Bolivia: Sigue adelante la maniobra golpista para proscribir al MAS

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  • Avanza la maniobra antidemocrática. El gobierno y los jueces golpistas buscan evitar que la candidatura de Arce, del MAS, corra en las próximas elecciones convocadas para el próximo 18 de octubre.

Según trascendió en los medios bolivianos: «El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) contra la sanción a partidos y organizaciones políticas por difundir resultados de encuestas fuera de plazo, pero admitió el recurso presentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre el mismo tema.»

Es decir que la justicia avanza con el intento de proscribir al partido que fue desalojado del poder por un golpe de estado, a poco de las elecciones, cuando ya todo está encaminado, las boletas impresas, las campañas lanzadas, lo que redundaría muy probablemente en la anulación de las elecciones.

La excusa formal para esta maniobra reaccionaria sería que en julio, el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, durante una entrevista televisiva, habría comentado una “encuesta interna” de su frente político.

«Según el auto constitucional firmado por el magistrado presidente Miguel Hurtado y los magistrados Carlos Calderón y Petronilo Flores, la comisión de admisión del TCP negó la solicitud del delegado del MAS, Wilfredo Chávez, de promover una acción de inconstitucionalidad en contra del parágrafo III del artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral que sanciona a los partidos políticos con la cancelación de su personería jurídica por difundir resultados de encuestas fuera de plazos.» (La Razón)

Todas las encuestas, sin excepción, le dan a la lista de Arce un amplio triunfo en la primera vuelta (que podría no estar asegurado en el caso en que hubiera ballotage). Incluso las fuentes más benévolas con el candidato de la derecha, Mesa, lo ponen a éste en un 10% por debajo del candidato del partido de Evo Morales. Así, las elecciones se han convertido en un juego peligroso para los golpistas, que dejándolas correr podrían poner en riesgo todo lo ganado desde los fines del año pasado en que derrocaron y forzaron al exilio a Evo Morales y buena parte de la militancia y los representantes del MAS.

La primera señal de preocupación evidente fue cuando Jeanine Añez se bajó de su candidatura en favor de Carlos Mesa, tratando de asegurarle el triunfo. Sin embargo, esta decisión no movió el piso de nadie y las perspectivas electorales se sostuvieron donde estaban. Debió ser desagradable para Añez, que evidentemente creyó que convertirse en presidenta de un régimen de facto sin un solo voto la convertía en una figura digna de popularidad y muchos votos. No encontramos otra explicación para su insólita candidatura, que sólo se sostuvo mientras no hubiera elecciones y cayó por su propio peso cuando se acercaban. Pasará a la historia como la candidata presidencial que sólo fue tal mientras nadie votara; además por supuesto de ser la presidenta sin votos (la falta de votos, el único hilo de continuidad en el año clave de su carrera política).

En este escenario, en el que todos los golpistas apuestan todo su porvenir en el triunfo de Carlos Mesa, intentan avanzar en la proscripción del partido mayoritario por vías judiciales. Es el mismo método que dejó afuera en su momento a Lula y le abrió el camino a Bolsonaro. En Bolivia, de todas formas, esta política está cobrando formas más brutales y menos «republicanas».

La denuncia fue presentada primero por el partido del fascistoide Camacho (Juntos), uno de los líderes de los llamados «Comités Cívicos» que fueron base de las movilizaciones reaccionarias y racistas que tumbaron al gobierno de Morales el año pasado. Camacho en particular fue uno de los golpistas más descarados y virulentos: fue él quien ingresó al palacio presidencial con custodia policial y puso la Biblia como símbolo de su triunfo. El pasado sábado, se supo que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz dio lugar a la denuncia, con la que presionaría al Tribunal Supremo Electoral para que anule la candidatura de Arce y la sigla del MAS. El resultado sería una elección impulsada por un gobierno golpista, impuesto por la fuerza para «defender la democracia», en la que se decidiría quien tiene que gobernar según la soberana decisión popular dejando afuera al partido mayoritario.

La denuncia gira en torno a una supuesta transgresión de la Ley 026 de Régimen Electoral, particularmente de su artículo 136, parágrafo 3, que dispone: “las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”. Arce estaría siendo acusado de no cumplir con esta imposición legal por haber difundido los resultados de una encuesta el pasado junio en una entrevista radial.

Si no permitir que la mayoría de las masas bolivianas puedan votar al candidato por el que se inclinan porque dijo algo en una radio suena cuanto menos exagerado es porque los argumentos legales son lo de menos. La misma Sala del mismo Tribunal es la que prohibió la candidatura de Evo Morales y otros referentes del MAS con argumentos varios. Además, candidatos de la derecha han difundido resultados de encuestas sin que nadie interponga ninguna medida legal. De lo que se trata es precisamente de cercenar los derechos políticos de quienes vieron como propio al gobierno del MAS.

El gobierno de Evo Morales fue en muchos sentidos una “transacción” entre las organizaciones de masas surgidas de la lucha y el estado boliviano. Sin tocar las bases sociales del capitalismo boliviano, Evo trató de institucionalizar y domesticar esos organismos de lucha. Se trató para la clase capitalista de una concesión necesaria frente a los peligros que implicaban las movilizaciones radicalizadas que echaron a los gobiernos anteriores. El golpe de estado y su gobierno fue la voluntad organizada de la burguesía de acabar con esa “transacción” y volver a gobernar sin ningún condicionamiento obrero, indígena y popular. Quieren el regreso de la vieja situación, en la que “los indios” estaban sometidos a un estado racista y oligárquico para el que trabajaban sin chistar ni pedir nada a cambio. Para consolidar esta nueva realidad, las elecciones deben ser mutiladas.

Sin embargo, el camino de las proscripción es incierto y peligroso para los golpistas. Con la perspectiva de volver a triunfar electoralmente es que Morales logró calmar la movilización popular que exigía el derrocamiento de los golpistas en noviembre pasado. Su capitulación, que se esforzó en volver a estar en buenos términos con parte de la burguesía, entregó a las masas movilizadas que pusieron sus cuerpos y sus muertos en las movilizaciones antigolpistas.

El juego de la proscripción podría volver a poner en la calle a la fuerza social que tumbó a los gobiernos «neoliberales» de Sánchez de Losada y el propio Carlos Mesa, podría dejar sin margen de acuerdo y capitulación al MAS, podría poner en cuestionamiento algo más que una elección y régimen golpista evidentemente no consolidado. Ya el año pasado el pueblo de El Alto echó de su zona a todo el estado, haciéndose dueño de la situación, los campesinos comenzaron a rodear las ciudades, amplios sectores del movimiento obrero amenazaron con ponerse en movimiento.

Los jueces sostienen indecisamente la caja de Pandora en sus manos, se miran entre sí con aprehensión, piensan y dudan, acarician con los dedos los bordes de la tapa.

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