Por Melvin Gallardo
Crónicas desde Santiago de Chile. A partir de este lunes 2 de diciembre entramos a la séptima semana de movilizaciones y protestas desde que comenzó esta crisis política y social en Chile.
Fueron semanas intensas, con gran despliegue de energías y entusiasmo por parte de un pueblo que se levantó después de muchos años de estar subyugado por un sistema económico, social e ideológico nefasto y marcadamente desigual. La represión estatal se cobró casi una treintena de víctimas, con miles de heridos y detenidos. Hubo cientos de casos de maltratos, golpizas, torturas, agresiones sexuales, perdidas de la visión de los manifestantes, y un largo etcétera. Las cifras son espeluznantes y nos hacen comprender en su total dimensión las palabras de Piñera y la Derecha cuando dijeron estamos en una guerra, pero no como expreso contra la delincuencia y el narcotráfico, su guerra es contra el pueblo chileno que ya no acepta las condiciones miserables y oprobiosas del neoliberalismo.
Aunque en la última semana las manifestaciones y protestas perdieron masividad, lo que es comprensible, porque el desgaste después de tanto tiempo y esfuerzo se hace sentir, el país no regresa a la “normalidad”.A esa normalidad que quieren los de arriba, los poderosos. Probablemente nunca se regresara al país que existía antes del 18 de octubre. Hoy la población debate, confrontan ideas y toma posiciones políticas sobre los diferentes temas sociales y políticos que afectan al país. Un claro ejemplo de ello, es que hace unos días Hermògenes Pérez de Arce, un abogado, economista y periodista, defensor acérrimo de la dictadura de Pinochet (ha escrito varios libro en ese sentido) fue expulsado de un matinal de la TV en que participaba como panelista por insistir en la teoría negacionista de las violaciones a los DD.HH durante la dictadura militar. Con seguridad una situación como esta no habría ocurrido nunca antes,del estallido de esta rebelión popular.
Los manifestantes durante las últimas semanas han implementado otras formas de protesta: corte de rutas, evasión de los molinetes del metro por parte de los estudiantes secundarios (Recordemos que así comenzó todo), movilizaciones de algunos gremios, paros y huelgas, protestas en mall center costanera en la capital, y en barrios acomodados, movilización de feministas (la performance El violador eres tú, se ha replicado en casi todas las ciudades y pueblos de Chile y aun en otros lugares del mundo), etc.
Piñera el responsable político de la brutal represión ejercido por carabineros y militares contra su pueblo, no ha renunciado, y es sostenido (con niveles de aprobación de la población a su gestión por el piso) por los partidos del sistema político chileno. Una derecha muy fuerte que cuenta con la complicidad de la casi totalidad del arco político, incluido la centro izquierda y la izquierda (PC y Frente Amplio) para mantener la gobernabilidad. Todos nadan en el mismo lodo. La clase política hace oídos sordos ante las demandas populares, alejados de la realidad social y de lo que sucede en la calle con el ciudadano a pie, el trabajador, el jubilado y los estudiantes. La connivencia entre poder político y empresariado también aporta lo suyo a esta especie de miopía política.
Los medios de comunicación se hacen cómplices de criminalizar la protesta social mostrando los desbordes de violencia y los saqueos que han continuado en algunas ciudades y en algunos puntos de la capital. Sospechosamente estos hechos ocurren ante la pasividad de la policía, que argumentan que están sobrepasados y no pueden hacer mucho. En cambio,los carabinerosreprimen con energía y entusiasmo las manifestaciones pacíficas, con un saldo de cientos de heridos y detenidos. Esta parecer ser una estrategia política que reforzaría la intención de Piñera de convocar a las Fuerzas a Armadas a salir nuevamente a las calles para apoyar a carabineros en defensa de la infraestructura crítica(definida por Piñera: servicios básicos, hospitales, etc., aunque podríamos pensar en realidad que se refiere a empresas privadas, barrios acomodados, etc.). Para muchos esta medida busca aplacar las críticas de los sectores más derechistas que critican a Piñera por no imponer mano dura. Un proyectoque además libera a los militares de las consecuencias de la represión, y les da carta blanca para reprimir sin que puedas ser acusado después de violaciones a los DD.HH. Este proyecto ha generado discusión y todavía debe ser aprobado por el congreso (y además, hay que ver si este proyecto no es inconstitucional: ya que la constitución actual establece que los militares solo pueden salir durante Estado de Emergencia y Estado de Sitio).
Hasta el momento el gobierno de Piñera ha hecho las siguientes concesiones frente al movimiento social: aumento escalonado de las pensiones básicas, rebaja en el boleto a jubilados en el transporte, rebaja de la dieta parlamentaria en un 50 %, también a ministros y subsecretarios ministeriales (aprobada en diputados falta refrendarla en la cámara de senadores). Estas son concesiones mínimas, migajas que buscan desactivar al movimiento social. Otras medidas en curso son: cobertura médica y reparación económica para las personas que sufrieron la pérdida de sus ojos por parte de las fuerzas policiales. Además, de la acusación constitucional en contra del ex ministro del interior Andrés Chadwick por su responsabilidad en la represión. Lo que puede leerse como una estrategia para liberar a Piñera de dicha responsabilidad y entregar un alfil, a cambio de preservar la pieza más importante del tablero de ajedrez: Piñera.
El “Acuerdo por la paz social y la Nueva Constitución” que firmaron todos los partidos políticos (a excepción del PC que rápidamente salió a aclarar que participará del plesbicito que impulsa el mismo acuerdo) es una trampa. No solo no dejo conforme a la mayoría de la población, ya que fue un acuerdo cupular a espaldas del pueblo y del movimiento social y popular. Dada la naturaleza de este gobierno y del sistema político chileno hay mucha desconfianza en los mecanismos establecidos para arribar a una nueva constitución ya que se parte de desconocer el pedido claro de Asamblea Constituyente Soberana. El proceso por el cual se arribaría a una nueva constitución no es ni de Asamblea ya que se parte de un acuerdo entre los partidos garantes del régimen que integrarán el “órgano constituyente” en un 50% a través de sus parlamentarios dejando sólo el 50% restante a la libre elección . No es Constituyente ya que su concreción dependerá de que 2/3 en las cámaras legislativas voten positivamente para lograr su aprobación. Y por último no es soberano ya que no puede establecer su propio funcionamiento.
En momentos donde está en pleno debate el intento de reforzar las fuerzas represivas de carabineros y habilitar la participación del ejercito en la vida civil sin necesidad de llamar a estado de sitio, queda claro que la única salida que puede torcer definitivamente el rumbo del país es seguir luchando por una asamblea constituyente y soberana que discuta las bases sobre las cuales debe erigirse un país que tenga como centro las necesidades de los trabajadores, las mujeres, la juventud y la población originaria presente mayoritaramente en la araucanía.
