Por Martin Camacho

Una ola de protestas tomó las calles de Bolivia después de las elecciones del día 20 de octubre, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) concedió el cuarto mandato al presidente Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), por 47,08% frente a los 36,51% de Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC).  De acuerdo con la legislación electoral boliviana, para ser electo en primera vuelta es necesario tener más del 40% de los votos y una diferencia de por lo menos un 10% con el segundo candidato. El recuento de votos presentaba un 10,57% de diferencia entre Mesa y Evo.

Horas antes de estos resultados presentados por el TSE se abrió una enorme crisis política en el país debido que al llegar al 80% de votos escrutados el recuento electoral se paró por varias horas. Con aquellos datos parciales parecía que se iba a segunda vuelta. Pero el recuento provisorio final parece darle un triunfo electoral agónico a Morales y Linera, triunfo que hasta el momento no tenemos elementos para desconocer.

Esa victoria tan apretada demuestra la desconfianza y el descontento con el gobierno del MAS, que está al frente de la presidencia hace 13 años. En tanto, el país andino está dividido desde febrero de 2016, cuando la población boliviana decidió por medio de un plebiscito que Morales no pueda presentarse nuevamente a las elecciones presidenciales. El “no” venció por un 51,30% contra 48,70% del “si”, evidenciando que el electorado quería un cambio en el palacio de gobierno. Al año siguiente, el Tribunal Constitucional determinó que el límite de dos mandatos era “una violación a los derechos humanos” y dio luz verde a la dupla Evo/ Álvaro García Linera para retomar nuevamente las campañas políticas.

Desestimando el resultado del plebiscito de 2016, el Movimiento Al Socialismo despreció las pautas democráticas y abrió el espacio para que se fortalezca la derecha con esas banderas. El gobierno de Morales y Linera no realizó reformas estructurales en educación, la salud yen el empleo, perdiendo buena parte de su electorado en las ciudades. Nunca avanzó en cuestionamientos al capitalismo.

Carlos Mesa, ex-presidente y defensor del neoliberalismo, es hoy el principal “comandante” de las revueltas, de los paros cívicos y de la violencia de los sectores más reaccionarios del país, entre ellos las clases medias del oriente boliviano.“O la prisión o la presidencia del país. No me rendiré”,gritó el opositor de Morales en una manifestación que reunió a millares de simpatizantes en La Paz.

Al utilizar el argumento de elecciones fraudulentas, el ex-presidente canalizó todos los sentimientos contrarios al masismo y despertóreacciones discriminatorias hacia los pueblos originarios que defienden al primer presidente indígena del país. Bolivia está viviendo enfrentamientos que pueden agravar la situación de inestabilidad y de polarización social. Está claro que se presenta una dicotomía entre los sectores más privilegiados de la clase media blanca urbana inclinada hacia Mesa y el sector trabajador, originario y campesino que sigue al gobierno del MAS.

Repudiamos los elementos de “guerra civil” manipulados por Mesa, que se aprovecha del descontento popular para confundir a la población y expulsar de forma antidemocrática al gobierno. Podríamos hacer así frente a un escenario con puntos de contacto con la farsa de Juan Guaidó al proclamarse presidente de Venezuela en enero de 2019.

De todas maneras, no le damos un gramo de apoyo al gobierno masista y lo hacemos responsable del descontento de amplios sectores populares que caen en manos de la derecha por su responsabilidad, por haberles entregado banderas democráticas, entre otras, al haberse negado a respetar el referéndum que el mismo oficialismo convocó.

Tampoco apoyamos la invitación a la Organización de Estados Americanos (OEA), una organización enfeudada en los Estados Unidos, para que realice una auditoria electoral. Llamamos a no confiar en dicha organización, a reconocer críticamente el triunfo de Evo Morales y defendemos la salida de una asamblea constituyente soberana y una salida independiente de los trabajadores, pueblos originarios, campesinos, de las mujeres y la juventud, para que sean ellos los que en definitiva decidan el futuro del país.