• Una tensa jornada de debate en el Congreso y de manifestaciones en las calles. Miles de movilizados arrancaron poder retirar el 10% de los fondos de pensiones durante la pandemia.

Federico Rodríguez

El pasado viernes 24 de julio, el presidente de gobierno Sebastián Piñera promulgó la ley que permite a las y los trabajadores, por una única ocasión y solamente durante el contexto de una emergencia sanitaria, retirar parte de sus fondos de pensiones. Ese dinero está en manos de las AFP, los fondos de pensiones privados que hacen negocios con los depósitos y jubilaciones de las amplias mayorías trabajadoras.

La ley permite que un trabajador pueda retirar de su fondo de ahorros previsionales individual hasta el 10% de los mismos, con una serie de excepciones de montos máximos y mínimos. Quienes posean ahorros inferiores a 10 millones de pesos, podrían retirar más del 10%, siendo el monto máximo posible a retirar hasta 1 millón de pesos. Mientras tanto, quienes posean ahorros previsionales mayores a 43 millones de pesos, podrían retirar hasta el equivalente de ese 10%, es decir, un máximo de $4.300.000. Anualmente se permitiría a las y los trabajadores disponer de un monto equivalente a entre 1.300 dólares y 5.500 dólares, aproximadamente.

La ley tuvo su origen en las propuestas realizadas por un grupo de parlamentarios de la fragmentada oposición (ex Nueva Mayoría y Frente Amplio), en el contexto del deterioro creciente de las condiciones de vida de la clase trabajadora subproducto del manejo político de la pandemia de covid-19.

Pero no fue sino por la presión en las calles que ésta logró aprobarse, con manifestaciones que se iniciaron los días martes 14 y miércoles 15 de julio, y que se repitieron en distintas partes de la capital, Santiago, el miércoles 22 de julio. Tuvieron un carácter fragmentario debido al contexto de cuarentena y toque de queda que rige en la metrópolis. A pesar de que esto impide los desplazamientos por la ciudad y las grandes concentraciones, la prensa informó de 33 puntos de manifestaciones, 15 barricadas nocturnas, 2 ataques contra comisarías de carabineros, además de saqueos en distintos sectores.

El conflicto parecía escalar en intensidad, dado el anuncio hecho por los sectores más combativos de la clase trabajadora chilena organizada, como es la Unión Portuaria de Chile, que había manifestado su intención de convocar a un Paro Nacional para la aprobación del proyecto de ley.

Todo esto hizo que en el Congreso y en el Ejecutivo, rondara el fantasma de la rebelión de Octubre, que ya viene siendo anunciada como el “estallido social 2.0”, siendo muy notorio en todas las intervenciones de las y los parlamentarios. “Ningún diputado puede generar o impedir un estallido social. Si veta el proyecto, Sebastián Piñera va a tener que entenderse directamente con la ciudadanía, con las poblaciones, con la calle, con plaza Italia” dijo Félix González, diputado del Partido Ecologista Verde (Frente Amplio).

Pues en el poco o nada de “democrático” régimen político chileno, la iniciativa de legislar es de facultad exclusiva del Ejecutivo y no del Parlamento, quienes solamente pueden votar y hacer modificaciones a proyectos de ley iniciados por el gobierno de turno. En este caso, el trámite legislativo fue de iniciativa parlamentaria, pudiendo haber sido vetado por el gobierno, quien lo ha hecho en reiteradas ocasiones. Sin embargo, eso lo dejaba en un conflicto directo con la presión popular, ante lo cual el gobierno y sus parlamentarios decidieron dar un paso atrás.

No + AFP

El actual sistema de fondos de pensiones chileno fue impuesto durante la genocida dictadura militar de Augusto Pinochet, eliminando la conquista popular del sistema de reparto, sustituyéndolo por un sistema de capitalización individual de los fondos. En él, los ahorros previsionales de cada trabajador son utilizados para invertir –con diferentes niveles de riesgo- en el mercado de capitales nacional e internacional, un peligroso juego en el que los costos de las pérdidas son traspasados a las jubilaciones de las y los trabajadores, mientras las ganancias son apropiadas por grandes capitalistas. Este sistema año tras año sume en la miseria a miles de personas, quienes tras terminar su ciclo de vida laboral, reciben pensiones que en su mayoría ni siquiera alcanzan al salario mínimo.

Durante el régimen postpinochetista, los partidos que hoy quieren mostrarse ante la “opinión pública” como abiertos a un cambio de sistema previsional, nada hicieron para modificarlo, adaptándose vergonzosamente al modelo impuesto en dictadura. Lo hicieron incluso habiendo tenido mayoría en el Congreso, como fue durante el gobierno de Michelle Bachelet.

Por eso este triunfo político no es de esa oposición parlamentaria, sino que es un triunfo popular, que viene desde la rebelión de Octubre del año 2019. Esta es una oportunidad histórica en la que es necesario avanzar hacia un sistema de pensiones dignas en Chile, mediante un sistema de reparto administrado por la clase trabajadora chilena organizada.