Por Redacción

Antonio Murillo, ministro del interior del gobierno golpista en Bolivia, declaró que debido a que la población de Chaparé, del trópico de Cochabamba, no permite el ingreso a la policía no habrá elecciones en esa región.

La federación de las seis juntas vecinales del trópico planteó que no dejan ingresar a la policía debida al constante hostigamiento y violación de los derechos humanos que las fuerzas de seguridad llevaron adelante luego que se instalara la dictadura de Jeanine Añez. “Después de todo lo que hicieron solo deberían entrar de rodillas” afirma la dirigente indígena Leonilda Zurita . Entre las muchas represiones brutales que ha sufrido los trabajadores cocaleros del Trópico es conocida la masacre de Sacaba, donde murieron seis personas luego que las fuerzas de seguridad dispararan con balas de plomo tras bloquear una movilización que se dirigía de Cochabamba a La Paz.

En respuesta, Gualberto Arispe, secretario de comunicación del MAS, declaró que garantizará el ingreso de la policía a la zona, tras negociar con las juntas vecinales y las organizaciones cocaleras. El partido de Evo Morales cumple ahora y aquí también un rol de capitulación, ayudando a que las fuerzas represivas del estado capitalista retomen el control de las zonas en rebeldía. Los avances del gobierno represor de Añez sobre la autoorganización  y autodefensa del pueblo indígena, obrero y campesino boliviano son permitidos por las continuas capitulaciones del MAS.

Mientras tanto, en Washington, el Secretario General de la OEA Almagro recibió al proto fascista Camacho , uno de los responsables del golpe, el mismo que tomó por la fuerza la casa de gobierno con ayuda policial, bajó la whipala y colocó una Biblia en su lugar. El funcionario de la OEA rescató “su compromiso con la democracia“ al él, que es conocido por su racismo y las golpizas de sus grupos fascistoides a indígenas.

La amenaza de no permitir las elecciones en una zona de clara oposición al golpe pone en evidencia que su fachada “democrática” es el disfraz que usa la fuerza bruta del estado contra las amplias mayorías populares.