• Pese a haber plagado de trampas la convocatoria a la elección de la Convención Constituyente, el régimen les reconoció la reserva de 17 escaños a los pueblos originarios que residen en Chile.

Melvin Gallardo M.

En diciembre de 2020, tras una sesión bastante trabada en el Congreso chileno, se establecieron 17 escaños reservados para los pueblos indígenas dentro de los 155 convencionales que se encargaran de reformar la carta fundamental de 1980, heredada de la dictadura pinochetista. Los escaños quedaron repartidos de la siguiente manera: 7 cupos para el pueblo mapuche, dos para el pueblo aymara, uno para el pueblo diaguita, colla, atacameño, quechua, yagán (o yámana), kawésqar (o alacalufe), chango y rapa-nui (o pascuenses).

Para esta elección el Servicio Electoral de Chile (Servel) elaboró una nómina de 1.239.295 electores con calidad indígena, en base a la información de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y el Registro Civil. Sin embargo, durante la jornada eleccionaria se evidenciaron dificultades a la hora de ejercer el voto. Además, la participación fue escasa, solo votaron 282.719 personas, equivalente al 22,81 % del padrón indígena.

Una característica relevante de los comicios fue que las mujeres arrastraron en las preferencias, siendo las más votadas la machi Francisca Linconao y la abogada Natividad Llanquileo. En ese sentido debemos señalar que, para asegurar la representación femenina en las elecciones de la Convención Constitucional, se instauró un mecanismo de paridad, que no solo obligaba a tener la misma cantidad de postulantes hombres y mujeres, sino que también establecía un sistema de ajuste para que los escaños se distribuyeran de forma pareja entre ambos sexos. Entonces al producirse una gran votación por las candidatas mujeres, el sistema electoral deberá realizar correcciones, para respetar las reglas de paridad de género, y como consecuencia seis de las electas deberán ceder sus cupos como constituyentes a hombres que iban como candidatos alternativos. Paradójicamente en este caso particular esta normativa jugó en contra de las candidatas indígenas.

En relación al cupo del pueblo mapuche, la Machi Francisca Linconao residente en el sector de Padre Las Casas (Temuco) fue la candidata más votada (de un total de 39 candidatos mapuches), obtuvo el 7 % de los sufragios, con mas de 13.000 votos. La Machi Linconao, es activista de los derechos humanos y de la causa mapuche, fue procesada por la justicia chilena acusada de participar en el ataque incendiario al fundo Lumahue y en el crimen del matrimonio de agricultores Luschsinger – Mackay (en 2013), cargo del que fue finalmente absuelta en dos juicios orales. Otra mujer que lidero el conteo, con 11.146 votos, fue la abogada defensora de los derechos humanos, Natalia Llanquileo.

Incluso antes de que se realizara esta histórica elección ya se hablaba de que ya había una constituyente electa. Se trata de Lidia González Calderón, residente en Puerto Williams (en el Canal Beagle), nieta de la última habitante viva del pueblo Yagan (la “abuela Cristina”), ya que la comunidad de este pueblo originario había consensuado hace meses su elección. Aunque el cupo que ganó Lidia González estaría en peligro, porque la corrección para asegurar la paridad de género podría beneficiar una candidatura alternativa, la del profesor Luis Gómez, quien salió 2° en la primaria online realizado por los yaganes.

En Rapa- Nui se impuso con el 41% de las preferencias la abogada Tiare Aguilera Hey, quien contó con el apoyo de los 36 clanes familiares de la Isla de Pascua y del Consejo de ancianos del lugar. Una de sus ideas fuerza para llevar a la Convención Constitucional es la de proteger la lengua nativa de su pueblo que se esta perdiendo como tradición. En una entrevista señaló que en la discusión en el proceso constituyente: “para nosotros como pueblos es muy importante que se escuche nuestra cosmovisión con respecto a materias como medio ambiente, agua, educación, lengua, derechos colectivos, territorio”.

Una característica importante es que ninguno de los electos se identifica con la alianza derechista “Chile Vamos” encabezada por el presidente Piñera, y hay varios de ellos que participan como activistas de movimientos cercanos al mundo progresista e identificados con los partidos de la izquierda reformista. Esto marca una gran derrota de la derecha (“Chile Vamos” y sus partidos) que junto al empresariado intervino en estas elecciones apoyando o financiando candidaturas indígenas afines, pero fueron derrotados en la casi totalidad de los casos por los candidatos independientes.

En el caso mapuche, un número importante de los candidatos tiene trayectoria en el movimiento autonomista (Identidad Territorial Lafkenche, Ad Mapu, Wallmapuwen, Aukiñ Wallmapu Ngulam y La Coordinadora Arauco-Malleco). Otros y otras postulantes han surgido de procesos en que los une la lucha medioambiental, la reivindicación del idioma (Mapuzungun) y las nuevas identidades. Esto marca claramente el rol del movimiento mapuche extrainstitucional en la politización de su población. Al parecer existen algunos consensos entre estos postulantes a escaños reservados: la revitalización del mapuzungun, la devolución territorial y la autonomía. Esta última tiene dos vertientes: mientras algunos proponen forzar al Estado Nacional a cumplir las normativas institucionales (específicamente, la declaración de la ONU del año 2007), otros postulantes proponen la conformación de Chile como un Estado plurinacional o pluricultural. Otro punto de consenso transversal es el de la protección de la naturaleza y que esto debe ser consagrado en la mueva constitución. Un tema relevante para las comunidades mapuches que sufren la depredación de su territorio, la desforestación y la contaminación de sus aguas (lagos, ríos, etc.), lo que plantea un futuro bastante incierto para ellos.

En conclusión, por primera vez en la historia del país los pueblos indígenas serán participes de la elaboración (en este caso reforma) de una carta fundamental y en este proceso constituyente buscaran plasmar sus demandas históricas: reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, reconocimiento de sus derechos, defensa del medio ambiente, de las lenguas nativas y respeto a la cosmovisión de cada uno de los pueblos originarios y ancestrales.