• La golpista y presidenta de facto de Bolivia contrajo la enfermedad en medio de un fuerte crecimiento de los casos y desborde del sistema de salud. Ya son más de 40 mil los casos confirmados y casi 1600 muertes.

Por Redacción 

En relación a su población y por la cantidad de muertes por infectados, Bolivia es uno de los países más golpeados por la pandemia en todo el mundo. Las principales ciudades ya ven todos los días desbordes de sus sistemas de salud y en lugares como Cochabamba directamente se registran casos de personas muriendo desamparadas en la calle.

Los profesionales de la salud advierten que se encuentran sin recursos y se están viendo obligados a limitar sus atenciones, abandonando a la gente a su suerte. Incluso en ciudades como Santa Cruz y Cochabamba se han comenzado a cavar fosas comunes para los muertos, dado el desborde de los cementerios.

El gobierno de facto ha tenido una gestión de la pandemia impúdicamente corrupta y oscurantista.

En marzo, luego de sufrir su primer muerte por coronavirus, cobró relevancia mediática un proyecto municipal presentado en Cochabamba por los concejales Edwin Jimenez y Rocío Molina de declaración de emergencia sanitaria y que incluye como disposición final una polémica prédica religiosa. Según consignaron medios locales, se trataba de un proyecto impulsado desde la alcaldía de José María Leyes, alineado con la presidente golpista Jeanine Añez, en el que se relativiza los alcances de la ciencia y se recurre a la “oración” y el “ayuno” para enfrentar la pandemia.

El miércoles 20 de mayo el ministro de Salud de Bolivia, Marcelo Navajas, fue destituido y detenido, en medio de un escándalo por sobreprecios en la compra de respiradores artificiales que no sirven. Hay, al menos, dos funcionarios más detenidos.

El 14 de mayo pasado, Añez anunció con mucha fanfarria la compra de 170 respiradores a GPA Innova, una empresa española. Cada equipo costaría unos 27.000 dólares (elevándose a un total de 4,7 millones), irían a los hospitales del este del país (que ya empiezan a sufrir colapsos) y servirían para reforzar las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Todo esto se realizaría a través de un préstamo que otorgaría el Banco Interamericano de Desarrollo.

Pero inmediatamente empezaron las revelaciones: pocas horas después del anuncio, un grupo de médicos salió a decir que estos respiradores no eran para UCIs, sino que eran de emergencia, para uso en ambulancias y traslados críticos. El gobierno rápidamente salió a intentar enfriar el asunto, reconociendo que no era aptos para terapia intensiva pero que aún así salvarían muchas vidas. Del mismo modo, la empresa española ratificó el cuestionamiento de los médicos.

Pero días después se publicó otra noticia, más controvertida. En los diarios de Bolivia se difundió que el precio real de estos respiradores oscilaba entre 8.000 y 10.000 dólares, algo que luego terminó confirmando GPA Innova, aduciendo que se los vendió a otra empresa que actuó de intermediadora (IME Consulting) a 8.000 dólares cada uno, a los que debemos sumarles aproximadamente otros 1.000 por accesorios (U$s 9.000-10.000 en total c/u). Inmediatamente empezaron a patearse la pelota, saliendo a la luz nombres de más intermediarios, funcionarios bolivianos, del BID y representantes españoles, por lo que la compra resultó un escándalo a nivel nacional, que terminó con la renuncia-destitución del ministro de Salud, Marcelo Navajas, a poco más de un mes de asumir en el cargo. Unos días después terminó preso junto a otros funcionarios.

El gobierno también aprovechó la pandemia para avanzar en concesiones a los grandes capitalistas del agro. También en mayo, Añez habilitó el uso de transgénicos en el campo, prohibida por la Constitución del Estado Plurinacional.

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