clave –minería, telecomunicaciones y finanzas-, precarización de servicios esenciales y la imposición de impuestos regresivos.

Duque reiteró esa fórmula en su gobierno, promoviendo la venta de acciones de Ecopetrol e impulsando una reforma tributaria, con la cual pretendía extender el cobro del IVA a productos de la canasta básica, al mismo tiempo que reducía la carga tributaria de las grandes empresas. Aunque la reforma no fue aprobada debido al estallido de la rebelión popular, dejó en claro la orientación neoliberal de la economía por parte del gobierno.

Transcurrieron treinta años desde la entrada en vigencia de la actual constitución y, desde el punto de vista económico, la sociedad colombiana es tremendamente desigual, pues un 42% de la población vive en condición de pobreza y, tan sólo en 2021, dos personas del país concentraron más riqueza que el 50% de la población. Por ese motivo, el crecimiento del 9,5% durante ese año benefició a una minoría de burgueses, mientras la enorme mayoría de la población se vio afectada por la crisis económica que contrajo la pandemia.

En cuanto a la clase trabajadora, se estima que 10 millones de personas no cuentan con el salario mínimo; la gran mayoría de salarios apenas cubren el 30% del gasto ordinario de un hogar, un porcentaje en constante deterioro debido a la creciente inflación que aqueja al país, la cual pasó del 3,23% en setiembre de 2018 al 9,23% en abril del presente. Aunado a eso, el desempleo ronda el 14%, pero el gobierno de Duque no impulsó ninguna medida eficaz para generar empleos formales; por este motivo, en los últimos años creció la masa de personas obligadas a trabajar en la informalidad y sin acceso a la seguridad social.

En consecuencia, la situación social es dramática para millones de personas, incluso en un rubro tan sensible como la alimentación. Según la Encuesta Nacional de Salud, alrededor de 16 millones de personas viven con dos o menos comidas al día, un 54,2% de la población se encuentra en estado de inseguridad alimentaria (dificultad de acceder a alimentos nutritivos e inocuos)y el 10,8% de niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica. Para agravar el cuadro, la FAO declaró que Colombia figura en la lista de veinte países en riesgo de enfrentar hambre aguda en 2022.

Por si esto fuera poco, el país presenta una elevada deuda externa de 170 mil millones de dólares, por lo que, cada persona que nace en Colombia, inmediatamente tiene una deuda con los bancos internacionales equivalente a 14 salarios mínimos. Esto fue utilizado por el gobierno para justificar su reforma tributaria regresiva–donde exoneraba del pago de impuestos al gran capital-, pero, ante el rechazo popular y consecuente retiro del proyecto, maniobró para concentrar la gran mayoría de pagos en el período 2022-2026 –es decir, heredó el problema al próximo gobierno-, lo cual representa una bomba de tiempo para el país en el mediano plazo, pues tendrá que afrontar el pago de enormes sumas de dinero a sus acreedores internacionales.

Esta compleja situación económica y sus manifestaciones en el plano social, son el telón de fondo del creciente malestar popular con el modelo de país construido por la burguesía colombiana y el imperialismo. La rebelión popular en 2021 y el actual ascenso electoral de Duque son expresiones políticas de eso.

La rebelión popular y la crisis del uribismo

A pesar de ser muy limitados en sus objetivos, los acuerdos de paz fueron asumidos por los sectores explotados y oprimidos como una oportunidad para abrir la agenda pública, posicionar sus demandas y democratizar el país.Eso introdujo una nueva dinámica política, pues la guerra contra las FARC y el discurso de “seguridad nacional” perdieron la centralidad que tuvieron durante décadas. En adelante, se configuró una nueva geografía de las luchas, la cual pasó a ser más urbana e incorporó las demandas de sectores sociales más diversos (para profundizar sobre este tema y la rebelión popular sugerimos la lectura de ¿Qué pasa en Colombia?).[2]

Eso fue notorio entre 2018 y 2021, pues durante esos años se masificaron las protestas con demandas de diversa índole, las cuales iban desde reclamos por el incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del gobierno, la denuncia por los asesinatos de dirigencias sociales, luchas por presupuesto para la educación y otras con relación a la desigualdad social.

