Por Redacción

Piñera llegó a un acuerdo con la “oposición” parlamentaria en el que intenta resolver la crisis sin satisfacer las sentidas demandas de las masas movilizadas.  Los partidos del sistema y Piñera juegan el juego de que algo cambie para que todo siga como está. La “reforma constitucional” busca devolver a la gente a sus casas manteniendo el régimen pos pinochetista.

El llamado a la “convención constituyente” trata de burlar la voluntad popular expresada en la movilización, vaciando de contenido todos los reclamos mientras se hace simulacro de concesión.

En primer lugar, la calle exige que se vaya Piñera, el gobierno del rico pinochetista que carga con la muerte de decenas de personas en manos de los pacos. Si el personal político gobernante se mantiene en el poder, ellos serán quienes moldearán la futura “constitución”, manteniendo todo lo fundamental del régimen pos Pinochet. Para siquiera empezar a hablar de satisfacer las demandas populares, Piñera se tiene que ir.

El acuerdo por una “nueva constitución” implica cambiar algunos párrafos para mantener las cosas dentro de los marcos del actual régimen. La “convención” implica que la actual composición del parlamento tenga un poder de decisión absoluto sobre cualquier reforma. La privatización de todos los servicios básicos, la capa de funcionarios políticos que lleva décadas de gestión del estado heredado de Pinochet, el enriquecimiento obsceno de una pequeña minoría de expoliadores, las instituciones de las balas y los bastones que sostiene todo lo anterior; nada de esto se tocaría en esa reforma. La fuerza y el poder se mantienen en las mismas manos y, por lo tanto, en las mismas manos está la interpretación y aplicación de cualquier ley.

Una verdadera asamblea constituyente soberana debe tener en sus manos todo el poder para la transformación del régimen social, económico y político. No se trata solamente de un grupo de gente charlando sobre la mejor ubicación de una coma en la legislación, sino que otro poder político sea el que decida, uno que brote de la voluntad de las masas en lucha. Sabiendo como es el estado de ánimo de las amplias mayorías, Piñera se niega a que el voto popular decida los destinos del país. Con el marco del poder actual, la gente solo tiene la posibilidad de votar entre uno u otro pos pinochetista.

El acuerdo tiene también un largo calendario, extendido en el tiempo de manera tal que no se lleve a cabo condicionado por la movilización. De eso se trata en el fondo: sacar a la gente de la calle y recuperar todos los atributos del poder, perdido a medias con la calle. Arranca recién en abril con un referéndum, luego con la elección en octubre del año que viene de “constituyentes” junto a las listas de los viejos partidos en el calendario normal de elecciones. La “convención” entonces se compondría a medias del actual parlamento y a medias con “constituyentes” que son puestos como candidatos por el régimen actual.

Esa “constituyente” podría decidir sólo sobre el texto de la legislación pero de manera condicionada por el poder político vigente. Con una composición amañada desde arriba, también desde arriba le imponen cuánto puede decidir: se necesitarían dos tercios de la cámara para tomar cualquier decisión. Es evidente entonces que, incluso convertida en una pequeña minoría en la sociedad, los funcionarios del pos pinochetismo mantienen todas las decisiones importantes en sus manos. El pueblo no decide nada.

Luego de acordado el nuevo texto constitucional dentro de 9 meses a un año, se convocaría un nuevo referéndum para sancionar las reformas o no. Así, todo el procedimiento se extendería de aquí a dos años. La “nueva constitución” se resolvería entonces sin que los millones que se vienen movilizando tengan otra opción que mirarlo por TV y decir sí o no a lo que haya decidido un grupo de funcionarios ajenos al pueblo trabajador.

La movilización exige que Piñera se vaya y una asamblea constituyente soberana, que tenga en sus manos el poder efectivo. El acuerdo “palaciego”, la maniobra de Piñera y los partidos del régimen, intenta escamotear el reclamo de las amplias mayorías populares.

El pueblo exige una Asamblea Constituyente soberana, lo que implica la disolución de todos los actuales poderes del estado, que barra definitivamente con el poder político del pos pinochetismo.

Rechazamos este pacto contra la movilización, es un engaño que intenta quitarle todo poder de decisión a las amplias masas que ocupan las calles hasta que se vaya Piñera y logren echar a todos los actuales poderes del Estado.