Brasil: un fiscal ordenó embargar los bienes de Jair Bolsonaro y otros funcionarios

Es importante porque es la primera acción judicial que involucra a Bolsonaro por los hechos del pasado domingo.

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El fiscal Lucas Furtado solicitó al Tribunal de Cuentas (TCU) que se bloqueen los bienes del expresidente Jair Bolsonaro por los actos de violencia golpista del pasado domingo, en donde sus seguidores intentaron asaltar los edificios de los tres poderes del Estado.

El pedido también alcanza a otros dos funcionarios, el secretario de seguridad de Brasilia, Anderson Torres y al gobernador de ese distrito, Ibaneis Rocha, que fue separado de su cargo por 90 días por el Tribunal Supremo.

Ahora, es el TCU el que tiene que definir si hace lugar al pedido del fiscal Rocha.

Según el fiscal, la idea de la solicitud es garantizarse los recursos en caso de que estos funcionarios sean encontrados responsables de la acción golpista.

Es importante porque es la primera acción judicial que involucra a Bolsonaro por los hechos del pasado domingo. Sin embargo, se trata por ahora de procedimientos en el fuero civil, y no todavía en el penal.

Distinta es la situación de Torres, quien ya tiene un pedido de detención por parte del juez Alexandre de Moraes. Asimismo, Rocha también se encuentra investigado.

Torres, de hecho, se encontraba con el propio Bolsonaro en EE.UU. cuando sucedieron los hechos. El exministro del presidente derechista anunció que retornará a Brasil para comparecer frente a la justicia, mientras que Bolsonaro fue internado horas después de los hechos.

Torres, que es el principal apuntado por la investigación, es una persona de la extrema confianza de Bolsonaro, ya que fue su ministro de Justicia y Seguridad durante los dos últimos años de su gobierno, en reemplazo de Sergio Moro, el juez que había encarcelado a Lula da Silva.

«Si el tribunal detecta la participación directa o indirecta de agentes públicos en actos nocivos, se los puede condenar al pago de una multa e incluso a la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de hasta 8 años», según detalla Télam.

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