En este contexto, el gobierno cometió un error táctico relevante, pues, a pesar de estar en curso la pandemia y de la petición de Uribe de no presentar una reforma tributaria en ese momento, Duque prosiguió con su plan para aprobar los nuevos impuestos regresivos y, de esa forma, provocó el estallido de la rebelión popular, la cual puso al gobierno a la defensiva y masificó el cuestionamiento al modelo de país, desde su estructura económica hasta los rasgos autoritarios del régimen político.

Aunque Duque no cayó –en gran medida por la contención de la burocracia sindical y la ausencia de una dirección revolucionaria de la rebelión-, sí alcanzó para herir de gravedad al uribismo; por un lado, porque demostró su incapacidad de resolver los problemas de fondo del país –algo extensible al arco de la derecha que se alternó el poder- y, por otro, porque reafirmó el giro de la agenda política hacia los temas sociales, ante lo cual el uribismo tiene poco que ofrecer, pues durante dos décadas se articuló en torno a la lucha contra la guerrilla.

Las elecciones y la reconfiguración de fuerzas políticas

En este contexto se desarrollan las elecciones presidenciales del 2022, cuyo “primer acto”se desarrolló el 13 de marzo, cuando se realizaron las votaciones legislativas (se eligieron 107 senadores y 167 diputados) y, además, se definieron los candidatos presidenciales de cada partido o coalición. Los resultados de esta contienda preliminar reflejaron el cambio en la situación política, pues la izquierda logró los mejores resultados de su historia, siendo que Petro resultó electo como candidato presidencial con 4,5 millones de votos y “Pacto Histórico” logró 17 escaños en el Senado y 25 en Cámara de Representantes.

En el campo de la derecha, el precandidato más votado fue “Fico” Gutiérrez con 2.160.329 de sufragios. El uribismo, por su parte, quedó por fuera de la contienda tras el retiro de Óscar Iván Zuluaga, debido al poco apoyo que recibió y al notable retroceso que mostraron sus candidaturas parlamentarias. Tras su retiro, Zuluaga declaró su apoyo a “Fico”, razón por la cual se especula que ahora es la ficha de Uribe para las elecciones, aunque hasta el momento no hizo público su apoyo.En todo caso, es innegable que el uribismo ya no es el eje de la derecha colombiana.

A continuación, puntearemos someramente los perfiles y propuestas de las principales candidaturas.

1- Petro: en ruta hacia un gobierno social-liberal

La caída de la principal fuerza de derecha de los últimos veinte años, combinado con el ascenso de las luchas que tuvo su pico más alto con la rebelión de 2021, propició el ascenso electoral de Petro, a quien se reconoce como una figura de izquierda por su pasado guerrillero con el M-19 y su vinculación con las luchas de los sectores populares, aunque desde hace bastante tiempo giró hacia la centro-izquierda y orientó su actividad hacia ala política institucional, siendo senador de la República y Alcalde de Bogotá en el período 2012-2015.

En la actual contienda, sostiene un programa bastante moderado de reformas como parte de “Pacto Histórico”, agrupación que se constituyó el año pasado con el objetivo explícito de derrotar al uribismo y capitalizar políticamente el malestar expresado durante la rebelión popular.

En cuanto a la posesión de tierras, Petro plantea hacer una reforma agraria, pero ¡sin realizar expropiaciones! Por el contrario, propone confeccionar un catastro para detectar los “latifundios improductivos” y, a partir de ese punto, proponerles tres opciones a los terratenientes: activar la producción, pagar impuestos elevados por mantener la tierra sin uso o vender los terrenos al Estado para que este los redistribuya entre los campesinos sin tierra. Es llamativo que la redistribución de tierras –es decir, la esencia de una reforma agraria- quede como última opción y, además, sujeta a la decisión que tomen los terratenientes en torno a sus latifundios improductivos. De esta forma, Petro los reconoce como legítimos poseedores de terrenos que, en la mayoría de los casos, fueron arrebatados a los pueblos indígenas y comunidades campesinas por medio de la violencia. Todo apunta que su “reforma agraria” será sumamente limitada y, por tanto, no resolverá uno de los conflictos sociales más importante de la historia colombiana.

