Bolivia: judicializan a Añez por un acuerdo con el FMI

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  • Esta causa se suma a las otras tantas que tiene abiertas en la justicia boliviana, la principal de ellas por el golpe de Estado contra Evo Morales en octubre de 2019. La ex presidenta golpista continúa detenida mientras se acumulan los cargos contra su gobierno.

Flor Ef

La ex presidenta de facto Jeanine Añez se negó a declarar la semana pasada en una audiencia convocada por la justicia boliviana en una causa que se la acusa de someter al país a un acuerdo con el FMI de manera “irregular” y “onerosa”. Su situación frente a la Justicia se complica cada vez más, mientras continúa bajo prisión preventiva.

Durante los primeros meses del 2021 se dio a conocer por parte del gobierno de Luis Arce en Bolivia el pago de una suma total de 351,5 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional en concepto de “devolución” de una deuda contraída con el organismo de crédito durante 2020 por el gobierno de facto de Jeanine Añez.

En un comunicado oficial, desde el gobierno denunciaron este trato con el FMI como “irregular y oneroso” y la causa de su investigación se suma a las que ya tienen a Añez y sus ministros en el banquillo de los acusados. Otra prueba de los intereses de sometimiento al imperialismo por parte de los golpistas en Bolivia y las maniobras del Fondo para extender su influencia en América Latina durante la pandemia.

«El BCB como agente financiero del gobierno, en defensa de la soberanía económica del país y luego de realizar las gestiones administrativas necesarias ante el acreedor, efectuó el pago total de 351,5 millones de dólares estadounidenses.»

Así el Banco Central de Bolivia (BCB) anunciaba en febrero de este año la devolución íntegra de un préstamo solicitado al FMI por el gobierno de facto de Jeanine Añez. Denunciaron además las irregularidades con las que la deuda fue contraída, así como los claros lineamientos de fuerte intervención en política fiscal, cambiaria y monetaria que el programa -de unos pocos millones para los estándares del Fondo- traía consigo.

El acuerdo en cuestión fue uno de los llamados “Instrumentos de Financiamiento Rápido” o IFR y representaba un préstamo de 346,7 millones de dólares, que significó durante este año un costo financiero extra de 24,3 millones de dólares: 19,6 millones en variación cambiaria y 4,7 millones de interés.

Pero… ¿Cómo llegó a concretarse este acuerdo en primer lugar? En abril de 2020 el gobierno de Añez comenzó los negociados con el Fondo, a la vez que enviaba un proyecto al Parlamento para realizar la aprobación de este endeudamiento de manera “democrática”. Pero el mismo fue rechazado con el argumento de “falta de detalles”.

Sin embargo, tal como sería de esperar del gobierno de facto, el acuerdo fue cerrado de todas maneras. Es sabido que la principal tarea que los golpistas buscaban cumplir en Bolivia era el someter al país latinoamericano a las garras del imperialismo de manera directa, y tanto el endeudamiento como la negociación con el FMI son claramente las vías económicas más comunes que los reaccionarios del mundo toman para lograrlo.

El FMI en Latinoamérica y la crisis de la pandemia

Un dato importante es que Bolivia se encontraba fuera de la esfera del Fondo Monetario Internacional desde 2007, luego de permanecer anclado al mismo por más de dos décadas.

La expansión de las políticas neoliberales de austeridad y privatización se dio en el mundo vía los planes del FMI y el Banco Mundial, pero también fueron los movimientos de masas, que se levantaron contra estos tras años de miseria, los que sentaron relaciones de fuerza para echarlos y que no puedan volver a intervenir en la región durante las primeras décadas del siglo XXI (aún a pesar de que los gobiernos reformistas hayan respetado el juego burgués pagando hasta el último centavo de sus deudas).

Pero durante los últimos años se vienen gestando en la región nuevos acuerdos con el Fondo, que se presenta “renovado” y con una faceta “humanitaria”. Tanto así que durante 2020, ante la pandemia del Covid-19 y las múltiples crisis económicas que terminaron de explotar a partir de los parates en la economía mundial, el ave de rapiña imperialista salió de gira por todos los países periféricos del mundo a llevar “ayuda” en forma de acuerdos fugaces que pudieran permitirles “sobrellevar” los desastres económicos del año pandémico. Estos acuerdos fueron en su mayoría del tipo “Instrumento de Financiamiento Rápido”, que permite acceso a crédito flexible y a plazos de pago de 3 a 5 años, todo coronado por una supervisión macroeconómica personalizada por el FMI para las necesidades de cada gobierno antipopular.

Tras estos créditos con máscara humanitaria corrieron todos los gobiernos más reaccionarios de Latinoamérica: entraron en un IFR Costa Rica, Guatemala, Paraguay y, entre otros, el gobierno de facto en Bolivia. La excusa de la pandemia sirvió para estos como una oportunidad de renovar el sometimiento al imperialismo en la región. Aunque tiene otro tipo de acuerdo y es previo a la pandemia, recordemos que Argentina también está en tratativas de renegociar el acuerdo con el FMI que impulsó el gobierno de Mauricio Macri.

Los golpistas tienen que estar presos

Jeanine Añez se encuentra detenida desde el pasado 13 de marzo, junto a dos de sus ex-ministros, por la investigación relacionada al Golpe de Estado. En los últimos días fue citada a declarar por esta y otras causas. La investigación de la negociación con el FMI había sido anunciada por el BCB y la Cámara de Senadores en febrero tras el fin del acuerdo.

Las razones sobran y, con este caso, vemos que se siguen sumando. Es claro que Añez, todos los ex-ministros, la cúpula militar y los grupos fascistoides que agitaron el golpe deben estar presos. Sin conciliaciones ni buenos tratos: es lo mínimo que se debe hacer para tratar de estar a la altura del pueblo boliviano que se plantó resistiendo al golpe, a los masacrados en Senkata y Sacaba y a quienes presionaron en las calles para la realización de elecciones democráticas.

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