En cuanto a la industria y comercio, defiende el aumento de los aranceles a la importación de bienes para promover el desarrollo de la manufactura y producción agropecuaria nacional; además, se decanta por renegociar los tratados de libre comercio para lograr mejores condiciones para la producción local. Como se ve, su programa económico reproduce muchos de los planteamientos del desarrollismo burgués que imperó en la región décadas atrás, donde el eje de la política pasa por garantizar los intereses directos de los empresarios “nacionales”, dando por un hecho que eso va redundar en una mejoría para los trabajadores y trabajadoras de sus industrias.

En política internacional, Petro lanza críticas muy tenues a los Estados Unidos, particularmente en su política en materia de drogas, pero no cuestiona su rol como potencia imperialista. Asimismo, pretende construir un “eje político” con Boric de Chile, AMLO de México y Lula en Brasil (en caso de que gane las elecciones de octubre).

A pesar de que su programa es bastante limitado y no apunta a romper con el capitalismo, es innegable que Petro recibe el apoyo de un amplio sector de la población que estuvo en las protestas de los últimos años y añoran un cambio en el rumbo del país. En ese sentido, su votación expresa un giro a la izquierda y, por tanto, levanta enormes expectativas entre amplios sectores de los movimientos sociales oprimidos, los cuales rápidamente se van a desplomar en caso de que resulte electo, pues un eventual gobierno de Petro se caracterizará por su programa social-liberal que no apunta a modificar radicalmente la estructura económica y política de Colombia.[3]

2- Fico: uribismo 2.0

En cuanto a Fico Gutiérrez, fue alcalde de Medellín entre 2016 y 2020; se presenta como una figura alternativa a los partidos tradicionales y aduce que es un candidato sin ideología, por lo cual no puede ser etiquetado ni de derecha o de izquierda. A pesar de eso, es evidente que su propuesta política presenta fuertes vínculos con el uribismo y recoge las banderas tradicionales de la derecha colombiana.

Entre sus principales ejes está garantizar la seguridad y el orden institucional, para lo cual propone profesionalizar las fuerzas represivas; también, sostiene un virulento discurso contra los corruptos, a quienes dice que perseguirá y amenaza con la cárcel y la “muerte política”. En el plano económico, repite los lugares comunes de la agenda neoliberal, pues sugiere aplicar medidas de responsabilidad fiscal –es decir, de austeridad en el gasto social- y la modernización tributaria. Por último, ante la enorme pobreza del país su propuesta es ampliar los programas de asistencialismo social, herramientas útiles para contener situaciones de crisis de forma inmediata, pero que, en el mediano y largo plazo, son instrumentalizadas para establecer redes clientelares en torno a los partidos que administren el Estado burgués, pues reparten pequeñas “migajas” sin cuestionar por el fondo las causas estructurales que generan la pobreza.

3- Rodolfo Hernández: el “Donald Trump” cafetero

Por último, tenemos el caso de Rodolfo Hernández, que, en las últimas semanas, tuvo un notable aumento en los estudios de opinión. Es un empresario inmobiliario de 77 años de edad y, anteriormente, fue alcalde de la ciudad de Bucaramanga. Su perfil de “outsider” de los partidos tradicionales y su estilo directo y relajado a la hora de hacer política, explican su éxito entre un sector de la población deseoso de soluciones concretas y con cierto hartazgo de la polarización entre la derecha e izquierda.

Aunado a eso, es un personaje bastante polémico por sus acciones y expresiones ante los medios, por lo cual es comparado con Donald Trump. Por ejemplo, aunque uno de sus ejes es la lucha contra la corrupción, en 2019 renunció de su cargo del Alcalde presionado por denuncia de corrupción en su contra; previamente estuvo inhabilitado ocho meses luego de que golpeara en la cara a un concejal opositor, hecho que quedó registrado en una grabación; asimismo, en 2016 declaró que era “seguidor de un gran pensador alemán. Se llama Adolf Hitler”.

Por otra parte, dentro de su programa incluye propuestas progresistas usualmente vinculadas a la izquierda, como legalizar el consumo recreativo del cannabis y la crítica de los tratados de libre comercio, ante lo cual plantea frenar la importación de alimentos que se producen en el país.

De acuerdo a las encuestas, es el único candidato opositor que lograría el empate técnico ante Petro en caso de ingresar al balotaje, por lo cual no es descartable que la burguesía colombiana cierre filas en torno a su figura si valoran que es mejor opción que Fico.

***

En las próximas elecciones de Colombia no se presenta ninguna alternativa independiente de la burguesía, lo cual es una consecuencia directa de décadas de retroceso y condiciones sumamente adversas para el conjunto de los sectores explotados y oprimidos. Al mismo tiempo, es un hecho que, gran parte de la vanguardia y del movimiento de masas, opten por apoyar electoralmente a Petro, con la expectativa de que un gobierno suyo representaría un cambio ante las brutales formas de explotación y opresión que imperan en el país, rasgos que se exacerbaron durante el ciclo de veinte años de hegemonía uribista. Pero el contenido social-liberal del programa de Petro y Pacto Histórico apuntan en un sentido contrario, pues todo su énfasis pasa por lograr algunas reformas parciales que no cuestionan por el fondo el capitalismo neoliberal, las cuales incluso serán difíciles de materializar debido a los rasgos conservadores y autoritarios de la burguesía colombiana. Por ese motivo, independientemente de quien resulte vencedor en las próximas elecciones, la tarea central es retomar las calles y profundizar el proceso de rebelión popular que tuvo su primer episodio en 2021.

 

Referencias

“A la espera del hito”, en https://brecha.com.uy/colombia-la-caida-del-uribismo-y-la-emergencia-de-lo-nuevo-a-la-espera-del-hito/(Consultada el 26 de mayo de 2022).

“Colombia hacia las eleccionespresidenciales: sin paz nilegalidad”, en https://rebelion.org/colombia-hacia-las-elecciones-presidenciales-sin-paz-ni-legalidad/(Consultada el 26 de mayo de 2022).

“Elecciones y lucha política en Colombia”, en https://rebelion.org/elecciones-y-lucha-politica-en-colombia/(Consultada el 26 de mayo de 2022).

“La batalla por Colombia”, en  https://jacobinlat.com/2022/03/02/la-batalla-por-colombia/(Consultada el 26 de mayo de 2022).

“La polarización acecha de cara a las eleccionespresidenciales en Colombia”, en https://www.france24.com/es/américa-latina/20220314-colombia-elecciones-presidenciales-polarizacion-legislativas(Consultada el 26 de mayo de 2022).

“Petro no se dejará amedrentar por las amenazas”, en https://jacobinlat.com/2022/05/10/petro-no-se-dejara-amedrentar/(Consultada el 26 de mayo de 2022).

“Petro tiene una cita con la historia”, en https://jacobinlat.com/2022/03/23/petro-cita-con-la-historia/(Consultada el 26 de mayo de 2022).


[1] La “cultura del exterminio” tiene raíces profundas en Colombia; entre los años ochenta y noventa se perpetuó el “genocidio de la Unión Popular (UP)”, un partido de centro izquierda que tuvo cierto éxito en las elecciones de 1986. Debido a eso, más de cuatro mil militantes de la UP –candidatos presidenciales, congresistas, diputados, alcaldes, concejales y militantes de base- fueron asesinados como parte de un plan orquestado entre fuerzas de seguridad estatales, paramilitares y bandas de narcotraficantes, para evitar el ascenso de una fuerza de izquierda en la política nacional.

[2] Con la rebelión se hizo más patente la “urbanización” de las luchas, incluso en el plano simbólico, pues perdió peso la estética “guevarista” asociada a la guerrilla y, en contraposición, se impuso una más similar a la que se apreció en el estallido social chileno. En suma, reflejó la nueva escenografía de la protesta social colombiana.

[3] Posiblemente, un gobierno de Petro tendrá rasgos similares a los de Boric en Chile, que, en cuestión de dos meses, demostró que su agenda reformista es muy estrecha y no alcanzó para cuestionar el aparato represivo heredado por Pinochet, tal como demostró al militarizar la Araucanía.

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